La sentencia del llamado caso “Bateragune“, que condena a penas de entre ocho y diez años de prisión a Arnaldo Otegi, a Rafa Díaz Usabiaga y a otras tres personas más, ha generado una cadena de reacciones que, al menos en Euskadi, con la excepción del Partido Popular, coinciden en sus críticas a los postulados y argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional. Es evidente que no faltan razones para cuestionar un dictamen, que se base en pruebas indiciarias, ante la carencia de pruebas y datos reales que avalen la tesis de que Arnaldo Otegi y Rafa Díaz Usabiaga actuaron como dirigentes de ETA al intentar reconstruir, bajo sus directrices, una organización política que representase a la izquierda abertzale.
No es ésta la primera vez que la Audiencia Nacional construye sentencias sobre sospechas, en lugar de hacerlo sobre hechos ciertos y contrastados. Sin duda alguna, tampoco será la última. La justicia en España no se caracteriza por su independencia, ni por su imparcialidad y menos aún por su objetividad. Los posicionamientos políticos condicionan gran parte de sus actuaciones y sus máximos órganos e instancias están sometidos a criterios completamente ajenos a los que cabría esperar en un estado de derecho. La sentencia del llamado caso “Bateragune” es, de hecho, una sentencia política y un absurdo jurídico, contra los que cabe recurso, pero de entrada inciden de lleno en el futuro de personas que hoy avalan un compromiso activo por la paz y la normalización en Euskadi.
Tanto Arnaldo Otegi como Rafa Díaz Usabiaga se han caracterizado en los últimos años por reivindicar el tránsito de la izquierda abertzale hacia una apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y pacíficas, lo que implica la superación de la violencia y, por tanto, la desaparición de ETA. En un contexto de cese de la actividad terrorista, en el que Bildu está presente en las instituciones, con un respaldo social que nadie puede obviar, y en el que además la convivencia democrática avanza paso a paso y la normalización política se impone, el auto de la Audiencia Nacional genera una frustración y un desapego no sólo hacia la justicia sino también hacia la idea de una España centralista y reacia al diálogo, representada por los valores del PSOE y el PP.
La justicia no está obligada a responder por sus actuaciones, ni tampoco a asumir ninguna responsabilidad por decisiones arbitrarias, que repercuten, en cambio, de modo drástico en la vida de las personas afectadas y en sus familias. Es el caso, por ejemplo, de Rafa Díaz Usabiaga, que se encontraba en libertad bajo fianza con un permiso para atender a su madre enferma y ahora ha sido ingresado nuevamente en prisión, bajo la excusa de alto “riesgo de fuga”. La Audiencia Nacional no ha tomado en consideración ni su arraigo personal y familiar, ni el hecho de que hasta la fecha ha cumplido con todos los requerimientos que le han sido demandados en el proceso “Bateragune”.
Habrá quien concluya que hay estamentos poco o nada interesados en contribuir a la normalización en Euskadi. Nunca hemos sentido más cerca la consecución de la paz definitiva y por ello hoy es más necesario que nunca tomar en consideración el momento social y político que atravesamos, y tomar decisiones que profundicen en el deseo de la sociedad vasca de convivir en democracia y libertad. La izquierda abertzale ha acertado de pleno al reiterar su compromiso con las vías pacíficas al recibir esta sentencia, que no debe interferir de ningún modo en la voluntad de la ciudadanía de alcanzar un horizonte de paz.