Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública con respecto a las autoridades. Pero incluso también sobre las entidades públicas o privadas, y las ONG que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.
Esta vigilancia está consagrada en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, por lo tanto, las veedurías no pueden ser desconocidas por las autoridades. Por encima de la Constitución, nadie.
Lo mejor de todo, es que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles podemos constituir veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión al hacer recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan un contrato y ante los organismos de control para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los servidores públicos.
Ahora bien, cada vez hay más instrumentos e iniciativas que sirven para eso. Un lindo proyecto en Bogotá se llama CanAir.io con el que unos ciudadanos han diseñado dispositivos para monitorear la calidad del aire e incidir sobre los tomadores de decisiones alrededor de la contaminación atmosférica. Pero sin llegar a esa sofisticación, el uso de las redes sociales para evidenciar irregularidades suma ya muchos antecedentes de incidencia en lo público.
Por cierto, algunos de los veedores de Confines que alertaron sobre las presuntas irregularidades en la construcción del monstrete en la mitad de parque han estado siendo hostigados. Al alcalde, como primera autoridad, le corresponde garantizar sus vidas y garantizarles el ejercicio de la veeduría… Sí, aunque incomoden tanto como lo hacemos los columnistas que no entramos en concubinato con las irregularidades.
Nota: Columna publicada originalmente el 30 de septiembre de 2021 en vanguardia.com