Por Sixta Rada
Psicóloga del Proyecto Protect en Colombia
Durante el año 2011 el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) registro 744 denuncias por explotación sexual de las cuales 618 son denuncias por prostitución infantil, 73 por pornografía infantil, y 53 por turismo sexual infantil, lo que representa un incremento de 175 denuncias con respecto al año 2010 que en todo el país fue de 569.
Desde Proyecto Protect consideramos que este aumento, si bien es positivo, sigue siendo un reto para las autoridades y las organizaciones que continúan luchando no solo por crear estrategias y mecanismos de prevención, sino también por educar a adultos y niños respecto a sus derechos, y por promover la denuncia para lograr llegar a los agresores.
Cada vez más organizaciones no gubernamentales en Colombia se preocupan por luchar contra la explotación sexual infantil, especialmente en el ámbito de la sensibilización, y se llevan a cabo campañas publicitarias y educativas para la población, que van dirigidas a los adolescentes, padres y profesores para que conozcan sus derechos.
Por otro lado, las organizaciones gubernamentales han empezado a darle mucho peso a este tipo de delitos, creando por ejemplo la policía especializada en delitos sexuales a menores.
En algunos casos, las redes familiares son claves para fortalecer el trabajo que se realiza con la víctima, porque entienden el problema y logran apoyarse entre sí para que no vuelva a existir una situación similar.
Trabajo con los docentes
El trabajo con los docentes es otro punto clave, con ellos se procura que entiendan la responsabilidad social que tienen con los niños y adolescentes, se les enseñan herramientas para la prevención de abusos y para que impartan conocimiento sobre la problemática a sus estudiantes.
Como línea de actuación en la ciudad de Cartagena, también se busca que denuncien los casos de abuso sexual y que acudan al Proyecto Protect para la asistencia de la víctima y el proceso judicial que ocasiona la denuncia.
Con respecto a los organismos gubernamentales, es importante resaltar que en la actualidad los aplicadores de justicia, los operadores judiciales, por mandato legal y constitucional le dan preponderancia o prevalencia a los asuntos sometidos a su conocimiento donde estén involucrados menores de edad, y cuando los encuentran responsables imponen penas ejemplarizantes, dirigiendo así un claro mensaje a la sociedad civil.
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Fotografía: Una de las sesiones de sensibilización de Proyecto Protect en una escuela de Cartagena de Indias (Global Humanitaria)