El amotinamiento de las fuerzas estatales de represión (Gendarmería, Prefectura, Armada, etc.) es, con ciertos límites transitorios, una crisis del Estado.
No estamos ante un soviet de soldados, pero los reclamos salariales de la tropa han dejado al desnudo un enorme agravio de la tropa y una lucha interna de las camarillas de los mandos y el gobierno. El amotinamiento no ha cambiado la naturaleza represiva de las fuerzas en cuestión, pero ha quedado claro que no pueden funcionar como lo venían haciendo; y han hecho ver reivindicaciones que entran en contradicción con la naturaleza y la función de una fuerza que ocupa el centro de la represión de los trabajadores y movimientos sociales que desarrollan reivindicaciones similares o afines. Se filtra, de este modo, sobre un sector ultrasensible del aparato estatal, la presión que ejerce la bancarrota capitalista, en primer lugar sobre la capacidad fiscal de los gobiernos pero también a través de un personal que desarrolla labores, debido a esa misma crisis fiscal, fuera del ámbito de las fuerzas represiva (‘changas’). La frecuencia de estos casos lleva a suponer que entre los amotinados podría haber personal con experiencias en el movimiento sindical. Numerosos voceros de los amotinados revelaron su condición paralela de docentes, técnicos y, en algunos casos, obreros de la construcción.
La sindicalización
El planteo de la sindicalización ha sido tomado, de un modo diferenciado, por los mandos superiores y sus asesores y, por otro lado, por sectores de la tropa. En un marco inflacionario galopante, es natural que las cúpulas recojan la necesidad de una representación que gestione el tema de los salarios -incluso porque el índice oficial es mentiroso- porque un fallo de la Corte ha cuestionado el sistema de adicionales y porque el Presupuesto nacional no establece una previsión de aumentos salariales para los empleados del Estado.
La consideración de estas necesidades no modifica la naturaleza ni la función de estos aparatos -al contrario, procura consolidarlas frente al desafío que representa el derrumbe fiscal para la estabilidad de los aparatos de seguridad-, pero es claro que alimenta la crisis de conjunto, entre otras cosas porque pone en entredicho el ‘ajuste’ desde los sectores encargados, en última instancia, de imponerlo contra los trabajadores. No es casual que en las manifestaciones que se registran en Grecia o España aparezcan policías y bomberos que se identifican con los reclamos populares.
Estos planteamientos, como correspondía esperar, han desatado una polémica, en primer lugar entre los distintos estratos del aparato represivo, que tienen un objetivo de contención. En algún caso aislado ha incluido, entre los voceros ocasionales de la tropa, el planteo de que las fuerzas en cuestión se despojaran de su condición represiva social y política. Es un planteo incompatible con el Estado capitalista, o sea que solamente podría realizarse en la práctica bajo otro Estado. Pero precisamente por esto, el planteo expone lo que sería el último estadio de la crisis, que ya no se limitaría a las fuerzas represivas sino que afectaría al conjunto de las relaciones sociales existentes. Uno de los voceros sancionados, según la prensa un ex sacerdote, desarrolló en una entrevista televisiva la necesidad de que la Gendarmería dejara de estar encuadrada en el Código Militar y la elaboración de un estatuto nuevo para esa fuerza.
Transición política
La polémica que se ha desatado es objetiva, o sea que no puede ser ignorada. No se puede esperar, para tomar posición, a la llegada de los ‘momentos decisivos’, cuando todos los problemas de la transición política hacia ellos han dejado de existir, precisamente porque arribaron a su plena madurez y a su desenlace. El arte de la política socialista (y, más exactamente, de la estrategia) consiste, de nuevo precisamente, en agotar la experiencia con todas las fases de la transición política, del estado de cosas actual a la victoria de la clase obrera, por medio de una actividad concreta, para conquistar en ese desenlace una posición dirigente.
Conquistar una posición organizativa dentro de las fuerzas que se encargan en forma directa de la represión estatal, sobre la base de una posición clasista, es tan legítimo y necesario como lograrlo en una institución parlamentaria o judicial del mismo Estado. No hay que olvidar tampoco que una fuerza represiva ejecuta las leyes que vota el Congreso y los fallos que dicta la Justicia. Tampoco hay que olvidar las contradicciones del régimen constitucional, que derivan de la pretensión de igualar, en el derecho, la desigualdad que caracteriza al régimen social que ese derecho preserva. El amotinamiento de la Gendarmería y la Prefectura, como antes ocurrió con policías de provincia, desnuda la desigualdad social que impera en las fuerzas represivas, entre jerarcas y tropas, y desnuda también que esa desigualdad es absolutamente necesaria para establecer la relación de obediencia entre mando y tropa, que caracteriza a las fuerzas represivas.
Parafraseando una frase famosa: ninguna crisis política nos es ajena (a los socialistas).
Norberto E. Calducci