Pasqualina Curcio
En febrero de este año, la Asamblea Nacional, cuya mayoría representa al sector opositor del gobierno nacional, declaró la crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria para la población venezolana. Entre los considerandos se lee: “Que resulta inocultable, tratándose de un hecho público, notorio comunicacional, la ausencia de disponibilidad suficiente y estable de productos alimenticios, además de las serias dificultades de acceso oportuno y permanente a estos por parte de los venezolanos”.
No hay duda de la dificultad que ha significado para el pueblo venezolano acceder a los alimentos, especialmente desde inicios de 2013. Largas colas deben hacerse a las puertas de los establecimientos para lograr adquirir algunos de los alimentos de la canasta básica. Al tiempo, y debido a que los alimentos no se encuentran en los anaqueles, ha proliferado un mercado paralelo e ilegal en el cual éstos están disponibles pero a precios muy elevados.
No obstante lo anterior, la disponibilidad de alimentos, definida como la cantidad producida y/o importada, no ha disminuido en proporciones equiparables con las manifestaciones de desabastecimiento. Las grandes empresas privadas responsables del abastecimiento no han reportado disminuciones significativas en sus niveles de producción, tampoco han manifestado haber cerrado sus plantas. En consecuencia, las dificultades de acceso oportuno y permanente a los alimentos, tal como se recoge en la declaración de los diputados no necesariamente se debe a la disminución de la disponibilidad. El problema se centra en el hecho de que estos alimentos que han sido producidos, importados y por tanto disponibles, no se encuentran de manera regular, oportuna, permanente y suficiente en los anaqueles, dificultándole al pueblo su acceso.
Una vez superadas las dificultades y luego de haber padecido largas colas o de haber pagado un sobreprecio en los mercados paralelos, o después de haber sido beneficiado de los programas sociales implementados por el Gobierno Nacional orientados a garantizar el acceso a los alimentos, el pueblo venezolano ha logrado consumirlos. Sin duda, lograr adquirirlos ha sido una gran calamidad por la cual atraviesa el pueblo venezolano, pero distante de una situación de inexistencia de seguridad alimentaria, de hambruna o de crisis humanitaria.
El consumo diario de alimentos del venezolano alcanzó las 3.092 kilocalorías el año 2015, nivel que supera el mínimo de seguridad alimentaria plena establecido por la FAO, el cual se ubica en 2.720 kilocalorías diarias por persona (Ver gráfico). Desde 1999 el consumo de kilocalorías diarias ha registrado un franco incremento, a excepción del 2002, año en el que sectores que hacían oposición al Gobierno adelantaron acciones de sabotaje a la empresa Petróleos de Venezuela, la principal del país. Si bien los niveles de consumo en kilocalorías no se ubican en los mismos niveles que en 2011 (año con mayor registro de consumo alcanzando las 3.221 kilocalorías), éstos siguen siendo superiores a las 3.000 kilocalorías diarias, lo que tampoco se corresponde con las manifestaciones de desabastecimiento y las largas colas.
Venezuela es el segundo país con mayor disponibilidad de calorías para el consumo en América Latina. Con estos niveles de consumo diario, resultará cuesta arriba convencer a la comunidad internacional de la situación de hambruna en Venezuela.
¿A qué se deben las serias dificultades para que el pueblo venezolano acceda oportuna y permanentemente a los alimentos, si éstos han sido producidos, importados y por tanto están disponibles en cantidades suficientes permitiendo alcanzar los niveles de consumo mostrados? ¿Sobre quiénes recae la responsabilidad de que el pueblo deba padecer tales agravios?
Tanto la producción como la distribución de los 10 alimentos más difíciles de adquirir, por los cuales hay que hacer largas colas (harina de maíz precocida, arroz, pastas alimenticias, leche, aceite, margarina, café, carne de pollo, carne de res y huevos de gallina) están concentradas en no más de 10 grandes empresas privadas.
A manera de ejemplo, el alimento que más consume el venezolano es la harina de maíz precocida, forma parte de sus desayunos y cenas y es utilizada para la preparación de las arepas y bollos. Esta harina ocupa el primer lugar de la lista de alimentos más consumidos, representando el 11,4% del consumo total de alimentos diarios. En promedio, el venezolano consume 115,7 gramos diarios de esta harina. Se requieren alrededor de 97.000 toneladas mensuales para abastecer al pueblo venezolano. La capacidad instalada de producción nacional de harina de maíz precocida es 125.450 ton/mes, de las cuales el 81% está concentrada en ocho (8) empresas privadas. De éstas, solo una cuenta con el 62% de la producción de harina.
