Nunca mas dictadura, que se haga justicia por todo el daño que hicieron, familias aun buscan sus familiares.
Se cumple 44 años de esta verdadera injusticia que pago el pueblo Uruguayo.
La dictadura militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un período durante el cual Uruguay, fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución .Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos, medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen.
El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con encargo de “proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos”. También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.
En el decreto presidencial podían encontrarse las siguientes justificaciones del golpe de estado.
Doce años de dictadura:
En 1975 Juan María Bordaberry elaboró su nueva concepción de la vida institucional. Junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Pacheco Seré, imaginó la creación de un órgano ejecutivo que no tuviera que ser electo por el voto popular, idea que plasmaron en un memorándum. Lo llamaron provisoriamente Consejo de la Nación y lo imaginaron integrado por personalidades tales como ex presidentes de la República, miembros de la Suprema Corte de Justicia, figuras de gran relevancia nacional y además los mandos de las Fuerzas Armadas, que no podían ser dejadas de lado. Se planteaba prescindir de las elecciones por voto popular. Los futuros Consejos de la Nación se integrarían por cooptación, es decir, por elección de quienes componían el cuerpo anterior. Unos consejos elegirían a los otros hasta el fin de los tiempos.
El 1º de junio de 1976, luego del envío de varios memorándums, Juan María Bordaberry efectuó una extensa exposición ante las Fuerzas Armadas, posteriormente entregada a éstos en un trabajo de veintinueve carillas. En éste condicionó su permanencia en el cargo a la aceptación de sus propuestas. Estas eran:
- La presencia, en lo sucesivo, de los militares en la conducción de la República, institucionalizada a través de una reforma constitucional.
- La soberanía nacional sería ejercida mediante plebiscitos o, indirectamente, por el Consejo de la Nación, integrado por el Presidente de la República y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
- La prohibición de las ideas y agrupaciones marxistas.
- La eliminación de la democracia representativa.
- El Presidente de la República sería electo para un período de cinco años por el Consejo de la Nación.
La propuesta desagradó a las Fuerzas Armadas cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario. Los militares discutieron las bases de Juan María Bordaberry y las rechazaron.
El 11 de junio de 1976 se produjo en la residencia presidencial de la avenida Joaquín Suárez el último intento conciliatorio, aunque ya las decisiones estaban tomadas. La reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo del presidente, ni éste aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política.
El gral. Eduardo Zubía pidió la renuncia a Juan María Bordaberry, a lo que éste se negó. Al día siguiente, la Junta de Oficiales Generales, bajo la firma del Comandante en Jefe del Ejército Julio César Vadora, envió una carta a Bordaberry advirtiéndole que le habían perdido la confianza y retirado el apoyo, dando cuenta del hecho a quien hacía las veces de Vicepresidente de Uruguay, el Dr. Alberto Demicheli.
El 12 de junio Alberto Demicheli asumió la Presidencia, pero militante desde siempre del Partido Colorado, por el cual había ocupado cargos de diputado, senador y ministro del interior en el gobierno de Terra, se negó a firmar las proscripciones de los políticos que pedían los militares y el 1° de setiembre fue sustituido por el político blanco Aparicio Méndez ex Ministro de Salud Pública de 1961 a 1964, quien la asumió por un período de cinco años.
En sentido estricto, ni los militares destituyeron a Juan María Bordaberry ni éste renunció. Tampoco lo hizo Alberto Demicheli al ser sustituido por Aparicio Méndez. Hasta el 1º de marzo de 1977, fecha en la que debía terminar el mandato constitucional de Juan María Bordaberry, de jure coexistieron tres Presidentes de la República.
El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política.
El 1° de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez partidario del Partido Nacional.
En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.
Otro acontecimiento memorable fue el acto del Obelisco el 27 de noviembre de 1983, en el cual el actor Alberto Candeau leyó una recordada proclama, “por un Uruguay sin exclusiones”.
Presos políticos y desaparecidos.
