Ante la huelga general propiciada por el recorte más brutal de los derechos sociales producido desde aquel 20 de noviembre de 1975 en que el dictador de escasa estatura decidió trasladar su reinado allende la frontera de los cielos, aquí todo el mundo la comprende, incluso algunos la ven hasta conveniente, aunque pocos la apoyan en público y ninguno se atreve a condenarla. En casi cuatro décadas de democracia, y con unas cuantas huelgas generales ya a cuestas, jamás se había visto en este país tamaña sarta de ambigüedades, hipocresías, discursos grandilocuentes con la boca pequeña y contradicciones como las que se están viendo en estos días.
Esto no hace sino poner de manifiesto la general desorientación de los partidos políticos y buena parte de los agentes sociales ante la fatalidad de la crisis que nos embarga, su falta absoluta de ideas e iniciativas para afrontarla sin que se descomponga o se despedace el tejido social de este país. Y lo que es peor, la siembra a destajo entre la ciudadanía de un despegue de la política que al final acabará pagando ella misma en sus propias carnes. En escenarios así es donde fermenta mejor que en ningún otro ese espíritu totalitario y excluyente del que fue buque insignia el dictador de cuyo yugo nos libramos aquel celebrado 20 de noviembre.
Los socialistas, los patrones “de izquierdas” firmes impulsores de la reforma, “comprenden” la protesta pero no la comparten. Aún así, siendo la fuerza en el poder y el centro de la diana de la movilización, su discurso no es beligerante con los sindicatos, como tampoco lo son sus decisiones en todo lo referente al desarrollo de la huelga en temas como servicios mínimos y demás. Por bastante menos se hubiese evitado una huelga como la del Metro de Madrid. Tampoco es como para que los sindicatos se estrellen sin un cojín que amortigüe el golpe.
Baste como ejemplo decir que en Tussam, cuando se convocó la huelga de la pasada Feria de Abril, la empresa exigía unos servicios mínimos que superaban con creces el 50% de la flota de un día normal, mientras que ahora Arizaga reza porque le impongan los servicios más mínimos posibles, si fuesen inexistentes mejor que mejor. O el caso del personal del Ayuntamiento de Sevilla, que ha decretado unos exiguos servicios mínimos del 8%, con tal de no decir públicamente que no vaya a nadie a trabajar ese día, no vaya a ser que se nos cabreen demasiado los sindicatos y después no se pueda dar el deseado beso de la reconciliación. Es como si el PSOE hubiese decidido hacerse la huelga a sí mismo.
Los populares, por el contrario, se deleitan en un estado de éxtasis que se manifiesta en un perpetuo frotarse las manos ante en un panorama como el que se avecina. Dicen que no es el momento más oportuno para una huelga general, pero tampoco la condenan abiertamente. Entre otras cosas, porque tienen todas las papeletas para salir vencedores sea cual sea el resultado final y, ya de paso, si nos cargamos a los sindicatos mejor que mejor. No me extrañaría nada cruzarme el día 29 con piquetes informativos vestidos de Armani y cargando bolsos de Luis Vouton.
Y para colmo de los colmos, ahora se ha sumado la Iglesia al espectáculo. Después de que algunas archidiócesis apoyaran en público la protesta y obligaran a los respectivos obispos a salir a la palestra a desmentirlo, ayer el Consejo Diocesano de Laicos, una especie de Consejo de Estado del arzobispado de Madrid, llamó a secundar el paro del próximo miércoles y a hacerlo visible con una prenda de color blanco. Es la exquisita manera que ha encontrado Rouco Varela para decir en público, sin decirlo, lo que en la intimidad desea con fervor.
A este paso, la madrugada del miércoles, los trabajadores que acudan a los tajos para secundar la huelga general se debatirán en el eterno dilema de vociferar enérgicamente su protesta o sumirse en una actitud levítica de ayuno y oración.