Rafael Lara, portavoz de Derechos Humanos en Cádiz, asegura que «son varios los casos registrados, aunque no todos denuncian», con relación al previo pago para recibir asistencia médica en la capital gaditana. En este sentido, apunta el caso de un joven inmigrante regular «al que se le han embargado 170 euros de su cuenta bancaria por el impago reclamado por el hospital universitario Puerta del Mar, donde fue atendido en el servicio de urgencias ».
Apunta a que el SAS «ha reclamado dinero a inmigrantes a cambio de asistencia sanitaria». Es el caso de dos mujeres, que desistieron de ser atendidas después de ser informadas de que debían abonar 80 euros por la asistencia, según asegura Lara. Ante estos hechos, el delegado provincial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ángel Acuña, se ha puesto en contacto con la asociación para que le remita toda la información que obre en su poder con el fin de «aclarar los hechos». Desde la Delegación de Salud reiteran que «la asistencia en los centros del SAS es gratuita, sean los pacientes inmigrantes o no».
Sobre la denuncia realizada por Derechos Humanos, fuentes del SAS aluden a «un posible error burocrático o de información», pero «en ningún caso» la intención «es pedir dinero por la asistencia médica ». Añade que, «si los hechos que denuncia Derechos Humanos son ciertos, somos los primeros interesados en solucionarlo, ya que, de haberse producido, serían fruto de un error que, por supuesto, se subsanará». En este sentido, aclaran que, «a diferencia de otras comunidades, en Andalucía los inmigrantes no pagan la atención sanitaria, y no existe ninguna orden o directriz para que eso haya cambiado», por lo que la Junta es «la primera interesada en estudiar esos posibles casos para averiguar qué ha podido pasar y solucionarlo».
Por su parte, el diputado autonómico de IU Ignacio García anima tanto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía a «documentar » la supuesta facturación de servicios realizada por el hospital Puerta del Mar a inmigrantes, como al SAS a «investigar» este asunto para que «no sucedan barbaridades de este tipo». García considera que «en Andalucía no pueden darse situaciones de este tipo» y afirma que le «consta » que la política del Gobierno andaluz «pasa por ofrecer atención sanitaria a los inmigrantes».
Fuente: El Mundo