Una reforma local jacobina

Una reforma de gran calado y perdurabilidad en el tiempo, es la que afecta a las entidades locales. El informe sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local presentado por Montoro en el último Consejo de Ministros, surge como consecuencia de la aparición de un monstruo escondido. ¿Os acordáis del plan de pago a proveedores? De ahí empezaron a salir ayuntamientos y pedanías que nadie sabía que existían, con deudas desde los tiempos de Maricastaña. No resistimos ninguna comparación en el número de entidades locales con cualquier país de nuestro entorno. Es razonable pensar que ahí hay que meter la mano. Ahora bien, ¿va por buen camino la reforma que se plantea?
Fijación de competencias
El primer punto que toca el anteproyecto de ley es la separación del entramado competencial. Por ejemplo, servicios de Educación que están dando los ayuntamientos, se pasan a la comunidad autónoma. La figura del interventor local, se pasa al ministerio de Hacienda. Los municipios no podrán encargarse de aquello que no les diga la ley. Con una salvedad: aceptar que otra administración les pase el muerto.
No desaparece ningún ayuntamiento
Los servicios públicos obligatorios para los municipios de menos de 5.000 habitantes, serán asumidos por Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares o Comarcas. Incluso se prevé que estas entidades asuman la gestión de los servicios públicos de ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes. Esto todavía no está claro, porque después de que los ayuntamientos dejen de dedicarse a lo que no se deben de dedicar, quizás sí puedan costear los servicios públicos obligatorios.
La actual Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local hace una distinción muy extraña: explicita aquellas competencias que un municipio tiene derecho a exigir para sí, tras lo que establece las obligaciones mínimas. ¿Por qué se ha hecho así? La nueva reforma planteada cambia diametralmente esto: los municipios tendrán una serie de competencias obligatorias sólo si pueden asumir sus costes. Es genial, porque aquí nadie habla de la capacidad recaudatoria de los municipios. Si la autonomía o el gobierno central están copando los tributos y tasas que pagan los ciudadanos, ¿Cómo diablos quieres que un municipio costee sus obligaciones?
Veamos las obligaciones actuales de los municipios de hasta 5.000 habitantes:

alumbrado público,
cementerio,
recogida de basuras,
limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado,
acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas,
control de alimentos y bebidas

Lo del control de alimentos y bebidas es algo que llama la atención por tratarse de una competencia de Sanidad, dependiente de la Comunidad Autónoma. Lo de los cementerios me parece de una injusticia cruel: el municipio tiene un monopolio sobre el descanso de los muertos. Todos sabemos que en el negocio de los muertos se producen desequilibrios brutales: los tanatorios se lo llevan crudo (nunca mejor dicho), en situaciones de monopolio la mayor parte de las veces y de pacto de precios en las demás. Aquí sí que debe de meterse mano y ahondar en una inspección que ponga a cada cual en su sitio e imponga un mercado verdaderamente libre.
Dicho esto, con más de entre 5.000 habitantes-equivalentes, nos encontramos con la obligación de tener biblioteca (competencia autonómica), parque y tratamiento de residuos. Hasta 20.000 nos encontramos con servicios sociales, protección civil, bomberos y polideportivo (competencia autonómica). Más de 50.000 ya incluye bus urbano y protección al medio ambiente (otra competencia impropia de la admon. local).

El futuro. Fuente.

Esta es la situación de partida, ¿cuántos municipios pueden costear estos servicios y cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Muy pocos. A partir de aquí, lo que pretende Montoro es pasar estas competencias a las Diputaciones, en lugar de a su proveedor "natural", la Comunidad Autónoma. ¿A qué obedece esto? Complicado de saber. Yo me inclino que esto obedece a lo mal hechos que están los partidos políticos. Estructuras verticales que necesitan, como hiedras, otras estructuras verticales sobre las que crecer. Sospecho que PP y PSOE son los únicos partidos con agrupaciones provinciales.
Y de aquí pasamos al vaciamiento de los ayuntamientos más pequeños. Los ayuntamientos seguirán existiendo, ¿por qué? Pues porque las Diputaciones ahora tendrán más poder y las Diputaciones necesitan que existan los ayuntamientos y los partidos judiciales para existir.
Los diputados de cada provincia salen de los partidos judiciales mediante el sistema de otorgar un diputado a cada partido judicial y luego distribuir los restantes proporcionalmente a la población. Tras unas Elecciones Locales, se toman, para cada partido judicial, los votos de todos los partidos que han obtenido representación y entre ellos se reparten los escaños, según la Ley D'Hondt. Dicho de otro modo: los diputados están determinados por los partidos judiciales y la población total y se eligen de entre los concejales que han obtenido representación en Elecciones Locales.
De ahí que ayuntamientos que no van a decidir nada nunca más, todavía vayan a tener sus elecciones locales. Genial: vamos a organizar elecciones en miles de sitios, sólo para aumentar el sueldo a unos cuantos concejales. Pero eso sí, antes nos cargamos a concejales que no cobran sueldo.
Sector Público Local

Palacio Provincial. Cuenca

Aquellos entes, fundaciones u organismos públicos locales que no cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tienen fecha de caducidad para 2015. Me parece muy bien esta exigencia, pero yo me pregunto: ¿por qué hacerlo solo con las entidades locales? Si esta misma obligación la tuvieran que cumplir autonomías y gobierno central, en un par de añitos no tendríamos ninguna televisión pública. Lo que unido a la libertad total de crear un medio de comunicación, repercutiría en una mayor calidad de ocio y de información para todos.
Reducción del número de concejales
Sinceramente, ignoro si en todas partes hay que reducir el número de concejales en la misma proporción. Sólo sé que esto afecta a los resultados electorales y que se está vendiendo un cambio en la forma de expresión de la voluntad ciudadana como una mera reforma administrativa. El uso de estas formas viperinas, ya me coloca en contra.
Salarios públicos y su publicidad
Esta reforma obliga a que en cada PGE aparezcan baremos de salarios de alcaldes y concejales en función de la población de los municipios. La Ley de Transparencia obligará a hacerlos públicos. La Ley de Transparencia me parece un instrumento fundamental para que los medios de comunicación tengan menos influencia. En una localidad pequeña, cuatro chavales con sus ordenadores pueden causar un problema al cacique de turno. Me parece fundamental que exista esta transparencia y que se puedan pedir explicaciones. Sobre el baremo, no hay mucho que comentar: si el Estado central trata a alcaldes y concejales como funcionarios suyos, estos responden al Estado central y no ante sus ciudadanos, con lo que toda la reforma anterior podemos calificarla como vacío que fomenta la pervivencia de estructuras que sólo responden a la supervivencia del Estado central, quitando oportunidades de representación política a los ciudadanos. Es decir, una vuelta al siglo XIX, lo que, por otra parte, se corresponde con el peinado de Rajoy.