Nacida en Banjul, capital gambiana, casada y con dos hijos, el currículo de la fiscal es abultado. Ha sido abogada, acusadora del Tribunal Penal Internacional para Ruanda —creado en 1994 para juzgar el genocidio de la etnia tutsi por parte del Gobierno hutu— y secretaria de Estado de Justicia en su país. Allí ha ostentado además el cargo de Fiscal y de Abogado General del Estado. Después de estudiar Derecho en Nigeria y obtener su licencia para ejercer la abogacía, se convirtió en la primera mujer de Gambia especializada en legislación del Mar.
Desde 2004, era la segunda fiscal de la CPI y conoce a fondo la institución. En estos años, ha dejado clara su preocupación por los crímenes de género y la violencia sexual padecida por miles de mujeres y niñas en las guerras. Su primera declaración a punto de tomar posesión ahondó en esa lucha personal y legal: "Trabajaré con y por las víctimas de conflictos masivos y terribles sin consideraciones geográficas", dijo.
En su mesa se agolpan siete casos abiertos y otros siete en fase de estudio preliminar. La sentencia sobre el primero en cerrarse, relativo al reclutamiento de niños soldado, se espera en breve. El acusdo es Thomas Lubanga, exlíder de la Unión de Patriotas Congoleña, y la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. Si Lubanga "muestra arrepentimiento y trata de reparar el daño hecho a las comunidades de los niños afectados", el equipo de Bensouda estaría dispuesto a solicitar 20 años de reclusión.
En plenas celebraciones del décimo aniversario de la Corte, abierta en 2002 en La Haya, la jurista se prepara también para la apertura de otro sumario trascendente. Esta vez el acusado es Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil. Imputado por crímenes contra la humanidad tras las elecciones celebradas en su tierra en 2010, la fiscalía le atribuye asesinatos, violaciones y persecución de civiles. Ocurrió en la guerra civil desatada cuando el candidato rival, Alassane Ouattara, reclamó también la victoria. "Se habla de que ponemos mucho énfasis en África, pero la fiscalía no alienta los conflictos. Tiene la obligación de perseguir a los culpables y ayudar a los afectados", ha señalado.
Bensouda llega a la cima de su carrera internacional en un momento delicado para la CPI. Cuatro enviados especiales de la institución —entre ellos el jurista español Esteban Peralta— están retenidos en Libia. Se les recrimina por haber entregado información confidencial a Saif el Islam, hijo del fallecido dictador Gadafi, y acusado de crímenes contra la humanidad por la fiscalía de la Corte. El contencioso ha desencadenado una ofensiva diplomática con Trípoli para conseguir la liberación. "Operamos en un entorno político, pero nuestro deber es aplicar el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte. Nuestros únicos argumentos son legales", repite la nueva fiscal.
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Isabel Ferrer / Especial de El País, La Haya | Elespectador.com