En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos. De acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz. hay 174 detenidos desaparecidos, los que se desglosan:
- 167 uruguayos adultos
- 6 argentinos desaparecidos en Uruguay
- 1 hijo de personas detenidas o presuntamente desaparecidas
Según el lugar de desaparición, los uruguayos adultos desaparecidos se desglosan:
Por otra parte, una investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay entre 1973 y 1985 llevada a cabo por la Universidad de la República, dio cuenta de 172 “detenidos – desaparecidos”
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Por: Aporrea.org Fecha de publicación: 07/06/11 |
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Más de 10 mil campesinos, pobladores, comunicadores populares, trabajadores y decenas de colectivos dijeron: ¡Basta Ya de sicariato e impunidad y de criminalización de las luchas populares! La marcha la convocaron la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (FNCEZ y FCSB), también la CANEZ, el Movimiento de Pobladores (CTU, Pioneros, Ocupantes, Red de Inquilinos, Conserjes…), la Asociación nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), Marea Socialista y la Unión Nacional de Trabajadores) y más de 80 agrupaciones, además de las que se sumaron a la manifestación. (Ver: aporrea.org/ddhh/n182352.html ).- Partió de la Plaza Venezuela y llegó hasta el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, donde concluyó con un acto en tarima. A lo largo de la marcha hubo consignas y pintas relacionadas con los propósitos de la movilización, con la unidad popular, con la defensa de la revolución y de apoyo al presidente Chávez, contra el burocratismo, contra la censura de la crítica revolucionaria, por el control popular de los medios (incluidos los del Estado) y algunos carteles de protesta contra la entrega de revolucionarios al régimen genocida de la oligarquía colombiana. Una vez más se entregaron los casos y casos en la Fiscalía, que cada vez aumentan y aumentan. El Estado se muestra desbordado e incapaz de responder con la celeridad que amerita este tipo de ofensiva de la contrarrevolución, que asesina y pretende liquidar físicamente a los movimientos, desarticularlos y detener sus luchas. Reclamaron también que ese mismos Estado ineficiente frente a los crímenes contrarrevolucionarios, tiene en su seno instituciones y burócratas que se prestan con mucha mayor eficiencia para hostigar, criminalizar y castigar a los luchadores obreros, campesinos y populares de la revolución, en complicidad conlos capitalistas, terratenientes y mafias, y lo que es aún más lamentable; junto a jefes, directores o gerentes “rojos-rojitos” de empresas estatales y Ministerios que utilizan prácticas capitalistas y ajenas a la democracia participativa y protagónica. Denunciaron a los que mientras son diletantes en hacer justicia para el pueblo, sin detener a los autores materiales e intelectuales de sesinatos y atropellos, cooperan con la criminalización y judicialización de las luchas campesinas, obreras, populares o indígenas, razon por la cual hay y ha habido dirigentes y luchadores sociales presos, sometidos a procesos judiciales o a régimen de presentación en tribunales. Así se prolonga por dentro de la revolución la sesgada “justicia” de clase del capital, de los corruptos y de los terratenientes, por encima de la justicia del pueblo. Esto debe cambiar para salvar este proceso revolucionario de semejante amenaza. Los movimientos salieron a la calle. Ahora habrá que ver si… esta vez… el gobierno y las instituciones responden como debe ser y no esperan a que lleguen los nuevos casos y nuevas manifestaciones cada vez más enardecidas. El presidente Chávez tiene la oportunidad de apoyarse en esta fuerza social movilizada para tomar medidas contundentes y apretar para acabar con la impunidad de los enemigos del pueblo y con la criminalización de los revolucionarios, radicalizar la revolución. Los movimientos que desplegaron esta iniciativa con autonomía y con actitud crítica, en función de una profundización de la revolución, están con Chávez, pero cuestionan a la burocracia y al reformismo. Iremos publicando las fotos y videos de Aporrea, así como las fotos que puedan ir enviando otros comunicadores populares y los participantes en la movilización.
