SÁBADO 25 DE AGOSTO - 15 HS. - ATE: ENTRE RÍOS 450
• SE ABRE LA ETAPA DE LAS GRANDES MOVILIZACIONES
• ABAJO EL AJUSTE
• JUSTICIA POR MARIANO
El asalto de De la Sota a la Legislatura, efectuado en la madrugada del pasado 9 de agosto, da cuenta de una quiebra generalizada del estado provincial y anticipa los grandes desafíos que los trabajadores enfrentaremos en la próxima etapa.
La decisión de avanzar sobre las jubilaciones e imponer un impuestazo obedece al derrumbe de las finanzas públicas como resultado del alto endeudamiento público, a la política de subsidios y eximiciones impositivas a sojeros y pulpos industriales, y a la caída de la actividad económica, fundamentalmente la industria metalmecánica y la construcción. Estas medidas son sólo el comienzo.
La crisis fiscal provincial y la que aqueja a la totalidad de los municipios son la expresión más desarrollada de la crisis nacional. La cuestión de un “Rodrigazo” como en el ’75 (devaluación y tarifazos) ha comenzado a plantearse abiertamente a partir de una crisis fiscal nacional que tiende a acentuarse y de una crisis financiera. El temor a una rebelión popular ha llevado al kirchnerismo a elaborar una política de ajuste “nacional y popular” complementado con acciones regulatorias del Estado.
La decisión de limitar la asistencia financiera a las provincias es el telón de fondo de una gran fractura política. El estado nacional se plantea una centralización financiera para pilotear la crisis, pagando la deuda en dólares y rescatando al capital quebrado. De la Sota, por su parte, pretende reagrupar a la base empresarial que cuestiona la capacidad del Gobierno para pilotear la crisis. En el debate sobre la armonización, el derechista De la Sota dejó a la derecha a los “nacionales y populares”, que salieron a pelear públicamente por un objetivo repudiado por los trabajadores: la armonización con el sistema nacional o sea reducir el haber jubilatorio al 40% del activo.
Es causa común de los gobiernos capitalistas de Nación y Provincia descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y a la población.
Ajuste en marcha: Liquidación del 82% móvil
Después de repetir durante semanas -y de comprometerse formalmente en la Legislatura- que la Provincia de Córdoba no iba a armonizar el régimen jubilatorio local con el nacional, que no iba a aceptar las exigencias de la Nación para enviar los fondos adeudados, De la Sota terminó liquidando el 82 % y la movilidad.
Las cartas documento enviadas a Nación, la presentación ante la Corte y la decisión de “denunciar” el convenio de 1992 por el cual la provincia cedió el 15% de la coparticipación a la ANSeS terminaron oficiando de pantalla para proceder al ajuste que exige el kirchnerismo (modificación del cálculo del haber jubilatorio inicial –promedio últimos 10 años- y actualización por el índice nacional). Todo ello, tal cual lo anticipó el Frente de Izquierda.
El ajuste se dirige en principio a los actuales jubilados, quienes no cobrarán el aumento que recibirán los activos en setiembre (segunda cuota de tres). Es decir, verán el aumento seis meses después de lo que correspondía y, más grave aún, se perderá definitivamente el enganche que da lugar a la movilidad. De la Sota avanza en el camino abierto por Schiaretti en 2008, que provocó una rebelión generalizada.
La reforma está en plena coincidencia de los anuncios de Kiciloff respecto de imponer a nivel nacional una especie de “jubilación para todos” de carácter asistencial, al nivel del haber mínimo. Los K han convertido a la ANSeS una gran AFJP; el 60% de sus fondos está en bonos del Estado y son utilizados para el pago de la deuda externa a los usureros internacionales. El mismo destino pretenden para la Caja provincial. Los K no innovan absolutamente nada. El asalto a los jubilados, para solventar la quiebra de los bancos y estados, es una “tendencia” mundial de los gobiernos capitalistas, como enseña la situación en Grecia, España e Italia.
Van por las paritarias
Desde comienzos de 2012, Cristina Kirchner se ha centrado en imponer un techo a los aumentos salariales del orden del 18%. El impuesto directo al salario (ganancias) y los topes para cobrar las asignaciones familiares han presionado por arriba el cierre a la baja de las paritarias. El asunto cobró importancia de Estado cuando el ministro de Trabajo, Tomada, se negó a homologar acuerdos alcanzados que superaban el 25%.
Las paritarias, lejos de alcanzar la inflación anual calculada en 30%, tampoco han previsto los planes del gobierno de lanzar los tarifazos que han sido autorizados luego del cierre de la mayoría de aquellas. Esa línea ha sido seguida en forma disciplinada por las administraciones provinciales. En Córdoba el cierre a la baja se viabilizó con la imposición de cuotas, que termina dejando los aumentos en los parámetros nacionales mencionados.
