Muchos diputados de las 17 Comunidades Autónomas deberían pensar en cambiar de oficio antes de que les obligue la “Ley de Unidad de Mercado” del gobierno Rajoy, que va a restarle a sus parlamentos gran parte del trabajo legislador.
Los 100.000 reglamentos y leyes elaborados en un millón de folios desde 1978 hasta hoy por las CC.AA. se redactaron básicamente por tres motivos:
1.- Para que cada región tuviera sus rasgos diferenciales con la vecina en caza, pesca, conservación de la naturaleza, abrir una tienda, cobrar impuestos o cómo transportar las aves canoras, o a los niños en autobús.
2.- Darle ocupación a los “apparatchiks” de los partidos, a costa de los contribuyentes.
3.- Donde existe otra lengua distinta del castellano, para impedir legalmente la llegada de trabajadores y funcionarios competidores de los nativos, usando como arma no la eficacia, sino el idioma propio.
Con llamamientos patriótico-locales a luchar contra el centralismo franquista, incluso a recuperar prebendas de los reinos medievales, se creó un espíritu diferenciador que llevo por ejemplo en provincias solamente castellanohablantes a querer imponer en la educación obligatoria dialectos pueblerinos, y a crear tópicos neofolclorismos.
En todas las provincias aparecieron miles de filólogos, poetas y etnólogos, misioneros nacionalistas o regionalistas que en tiempos más religiosos hubieran sido curas, que viven del piadoso erario público retroalimentados por los diputados autonómicos.
Obligado por Bruselas, que no soltará euros si no se cambia este sistema de cacicazgos autonómicos, Mariano Rajoy ha tenido que elaborar esa ley que unifica el mercado, es decir, la economía, que lo es todo como decía Marx en uno de sus raros aciertos.
Algún día el Parlamento estatal también perderá diputados y ya nadie podrá acusarlo de centralismo españolista: las leyes llegarán, redactadas sólo en inglés, francés y alemán, desde el Sacro Imperio Romano Germánico, con capitales ahora en Bruselas y Estrasburgo.
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SALAS