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Nunca mas dictadura, que se haga justicia por todo el daño que hicieron, familias aun buscan sus familiares.
Se cumple 44 años de esta verdadera injusticia que pago el pueblo Uruguayo.
La dictadura militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un período durante el cual Uruguay, fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución .Dicho período estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos, medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen.
El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con encargo de “proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos”. También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.
En el decreto presidencial podían encontrarse las siguientes justificaciones del golpe de estado.
Doce años de dictadura:
En 1975 Juan María Bordaberry elaboró su nueva concepción de la vida institucional. Junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Pacheco Seré, imaginó la creación de un órgano ejecutivo que no tuviera que ser electo por el voto popular, idea que plasmaron en un memorándum. Lo llamaron provisoriamente Consejo de la Nación y lo imaginaron integrado por personalidades tales como ex presidentes de la República, miembros de la Suprema Corte de Justicia, figuras de gran relevancia nacional y además los mandos de las Fuerzas Armadas, que no podían ser dejadas de lado. Se planteaba prescindir de las elecciones por voto popular. Los futuros Consejos de la Nación se integrarían por cooptación, es decir, por elección de quienes componían el cuerpo anterior. Unos consejos elegirían a los otros hasta el fin de los tiempos.
El 1º de junio de 1976, luego del envío de varios memorándums, Juan María Bordaberry efectuó una extensa exposición ante las Fuerzas Armadas, posteriormente entregada a éstos en un trabajo de veintinueve carillas. En éste condicionó su permanencia en el cargo a la aceptación de sus propuestas. Estas eran:
- La presencia, en lo sucesivo, de los militares en la conducción de la República, institucionalizada a través de una reforma constitucional.
- La soberanía nacional sería ejercida mediante plebiscitos o, indirectamente, por el Consejo de la Nación, integrado por el Presidente de la República y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
- La prohibición de las ideas y agrupaciones marxistas.
- La eliminación de la democracia representativa.
- El Presidente de la República sería electo para un período de cinco años por el Consejo de la Nación.
La propuesta desagradó a las Fuerzas Armadas cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario. Los militares discutieron las bases de Juan María Bordaberry y las rechazaron.
El 11 de junio de 1976 se produjo en la residencia presidencial de la avenida Joaquín Suárez el último intento conciliatorio, aunque ya las decisiones estaban tomadas. La reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo del presidente, ni éste aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política.
El gral. Eduardo Zubía pidió la renuncia a Juan María Bordaberry, a lo que éste se negó. Al día siguiente, la Junta de Oficiales Generales, bajo la firma del Comandante en Jefe del Ejército Julio César Vadora, envió una carta a Bordaberry advirtiéndole que le habían perdido la confianza y retirado el apoyo, dando cuenta del hecho a quien hacía las veces de Vicepresidente de Uruguay, el Dr. Alberto Demicheli.
El 12 de junio Alberto Demicheli asumió la Presidencia, pero militante desde siempre del Partido Colorado, por el cual había ocupado cargos de diputado, senador y ministro del interior en el gobierno de Terra, se negó a firmar las proscripciones de los políticos que pedían los militares y el 1° de setiembre fue sustituido por el político blanco Aparicio Méndez ex Ministro de Salud Pública de 1961 a 1964, quien la asumió por un período de cinco años.
En sentido estricto, ni los militares destituyeron a Juan María Bordaberry ni éste renunció. Tampoco lo hizo Alberto Demicheli al ser sustituido por Aparicio Méndez. Hasta el 1º de marzo de 1977, fecha en la que debía terminar el mandato constitucional de Juan María Bordaberry, de jure coexistieron tres Presidentes de la República.
El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política.
El 1° de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez partidario del Partido Nacional.
En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.
Otro acontecimiento memorable fue el acto del Obelisco el 27 de noviembre de 1983, en el cual el actor Alberto Candeau leyó una recordada proclama, “por un Uruguay sin exclusiones”.
Presos políticos y desaparecidos.
