Variaciones sobre el ITE

Si entre las obligaciones de cualquier gobierno figura la de priorizar en qué se quiere gastar el dinero público, no se puede negar que el Gobierno de Canarias tiene claras cuáles son sus prioridades para emplear los 160 millones de euros del malhadado Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. Que esas prioridades coincidan con las necesidades de la mayoría de la población de estas Islas es algo mucho más cuestionable y discutible. Y en eso, en discutir cómo y en qué se gastan los 160 millones de marras, llevamos ya más de un año en el que no sólo no hay acuerdo sino que el desacuerdo es cada día mayor.
Lo que se celebró justamente como una inyección económica para unas arcas públicas necesitadas de recursos después de años de recortes, se ha terminado convirtiendo en un serio problema político y en causa de enfrentamiento interinsular  lo cual, si cabe, es aún mucho más grave. Las responsabilidades del dislate en el que se ha convertido la distribución del extinto impuesto son compartidas entre instituciones y partidos políticos. Quien más y quien menos ha echado su cuarto a espadas para enredar algo que se hubiera resuelto sencillamente con solo añadir ese dinero a los presupuestos de la comunidad autónoma y asignarlo a unos servicios públicos sacrificados en el altar del sacrosanto déficit público. En lugar de optar por esa fórmula se eligió la de poner los territorios por encima de la población y de sus necesidades y, como era de esperar, surgió la polémica que parece lejos aún de remitir. Los cabildos de las cinco islas beneficiadas por esa opción se han aferrado a una fórmula que les asegura una lluvia de millones con la que no contaban y con la que podrán pagar facturas atrasadas y emprender obras cuya necesidad social habría al menos que discutir.
De los dos cabildos perjudicados en el reparto, los dos de las islas capitalinas en donde reside el 80% de la población y se registran los mayores problemas sociales, uno se proclama el rey de la solidaridad con las islas pequeñas aunque salga mal parado y el otro se presenta como la víctima de una fórmula que considera una afrenta a las necesidades de su isla. Ni que decir tiene que el color político de cada uno de los cabildos determina en buena medida las respectivas posiciones en este descomunal despropósito en el que se ha terminado convirtiendo el dinero del ITE.
En medio del rebumbio sólo faltaba que el Gobierno se partiera un poco más en dos:  eso es precisamente lo que ha ocurrido con la espantada de los consejeros socialistas que  se han declarado en rebeldía al descubrir de la noche a la mañana que la opción de sus socios es “clientelar” y “ territorial” y no atiende a las necesidades del grueso de la población. La inesperada postura de los consejeros socialistas, no obstante, parece responder más a un cálculo político de última hora para tensar la cuerda del pacto y forzar así a sus socios nacionalistas a firmar los decretos de destitución.
Sin embargo, que la triple paridad seguía latente como fórmula de reparto del dinero del ITE era algo que caía por su propio peso, independientemente de que se la bautizara pomposamente como Fondo  de Desarrollo Económico de Canarias y aspirara nada menos que a cambiar el modelo productivo del Archipiélago. Se impone pues una rectificación por parte de todos, pero empezando por el presidente del Gobierno de Canarias y por CC como principales inspiradores de este enredo absurdo que sólo ha conseguido crear un problema de lo que aún puede y debe ser una solución para las múltiples necesidades que tienen estas islas. Todo pasa simplemente porque hagan coincidir sus prioridades con las necesidades de los ciudadanos: no es tan difícil si hay voluntad y priman los intereses de la mayoría sobre las conveniencias políticas de unos y de otros.