Cada vez más sectores son conscientes de que no basta con sancionar a las empresas del oligopolio –encabezado por Endesa, Iberdrola y Naturgy, tres de las 35 empresas del IBEX 35– que controla el mercado eléctrico español y de que ni siquiera bastaría con acabar con la corrupción legal de las puertas giratorias que a tantos políticos del PSOE y del PP ha sentado en los consejos de administración de esas empresas. Y es falso que lo de que la privatización y liberalización del sector eléctrico –un sector estratégico– iniciada por el Gobierno de Felipe González (PSOE), culminada por el de José María Aznar (PP) y jaleada entonces por presuntos expertos en los principales medios de comunicación bajaría la factura. No sólo no la ha bajado, sino que la ha desorbitado, hasta el punto de que el precio del MWh (megavatio-hora) ha batido récords históricos.
“Así se explica –advierte Javier Leaola, en LUH Noticias.es– lo desorbitado de la factura de la luz y los estratosféricos beneficios del oligopolio eléctrico, a pesar de que ‘toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general’, según establece el artículo 128 de la Constitución vigente. El 70% de Endesa es propiedad de la eléctrica italiana Enel, cuyo principal accionista es el Estado italiano. Los principales accionistas de Iberdrola son el Estado de Catar, el fondo de inversión estadounidense BlackRock, el Banco de Noruega y el banco Kutxabank. Los principales accionistas de Naturgy son la empresa que gestiona el patrimonio de la Fundación ‘la Caixa’ –principal accionista del banco CaixaBank–, una instrumental participada por el fondo de inversión estadounidense CVC y por la familia March –propietaria de la Banca March– y el fondo de inversión estadounidense GIP”.
Por todo ello, Unidas Podemos –la parte minoritaria del actual Gobierno de coalición–registraba el jueves en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía que, por otra parte, no constituiría ninguna excepción en el mundo; es más, en los Estados del entorno es la regla. Y Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, destacó que, en Francia, EDF (Électricité de France), “la primera eléctrica del país, la primera eléctrica de Europa y la tercera eléctrica mundial”, era propiedad del Estado francés “en un 84%”; que las eléctricas Verbund, en Austria, o Vattenfall, en Suecia, también eran “mayoritariamente públicas”, comoTennessee Valley Authority, “la sexta mayor proveedora de energía de Estados Unidos” o que, en Irlanda, “la empresa estatal ESB (Electricity Supply Board) provee al 37% del mercado irlandés”. “De hecho, 33 de las 51 eléctricas más grandes del mundo son de control estatal”, apuntó Echenique y que en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) la participación de los Estados en el accionariado de las eléctricas era del 40% de media, mientras que en España –que “tiene el segundo mercado eléctrico más privatizado de la OCDE”, sólo por detrás de Portugal– era de un 5%.
“En España ya hubo una empresa pública: Endesa, que –antes de que los gobiernos de Felipe González y José María Aznar la privatizaran– era propiedad del Estado español en un 95%. Desde el año 2009, el Estado español no tiene nada, el 0% del accionariado de Endesa. Y solamente en 2020 Endesa repartió casi 1.400 millones de euros en dividendos. Esto, si Endesa siguiera siendo pública –como lo era antes de 2009–, habrían sido ingresos del Estado que se habrían podido destinar a la sanidad, a la educación o a la ley de dependencia”, añadió Echenique. En la misma rueda de prensa, el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, explicó las líneas básicas de la proposición de ley y de la empresa pública de energía, una propuesta que “tiene que ver con la actual crisis de los precios” pero que “también es de fondo y estructural”, es decir que “trasciende el momento actual”.
La factura de la luz sigue desorbitada, el oligopolio eléctrico sigue embolsándose beneficios estratosféricos y el PSOE –que al menos por el momento rechaza las medidas que Unidas Podemos le ha propuesto para bajar la factura de la luz de forma inmediata: fijar los precios del MWh producido a través de las energías nuclear e hidráulica– sigue pidiendo “empatía” a Endesa, Iberdrola y Naturgy. “Nosotros entendemos que hay que actuar y que no hacer nada no es una opción”, advirtió este jueves Uralde.