En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos. De acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz. hay 174 detenidos desaparecidos, los que se desglosan:
- 167 uruguayos adultos
- 6 argentinos desaparecidos en Uruguay
- 1 hijo de personas detenidas o presuntamente desaparecidas
Según el lugar de desaparición, los uruguayos adultos desaparecidos se desglosan:
Por otra parte, una investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay entre 1973 y 1985 llevada a cabo por la Universidad de la República, dio cuenta de 172 “detenidos – desaparecidos”
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Por: Aporrea.org Fecha de publicación: 07/06/11 |
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Más de 10 mil campesinos, pobladores, comunicadores populares, trabajadores y decenas de colectivos dijeron: ¡Basta Ya de sicariato e impunidad y de criminalización de las luchas populares! La marcha la convocaron la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (FNCEZ y FCSB), también la CANEZ, el Movimiento de Pobladores (CTU, Pioneros, Ocupantes, Red de Inquilinos, Conserjes…), la Asociación nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), Marea Socialista y la Unión Nacional de Trabajadores) y más de 80 agrupaciones, además de las que se sumaron a la manifestación. (Ver: aporrea.org/ddhh/n182352.html ).- Partió de la Plaza Venezuela y llegó hasta el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, donde concluyó con un acto en tarima. A lo largo de la marcha hubo consignas y pintas relacionadas con los propósitos de la movilización, con la unidad popular, con la defensa de la revolución y de apoyo al presidente Chávez, contra el burocratismo, contra la censura de la crítica revolucionaria, por el control popular de los medios (incluidos los del Estado) y algunos carteles de protesta contra la entrega de revolucionarios al régimen genocida de la oligarquía colombiana. Una vez más se entregaron los casos y casos en la Fiscalía, que cada vez aumentan y aumentan. El Estado se muestra desbordado e incapaz de responder con la celeridad que amerita este tipo de ofensiva de la contrarrevolución, que asesina y pretende liquidar físicamente a los movimientos, desarticularlos y detener sus luchas. Reclamaron también que ese mismos Estado ineficiente frente a los crímenes contrarrevolucionarios, tiene en su seno instituciones y burócratas que se prestan con mucha mayor eficiencia para hostigar, criminalizar y castigar a los luchadores obreros, campesinos y populares de la revolución, en complicidad conlos capitalistas, terratenientes y mafias, y lo que es aún más lamentable; junto a jefes, directores o gerentes “rojos-rojitos” de empresas estatales y Ministerios que utilizan prácticas capitalistas y ajenas a la democracia participativa y protagónica. Denunciaron a los que mientras son diletantes en hacer justicia para el pueblo, sin detener a los autores materiales e intelectuales de sesinatos y atropellos, cooperan con la criminalización y judicialización de las luchas campesinas, obreras, populares o indígenas, razon por la cual hay y ha habido dirigentes y luchadores sociales presos, sometidos a procesos judiciales o a régimen de presentación en tribunales. Así se prolonga por dentro de la revolución la sesgada “justicia” de clase del capital, de los corruptos y de los terratenientes, por encima de la justicia del pueblo. Esto debe cambiar para salvar este proceso revolucionario de semejante amenaza. Los movimientos salieron a la calle. Ahora habrá que ver si… esta vez… el gobierno y las instituciones responden como debe ser y no esperan a que lleguen los nuevos casos y nuevas manifestaciones cada vez más enardecidas. El presidente Chávez tiene la oportunidad de apoyarse en esta fuerza social movilizada para tomar medidas contundentes y apretar para acabar con la impunidad de los enemigos del pueblo y con la criminalización de los revolucionarios, radicalizar la revolución. Los movimientos que desplegaron esta iniciativa con autonomía y con actitud crítica, en función de una profundización de la revolución, están con Chávez, pero cuestionan a la burocracia y al reformismo. Iremos publicando las fotos y videos de Aporrea, así como las fotos que puedan ir enviando otros comunicadores populares y los participantes en la movilización.
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