Estas 10 grandes empresas privadas, sobre las cuales recae la responsabilidad de abastecer de alimentos al pueblo venezolano no han disminuido sus niveles de producción, no han cerrado las líneas. Por el contrario, en sus reportes se registran incluso aumentos de producción. Siguiendo con el ejemplo, la producción de harina de maíz precocida de una de las empresas con mayor capacidad instalada, pasó de 43.159 ton/mes promedio en 2014 a 49.600 ton/mes en 2015.
Representantes de la industria de alimentos insisten en que la causa de la escasez es la disminución de la producción atribuida a dos aspectos: a la política de regulación de precios de los alimentos, que “no le garantiza ganancias adecuadas” y a la no asignación inmediata y suficiente de divisas por parte del Estado a estos empresarios. El hecho de que los alimentos hayan sido consumidos (luego de superadas las dificultades para el acceso por parte del pueblo venezolano) da muestras de que la producción y/o importación no han disminuido de manera significativa, y por tanto, la política de control de precios y la falta de divisas no están incidiendo sobre los niveles de disponibilidad.
Comparaciones históricas entre los niveles de disponibilidad y de precios regulados evidencian que si bien, para algunos alimentos y en algunos períodos, ha habido un rezago de los precios, esta situación no ha afectado la disponibilidad. Incluso desregulaciones de los precios de algunos alimentos no han garantizado que éstos se encuentren de manera oportuna, permanente y suficiente en los anaqueles. Tal es el caso de la margarina, los granos, la salsa de tomate y la mayonesa, todos muy consumidos por los venezolanos, cuyos precios no están regulados y sin embargo, su acceso se ha hecho difícil. O por ejemplo, alimentos cuyos precios han sido recientemente revisados y actualizados, como es el caso de los huevos de gallina, el café y el arroz, y sin embargo, tampoco se encuentran en los anaqueles.
El Gobierno Nacional ha estado asignando divisas para importar la materia prima y los insumos necesarios para la producción, o para adquirir en el exterior los alimentos terminados. Al comparar los niveles de importación del 2004 (año en el que no se registraba desabastecimiento de alimentos) con 2014, se observa que en el primero ascendieron a US$ 824.880.750,00 y en 2014 las importaciones sumaron US$ 2.281.712.109,97. La cantidad de divisas que el Gobierno Nacional asignó para la importación de alimentos o sus insumos incrementó 177% durante el mencionado período. A partir del 2015 los ingresos de divisas del país han registrado una disminución consecuencia de la caída de los precios del petróleo, no obstante, eventuales disminuciones en la asignación de divisas no se corresponden con los niveles de consumo y por tanto de disponibilidad de alimentos durante el referido año. Siguiendo con el mismo ejemplo, la mayor productora privada de harina de maíz precocida en Venezuela recibió en promedio, solo en 2014, 367% adicionales de divisas con respecto a los años anteriores.
Las serias dificultades que el pueblo venezolano está enfrentando para acceder a los alimentos no son causa de la disminución de la disponibilidad. Las dificultades se presentan en el proceso de distribución y suministro, en el hecho de que los bienes producidos en cantidades suficientes no se encuentran oportuna y permanentemente en los anaqueles de los establecimientos expendedores de alimentos, generándose de esta manera una percepción de “escasez” que origina largas colas y la proliferación de mercados ilegales en los que se transan estos alimentos a precios muy elevados. La pregunta que surge es en manos de quién están estos alimentos? ¿De quién depende su distribución y suministro?
En el Arte de la Guerra” de Sun Tzu se lee que “La regla general de las operaciones militares es desproveer de alimentos al enemigo todo lo que se pueda”. Es que acaso está el pueblo venezolano siendo sometido a una guerra?
En las guerras militares, convencionales, a quien se busca privar de alimentos es a los ejércitos, a las tropas, no a los civiles, acción que por inhumana igualmente rechazamos, tanto la privación de los alimentos como la guerra misma. Pero en este caso es al pueblo venezolano todo, sin distinción (aunque el de menos recursos siempre es el más afectado) a quien se le está tratando de privar de los alimentos, haciéndole cada vez más difícil su acceso. Será que se trata de un gran chantaje para acceder al poder político de parte de algunos sectores? ¿Será que apuestan al desgaste, desesperación, desesperanza, angustia e incertidumbre del pueblo venezolano? ¿O es que acaso ven en el pueblo venezolano un gran ejército? Necesario es identificar quiénes son los que comandan estas acciones que consideran al pueblo venezolano un enemigo, capaces de intentar desproveerlo, sin piedad alguna, de los alimentos.
Vale la pena recordar uno de los pasajes de El Príncipe de Nicola Machiavelo: “… un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos los que lo forman; a los nobles, como se trata de pocos, le será fácil”.