La investigación comenzó cuando la policía detectó un anuncio manuscrito expuesto en la calle en el que podía leerse: “Quiero vender un riñón al que lo necesite”, y que estaba acompañado por un número de teléfono. En su declaración, la detenida manifestó no conocer que esta venta, por la que pedía 400.000 euros, fuera ilegal en España.
De acuerdo con el artículo 156 bis 1 del Código Penal, "los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal".
La policía ha incoado, además, un expediente de expulsión del país, contra la hermana de la detenida y supuesta donante, puesto que se encontraba en situación irregular en España.