Los acuerdos salariales estatales cerrados a la baja (25% en cuotas), a principio de año, han quedado desfasados con la inflación en curso y los tarifazos desatados. Las dos primeras y grandes huelgas docentes por la reapertura de paritarias (Mendoza y Chaco) de hace días señalan una perspectiva general.
Con la aprobación del ajuste jubilatorio, se ha anunciado que una reducción de los aportes personales (hoy se aporta el 18%) sería tomada a cuenta de futuros aumentos; de darse esa reducción, el próximo aumento de los jubilados no sólo será pagado con un atraso de seis meses sino que se calculará con un recorte de ese porcentaje.
El “aumento” viene a suplantar una negociación salarial pero con nuestros propios sueldos y además ese monto será tenido a cuenta de la actualización salarial de principios de 2013. De la Sota pretende prepararse para el próximo episodio del ajuste.
Sobre la cuestión salarial, sin embargo, sobrevuela una amenaza más gravosa aún. Desde principio de año asistimos, en Córdoba, a un reguero de conflictos de los trabajadores municipales por el cobro del salario íntegro y a tiempo. La lucha más resonante fue la del Suoem, que paralizó la ciudad en el mes de enero; Bialet Masse llegó a establecer la fecha de cobro por sorteo. En el propio gobierno provincial la docencia suplente tuvo que salir a la lucha por el cobro de sueldos.
El anuncio del ministro González respecto de que Córdoba no tendría problemas hasta febrero de 2013 debe entenderse en sentido contrario.
Se profundiza la precarización laboral
El comienzo del juicio a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra ha refrescado en la memoria nuestra caracterización de que estábamos en presencia de un crimen político contra la clase obrera, cometido por la clase capitalista, su Estado y la burocracia sindical. Ello porque se dirigió a la defensa de un régimen de explotación laboral que ha sido impuesto en todos los ámbitos para desconocer condiciones laborales y salariales, con la complicidad de las conducciones gremiales, que en el caso de Pedraza actuaba ella misma como patronal, mediante el fraude de las cooperativas.
Este régimen de explotación se extiende hasta las entrañas del propio Estado. Córdoba tiene más de cinco mil compañeros precarizados por medio de contrato o directamente sin ellos, como monotributistas, y terceriza varias de sus actividades. No existe municipio alguno que no emplee trabajadores con estas formas de precarización; la gran mayoría las condiciones laborales son calamitosas.
La crisis fiscal ha colocado a estos trabajadores como las primeras víctimas del ajuste. En lo que va del año provincia y municipios han anunciado cientos de despidos bajo el eufemismo de “no renovación de contratos”, sólo revertidos parcialmente por las luchas de los trabajadores. En los últimos días el propio gobierno de De la Sota ha llegado al extremo de pasar compulsivamente a compañeros de salud que habían sido contratados por contingencia, a calidad de monotributistas, bajo la extorsión de no hacer efectivo el pago de sus salarios.
Frente a los despidos y el agravamiento de las condiciones de trabajo, resulta esencial profundizar la lucha por el pase a planta de todos los contratados y monotributistas.
Fuera Electroingeniería de EPEC
La crisis provincial se refleja idénticamente en la Epec, la cual ha perdido casi 500 millones de pesos como resultado de la venta de energía a Cammesa -la empresa de participación estatal dedicada a la comercialización mayorista de energía- comandada por Julio De Vido. Según el gobierno provincial, lo que Cammesa le paga a la Epec por la generación apenas cubre el 50% de los costos de la misma.
Lo que no se dice es que esos costos de generación son los más altos de la Argentina, como consecuencia de la pesada carga que significa pagar la amortización de la obra de repotenciación de la Central de Pilar, la que fue ejecutada con sobreprecios que superan en un 70 por ciento a los valores medios del mercado (1.800 millones de pesos en total).
La empresa ultraK Electroingeniería fue la gran beneficiada con ese negociado, el cual fue financiado con fondos de la ANSeS a cambio de un bono emitido por la Epec. Esa empresa también se quedó a cargo de la obra de mantenimiento de la Central de Pilar por 1.350 millones de pesos por nueve años.
Un aumento de los combustibles haría más inviable Pilar. Por ello De la Sota ha salido a plantear la transferencia de la Central a Nación, a sabiendas que ello no sucederá, para proceder a un tarifazo y ajuste sobre los trabajadores. He aquí la salida capitalista a la crisis que plantea el sistema parasitario de subsidios y negocios de las privatizadas, que ya ha mostrado todo su fracaso con la tragedia de Once.
