En tiempo récord la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma electoral enviado por el gobierno.
La reforma establece que los fiscales partidarios no podrán votar en la mesa en la que estén realizando sus tareas; lo mismo para las autoridades de mesa que no se encuentren inscriptas en el padrón donde ejercen sus funciones: deberán retirarse del lugar de votación. Esto deja una suerte de ‘zona liberada’ indeterminada durante el acto electoral. Puerta al fraude
Se ha destacado como lo más relevante de la reforma la habilitación de una tarjeta electoral para votar:”se le entregará al elector, dice el texto, una constancia de emisión de votos”, cuyo formato “será establecido en la reglamentación”, que podría ser un troquel o ticket de voto (actualmente. el presidente de mesa firma la constancia del voto en el DNI). Esta modalidad “es sospechosa de facilitar el fraude, ya que no expresa con claridad cómo se empleará y no establece reaseguros para explicar cómo evitar que una persona vaya y vuelva y vote varias veces” (Diputado Thomas, La Nación, 8/4). Las modificaciones entrarán en vigencia en las presidenciales 2015 y no pueden separarse del tema de la re-reelección.
El proyecto de ley dispone multas de 50 a 500 pesos, actualizables, y hasta la creación de un Registro Nacional de Infractores, para los que no vayan a votar. La obligatoriedad de votar es un atropello contra la libertad política.
No a la boleta única
La bancada oficialista se opuso tajantemente a la habilitación de la boleta única, que serviría para evitar el robo de boletas.
La excusa que da el oficialismo es que “La boleta única favorece la probabilidad de que ocurran gobiernos divididos, dada la mayor facilitad para realizar un voto cruzado entre distintos partidos en diferentes categorías”. Otro atropello a la libertad política. “En cambio, la boleta partidaria aplicada en elecciones concurrentes [‘sábana', CR] favorece el arrastre entre categorías y así, quien triunfa en el Ejecutivo suele ser también el partido más votado en el Legislativo” (Página/12, 9/8/11). Una excusa, porque el elector tiene derecho a cortar boleta. Defender el ‘arrastre’ implica favorecer el voto ciego y ocultar en las listas a elementos indeseables.
Sigue vigente la ‘reforma política’ que habilitó las internas obligatorias, despojando a los partidos del derecho de elegir sus candidatos de acuerdo con sus propios estatutos y mantiene el piso proscriptivo del 1,5% de los votos en elecciones primarias.
Christian Rath