Este artículo analiza la escasa calidad democrática de las instituciones representativas españolas, tanto a nivel central como autonómico, que está creando un problema grave de legitimidad de tales instituciones. Entre ellas está no sólo la corrupción, sino incluso más importante la aplicación por parte de los partidos gobernantes de medidas impopulares que no constaban en sus programas electorales.
El aplauso de más de dos minutos de duración, de la mayoría de los parlamentarios de las Cortes españolas, a la figura del Rey en su entrada a tal cámara legislativa fue una muestra de agradecimiento al Monarca por haber intentado salvar la dignidad institucional de la Corona y de las Cortes –en teoría, los representantes de la ciudadanía española- al señalar en su discurso de Navidad, que nadie puede estar por encima de la ley. Su frase de que “todos son iguales ante la ley” intentaba dar el mensaje de que todos aquellos que abusan de su autoridad institucional en cualquier rama del Estado para enriquecimiento propio deben ser juzgados, incluyendo su yerno. Creo, por cierto, que los medios quisieron ver en el discurso del Rey una condena en la figura de su yerno más fuerte de lo que el Monarca intentó. Pero tanto los medios de información como la mayoría de los parlamentarios deseaban tan fervientemente que el Rey hiciera tal referencia al yerno, que oyeron lo que deseaban oír, aunque el Rey no hiciera ninguna referencia a su familiar, por mucho que los medios así lo desearan e interpretaran. De ahí la queja del Rey a los propios medios.
Pero tal aplauso puede significarle a las Cortes españolas también un elevado coste, contribuyendo a su desprestigio. Es más que probable que el famoso y esperado juicio al yerno –si es que se produce- quede en agua de borrajas. La Justicia en España es bien conocida internacionalmente por su lentitud además de por su conservadurismo y excesiva docilidad hacia los grupos poderosos. Véase, entre muchos otros ejemplos, el bochornoso caso Palau de Catalunya, todavía no resuelto, o el caso Garzón, el único Juez que se atrevió a cuestionar los crímenes del franquismo, que ha terminado siendo juzgado por el mismo Tribunal Supremo. Estos y muchos otros actos están desacreditando nacional e internacionalmente a la Justicia española. En el programa de humor de mayor audiencia en EEUU se comentaba que de la misma manera que Bolivia -que no tiene mar- tiene un Ministerio de Marina, España tiene un Ministerio de Justicia. Las fuerzas profundamente conservadoras que todavía controlan grandes aparatos del Estado están dando una imagen muy penosa de lo que es la Justicia en España. De ahí que la esperanza de que se haga justicia sea tan baja, y que la judicatura sea uno de los sectores del Estado más impopulares.
El descrédito de la democracia
El gran descrédito de las instituciones políticas y judiciales no se debe primordialmente a la corrupción en tales instituciones, por muy serio que sea este fenómeno. El eslogan de los Indignados de que “no hay pan para tanto chorizo” define bien el problema. Pero el eslogan más dañino para la clase política es el de “no nos representan”. Y la mayoría de los representantes se están ganando a pulso tal definición. El comportamiento escasamente democrático de las opciones políticas gobernantes alcanza unos niveles que requieren una condena y denuncia que no se ha dado en el establishment español. Baste comparar la respuesta del establishment británico a lo que ha ocurrido en Gran Bretaña con los recortes del gobierno Cameron, con el silencio ensordecedor del establishment español frente a los recortes del gobierno Mas en Catalunya y del gobierno Rajoy en España. En todos estos casos, los partidos gobernantes en sus campañas electorales habían prometido que no realizarían los recortes que ahora están haciendo. Prometieron repetidamente no hacerlos, lo cual no fue obstáculo para que, una vez elegidos, los hicieran con toda rapidez.
En Gran Bretaña hubo un gran revuelo dentro del establishment británico. Nada menos que el Arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams, denunció al gobierno Cameron por no respetar el mandato popular y cínicamente ocultar sus intenciones reales. Definió tales medidas como legales, pero no legítimas. En Catalunya y en España, los recortes han sido sustanciales, actuando con el mismo cinismo. Un conocido dirigente de la coalición gobernante de Catalunya incluso aclaró que “si hubieran anunciado los recortes, la gente no nos habría votado”. El grado de cinismo y falta de sensibilidad democrática es enorme y explica el enorme descrédito de la clase política que, repito, no se debe primordialmente a la corrupción, sino a su falta de compromiso democrático. De ahí que la crítica “no nos representan” no proceda de un movimiento antidemocrático, sino al revés, procede de un movimiento (los indignados) auténticamente democrático, que exige que exista democracia en España.
El establishment, mientras tanto, ha mantenido un silencio ensordecedor. Es inimaginable que el Arzobispo y Cardenal Rouco Varela criticara al gobierno Rajoy, o el Abad de Montserrat o el Cardenal de Barcelona denunciaran al gobierno Mas por no cumplir sus promesas. Lo único que han hecho es enfatizar la necesidad de que se elimine el aborto. Este comportamiento dice mucho del sentido de la moralidad que entiende y tiene una institución que se define como la portadora de la moralidad pública.
Una situación un tanto semejante ocurre con los medios de mayor difusión que, salvo contadísimas excepciones, no han denunciado la falta de compromiso democrático de los partidos que realizan políticas que no estaban en sus programas y que violan las promesas hechas, práctica que se ha dado comúnmente durante todos estos años. Esto está llevando a una crisis de legitimidad enorme que el aplauso al discurso del Rey por parte de las Cortes españolas ni capta, ni entiende. Como bien dijo un Indignado de Terrassa en un acto reciente, “Se están cargando la democracia española y ni siquiera se enteran”.
Fuente: http://www.attacmallorca.es/2012/01/25/lo-que-significo-el-discurso-del-rey-o-la-crisis-de-la-legitimidad-de-la-democracia-espanola/