“Habrá que estudiar esa orden de Interpol, pero con los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares a los que ahora a través de la prensa tenemos conocimiento, la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega“. No tenía la menor duda, señor Rafael Catalá, ministro de (in)Justicia, de que ésa sería la respuesta del gobierno español a la petición de extradición de los veinte franquistas imputados por la justicia argentina en la causa contra los crímenes del régimen genocida al que España continúa protegiendo.
“Son delitos prescritos en España”, dice el ministro, recurriendo al manido discurso del gobierno heredero del franquismo al que representa, que basa toda la legitimidad de la afirmación en la Ley de Amnistía de 1977, con la que “se intentó superar una etapa trágica de nuestra historia, pero que está totalmente superada”. Poco importa que esa ley sea considerada ilegal por Naciones Unidas, ya que contraviene los más fundamentales derechos humanos, pues ninguna ley puede amparar crímenes de lesa humanidad como los cometidos por la sangrienta dictadura franquista.
A este gobierno le importa bien poco que en España haya decenas de miles de víctimas desaparecidas, enterradas en cunetas y fosas comunes. “Una etapa trágica de nuestra historia que está totalmente superada” dice el ministro. Como si hubiéramos sufrido un tsunami o un terremoto, un castigo divino contra el que nada se podía hacer, sin responsables, sin culpables, sin víctimas a las que recordar.
Todo queda en manos de la sociedad civil. Quien quiera recuperar los restos de sus familiares represaliados, que se busque la vida. Y eso es lo que hacen. Años de trabajo, de esfuerzo en común, de superar obstáculos por parte de las administraciones, de ayuntamientos donde el tufo franquista provoca arcadas, y que de vez en cuando da frutos. Como ocurrió hace unos días en los Montes de La Pedraja (Burgos), donde se recuperaron los restos de 135 olvidados por la historia oficial. Más de un centenar de familias que por fin despiertan de una pesadilla que ha durado casi ochenta años. La crónica publicada en el blog ‘Hablemos de historia’ es emocionante.
Ayer fue otro día negro no sólo para los derechos humanos, sino para los derechos de todo ser vivo. Estaba cantado, al final no hubo sorpresas. El PP aprobó en el Senado la reforma a la Ley de Parques Nacionales que permite continuar llevando a cabo actividades que atentan contra la naturaleza en el ámbito de los espacios protegidos.
“Las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros. En estos casos, los plazos anteriores se entenderán prorrogados hasta la celebración de dichos acuerdos o la aplicación de cualquier otro procedimiento para el rescate de los correspondientes derechos”. Éste es el texto de la enmienda 278, cuya retirada estuvieron negociando hasta el último momento los grupos de la oposición y diversas organizaciones ecologistas. El enrevesado escrito viene a decir que en los Parques Nacionales donde haya propietarios privados, éstos podrán continuar haciendo lo que les salga de las narices, como cazar, cortar árboles o incluso actividades mineras, mientras la administración competente no promueva un acuerdo que el propietario podrá rechazar, puesto que será voluntario. La administración podrá “rescatar” los terrenos mediante otros procedimientos, pero, espera, que me da la risa.
Ya lo escribía el otro día: todo sigue siendo como lo reflejaba Berlanga en ‘La escopeta nacional’. En serio, pensar en una España gobernada cuatro años más por el PPSOE me provoca escalofríos.