Hoy ha sido un día de golpes: golpes a los mineros y manifestantes en Madrid -incluídos niños-, golpes de la especulación y, sobre todo, el gran golpe a lo público anunciado por el Gobierno con el que se ataca, sobre todo, a los desempleados, funcionarios y pensionistas y se asemeja a las medidas de recorte dictadas en países intervenidos como Grecia o Portugal mediante las que se pretende dar un hachazo que recorte 65.000 millones de euros en dos años.
Pero hay una medida que quizá sea la que pase más desapercibida y no por ello es menos importante que es la que anuncia un recorte del 30% de los cargos políticos en los ayuntamientos. Esta medida es, simple y llanamente, demagogia y populismo que se aprovecha de una desazón generalizada de los ciudadanos hacia los políticos profesionales. Quizá el discurso transversal en ocasiones de colectivos como Democracia Real Ya o el 15M que no siempre han concretado del todo sus denuncias aunque casi siempre sean acertadas a mi juicio, ha provocado que exista entre la sociedad un descontento generalizado y sin ningún tipo de cribado hacia los políticos como ente abstracto. Se fomentó durante mucho tiempo que el problema de España era el excesivo número de políticos, un problema cuantitativo, cuando en realidad en problema no es la cantidad, sino la calidad y se intentó, en una suerte de mesianismo, hacer creer a quienes buscaban una respuesta fácil a la situación actual de nuestro sistema que la culpa era de los políticos, en general, sin matices ni más argumentaciones.
Evidentemente en España hay ayuntamientos que son un sumidero de dinero público, que malgastan, que confunden sus prioridades y, en algunos casos, que incurren en delitos con dinero público. La corrupción es una lacra profusamente diseminada entre los dos grandes partidos políticos que se turnan en el Poder y quizá por ello no se ha intentado nunca de manera eficiente perseguir y erradicar la corrupción, como tampoco se ha hecho nada por acabar con los privilegios de la Iglesia o por una efectiva lucha contra el fraude fiscal.
El problema, como decía antes, no está en la cantidad de políticos, sino en la calidad de los mismos y, sobre todo, en la conciencia de lo público que tengan. El Partido Popular se envuelve ahora en la bandera de la austeridad, del gasto eficiente de los dineros y de recortar y exigir sacrificios a los ciudadanos para salir de esta crisis que no es sino consecuencia del festín de unos pocos a los que encima se les rescata con el dinero de todos. Mientras nos exigen sacrificios, que nos repaguemos la sanidad, que hacinemos a nuestros estudiantes en clases saturadas, que ataquemos a los sindicatos por no arrimar el hombro en la destrucción del estado del bienestar, mientras todo eso ocurre, ellos, los austeros, gastan los dineros que no tenemos en promocionar la tauromaquia, en Fórmula 1 o en desviar tales cantidades de millones de euros para salvarles el culo a los causantes de esta catástrofe en la que nos encontramos que ni sabría siquiera cuantificarlo en pesetas.
Pues parece que ahora se dan las circunstancias perfectas, un cierto malestar de unos que quieren soluciones fáciles y un gobierno que busca saturar con recortes para que solo nos quedemos con la superficie desemboca en esto, en que de repente la solución para recortar el gasto es eliminar un 30% de concejales en España. Es curiosa esta medida cuando hay que tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los ayuntamientos pequeños y medianos los concejales no cobran ni reciben ningún tipo de remuneración por su labor. También hay que tener en cuenta que en los casos en los que se cobra el problema no es por el número de concejales, sino por el partido que gobierna.
En mi caso, en el Ayuntamiento de Pravia, hay dos personas que perciben un sueldo por ejercer sus labores políticas: el alcalde y un concejal con una liberación completa. Personalmente opino que sus remuneraciones son excesivas, incluso diría que son obscenas para los tiempos que corren y, en el caso del concejal liberado, dudo de la necesidad de una dedicación exclusiva. Es mi opinión, evidentemente en el partido que gobierna creerán que los 4000 y pico euros mensuales que salen del Ayuntamiento para esos dos sueldos son más que justificadas, es su opinión y yo la respeto aunque no la comparta porque, como dije anteriormente, el problema de los ayuntamientos con los concejales no es un problema cuantitativo sino cualitativo y que depende de la ética de lo público que tengan los partidos gobernantes y no del número de concejales que componen el pleno.
Lo que sí está claro es que una reducción del número de actas reduce considerablemente la democracia porque facilita las mayorías absolutas del partido hegemónico, dificulta la representatividad de las diferentes opciones que le disputen el poder y ataca la posibilidad de entrada de formaciones diferentes al elevarse el ratio. Y esto no lo digo solamente por ser militante de una organización que por un puñado de votos está fuera del Ayuntamiento, lo digo por una mera cuestión de higiene democrática y porque la política de un municipio debe ser la representación de su composición social e ideológica y en la pluralidad y diversidad está la calidad democrática de un pueblo.
Para más datos sobre este asunto, hay un excelente análisis en el siempre recomendable blog “Fueya en blanco”.