"Nuestro país sigue de espalda a la utilización de tecnologías ambientalmente seguras y comercialmente probadas que ayuden a prevenir y preparar los residuos para su reúso, reciclaje y valorización; obvia las economías de escala para reducir el alto costo del manejo y disposición de los residuos en vertederos y rellenos sanitarios. Además, gobierno y sector privado no invierten en programas y proyectos que asuman la reducción y reciclaje destinado a recuperar, del flujo de los residuos y desechos sólidos, la materia prima reutilizable para la manufactura de nuevos productos.
Pese a la vigencia de la Ley sobre gestión integral de la basura, complementada por la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente, que sancionan dinerariamente y penalizan con cárcel la contaminación de descarga de desperdicios, Venezuela sigue sin Plan Nacional de Gestión de Residuos, siendo muy pocos los gobiernos regionales y locales que han contratado la elaboración de planes regionales y municipales para el manejo apropiado de la basura. Ni siquiera, vacío legal desde 2004, se ha conformado el Consejo Nacional de la Basura, y no se conoce asignación formal de presupuesto para el sector residuos sólidos.
Los escasos vertederos controlados y rellenos sanitarios que han sido refaccionados en los últimos tiempos, a las pocas semanas han tornado en vertederos a cielo abierto, administrados por trabajadores informales tutelados por los pranes de la basura.
El país urge la creación de al menos 200 plantas de reutilización y reciclaje de los residuos, que son recursos naturales valiosos que se desperdician generando emisiones de gases efecto de invernadero y consiguientemente que acrecientan calentamiento global y cambio climático global. Entre tanto, alcaldes y concejales perseveran en la adquisición de camiones y compactadores de basura para los servicios de aseo urbano e higiene.
Sin plantas de reutilización, reciclaje y valorización de los residuos en el país resultan ociosos y son desesperanzadores los pocos intentos comunitarios de separación selectiva de residuos. Es precaria la infraestructura nacional para el reciclaje, y la veintena de empresas que reciclan están reducidas al territorio de contados municipios.
Desde el Ejecutivo se entraba el desarrollo de las actuales empresas recicladoras, las cuales en vez de recibir incentivos y estímulos fiscales, son imposibilitadas de ampliar su campo de acción, incluso hasta de poder exportar importantes volúmenes de residuos sólidos que, en vez de generar divisas y empleo formal, terminan contaminando y agotando el tiempo de vida útil de los vertederos municipales. Al tiempo que se fomenta en perjuicio del país el contrabando de basura a través de las fronteras, puertos y aeropuertos gracias a la corrupción de funcionarios militares, policiales y aduanales".Ambiente y ecología