La llegada de Iñaki Urdangarín a los juzgados de Palma el sábado pasado, fue coreada por los cientos de personas que habían tomado las calles adyacentes e irrumpieron en gritos contra la monarquía y la corrupción. “Juan Carlos, si lo sabías ¿por qué te callas?”, rezaba una de las pancartas. Otra se preguntaba: “La justicia no es igual para todos. ¿Dónde está la Infanta?”. Y otra proclamaba con sarcasmo, junto a la efigie del Rey: “Nóos llena de orgullo y satisfacción...”. El ex jugador de la selección española de baloncesto y ex participante de tres juegos olímpicos, además de poseer seis copas de Europa con el Barcelona, recorrió los 30 metros de la rampa que conduce a los juzgados con paso firme, muy erguido y solemne, pero con el nerviosismo visiblemente reflejado en su rostro. Cuando apenas le separaban cinco metros de su destino final, cambió de rumbo y se dirigió a las decenas de periodistas y cámaras de televisión que aguardaban en el patio. “Vengo a aclarar la verdad –dijo, en un discurso bien aprendido– y a defender mi honor”.
La declaración de Iñaki Urdangarín ante el juez José Castro, prosiguió el domingo y concluyó a las cuatro de la madrugada del lunes. El duque reconoció ante el juez que continuó haciendo negocios hasta 2008, dos años después de que el Rey le hubiera ordenado apartarse del Instituto Nóos. Según admitió, además de recibir la orden de no volver a contratar con las administraciones públicas, desde la Casa Real le pidieron que no ocupase cargo alguno en entidades del mismo tipo y que no volviese a ser socio de Diego Torres. “Rompí con Torres por la sensación de que las cuentas no eran transparentes. Pero no lo denuncié porque decidí acometer otros proyectos”. De esta manera, intentaba eludir sus responsabilidades y matizaba que fueron actividades únicamente relacionadas con el ámbito privado, no con organismos públicos. Asimismo, confirmó que, en 2007, llamó “dos o tres veces” por teléfono a su amigo y entonces director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester, para que pagara los 400.000 euros pendientes del segundo convenio de colaboración suscrito por el Ejecutivo insular con el Instituto Nóos, pese a que, desde marzo de 2006, había abandonado la fundación, al menos aparentemente. A otras preguntas no supo dar una respuesta coherente.
El juez Castro le formuló unas 500 preguntas en más de 14 horas. Muchas de ellas recibieron continuas evasivas de Urdangarin: “No sé”, “No me consta”, “No me acuerdo”, “Eso pregúntenlo al administrador”, provocando incluso que el magistrado, harto de la estrategia escapista del yerno del Rey, le llamase la atención. Castro llegó a preguntarle lo mismo hasta cuatro veces. Y, en no pocas veces, el duque se evadía. Además de las “relaciones institucionales a alto nivel”, declaró no llevar el tema de la facturación. Y desconoció las comisiones, aunque no las negara. Urdangarin sumió que conversó de sus negocios privados en los jardines del palacio de Marivent. Aunque no dio cuenta de ello a su suegro, el Rey, ni a su esposa, la infanta Cristina.
Por su parte, rl fiscal Pedro Horrach mostró a Urdangarin el número de una cuenta de un banco de Suiza manuscrita por su secretaria en un papel hallado en el registro de su despacho del Instituto Nóos. El duque explicó que se trataba del número de la cuenta en un empresario jordano residente en Suiza que le hizo un ingreso por su gestión para internacionalizar la sociedad Aguas de Valencia. Urdangarin descargó de nuevo en su ex socio Diego Torres todas las cuestiones económicas y llegó a acusarle de actuar a sus espaldas.
La fiscalía también preguntó a Urdangarin si Nóos recurrió a facturas falsas para justificar los gastos de organización de los Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse en Valencia. De las declaraciones de varios testigos al juez José Castro se deduce que el Instituto encargó esas falsas facturas a una empresa de Barcelona. Urdangarin llegó a negar incluso conocer los correos electrónicos con su secretaria personal, Julita Cuquerella, que prueban la contratación de empleados fantasma por parte de Aizoon, la empresa familiar que comparte con la Infanta Cristina.