Congreso de delegados de base de los sindicatos estatales
Miles y miles de trabajadores se han levantado contra el ajuste capitalista. Sólo fueron convocados cuando se había sancionado la ley. Antes, las conducciones de los gremios estatales se habían encerrado en largas y herméticas reuniones para ofrecer “alternativas” que hicieran “viable” el régimen jubilatorio. Las discusiones las dirigía el propio Pihén, legislador de De la Sota y secretario general del SEP y de la CGT unificada.
La gran intervención obrera contra el impuesto al salario del 27 de junio sorprendió a las conducciones, las que sólo atinaron a plegarse con un acto en Córdoba y el envío a Buenos Aires de algunos micros. La enorme huelga en la provincia de Buenos Aires que hizo recular al gobierno marca la tendencia general que se abre para derrotar el ajuste.
Precedida por un reguero de luchas parciales, se ha abierto la etapa de las grandes movilizaciones. La burocracia sindical pretende continuar con el viejo modo que habían impuesto a las organizaciones obreras, caracterizado por discusiones ministeriales, presentaciones judiciales, compromisos con el gobierno y movilización de los llamados “cuerpos orgánicos”. La declaración de guerra de los gobiernos capitalistas no da lugar a esas prácticas. Corresponden nuevos métodos para la nueva etapa.
La bronca es muy profunda y madura la perspectiva de la huelga general. La unidad del movimiento obrero y su independencia política frente a los ajustadores resultarán esenciales para la victoria de los trabajadores. En oposición al viejo método burocrático cobra cuerpo la necesidad de convocar a un Congreso de delegados de base de los gremios estatales que despliegue un programa de salida al derrumbe capitalista. Fuera la burocracia sindical.
Un programa anticapitalista
En oposición a la agenda de los gobiernos ajustadores, corresponde la elaboración un programa que enfrente los planteos ajustadores del Gobierno nacional y provincial.
No al ajuste. Reapertura de paritarias sin tope. Por el pago en tiempo y forma. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Por la indexación automática del salario de acuerdo a la inflación. Derogación del impuesto al salario o elevación del mínimo no imponible a 15.000 pesos. Devolución de las asignaciones familiares.
Ningún despido. Basta de precarización laboral y trabajo en negro. Pase a planta de todos los trabajadores estatales. Respeto de la estabilidad laboral. No a la privatización de servicios que debe garantizar el Estado.
No a la armonización. Por el 82% móvil. Plena vigencia de la ley 8024 (derogación de la 9504 y la 10078). Eliminación del aporte adicional del 7% y que se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal. Abajo la intervención de la caja, que la misma sea dirigida por trabajadores y jubilados, elegidos libremente.
No a los tarifazos. No al desguace de la Epec. Fuera Electroingeniería de la EPEC. Control obrero.
Contra el rescate de los privatizadores a costa del presupuesto público y de tarifazos que se cobre impuestos extraordinarios a los pools sojeros y las grandes industrias para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y del PJ estatizaron.
Mariano Ferreyra
El pasado 6 de agosto comenzó el juicio a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra y las graves lesiones de Elsa Rodríguez. El inicio dejó en evidencia a los ojos de la población una gran victoria: la burocracia asesina llega al mismo detrás de las rejas. No se ha visto, desde poco después de la salida de la dictadura militar, una movilización tan intensa como la que se ha desplegado contra el crimen de Mariano, por parte de las organizaciones de izquierda y del conjunto de organizaciones populares.
Para obtener la perpetua a Pedraza y el resto de los imputados será necesario el desarrollo de una movilización política de tal envergadura que la caracterización de que estamos en presencia de un crimen político, sea asumida por un sector muy amplio de trabajadores, con todas las conclusiones que se derivan de ella.
Esta lucha entronca con los objetivos estratégicos de la clase obrera: liberación de los sindicatos de la burocracia antiobrera; transformación de ellos en organizaciones de lucha de clases de los trabajadores; desenmascaramiento del gobierno como representante (y por lo tanto encubridor) de la clase capitalista; por un gobierno de trabajadores. Y, fundamentalmente, el señalamiento del maridaje entre el aparato de represión del Estado (en este caso la Policía Federal) con las patronales y la burocracia sindical.
Sobre esta caracterización y conclusiones, el Partido Obrero de Córdoba y las agrupaciones Tribuna Docente-Lista Fucsia, La Violeta – SEP, Tribuna de Salud, y 29 de Mayo-Suoem, hemos convocado al plenario estatal clasista. Nuestra convocatoria está dirigida a los trabajadores de todos los sectores ligados al estado: de los municipios de toda la provincia, de la administración central, de la educación y la salud, de Epec, del banco de Córdoba, del poder judicial, etc. El objetivo es reagrupar al activismo sobre la base de un programa clasista y resolver un plan de acción.-