Se podía haber evitado. Porque no es el primero ni será el último accidente laboral mortal que se produce en España en unos tiempos, como los actuales, en que supuestamente son obligatorios los reglamentos de seguridad y prevención de riesgos y accidentes en las empresas. Más de 600 trabajadores murieron a consecuencia de un accidente laboral en nuestro país en 2018, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dando lugar a un repunte de la siniestrabilidad laboral que coincide con los años de la crisis económica. Es indudable que la precariedad laboral influye en la probabilidad de siniestros, puesto que en épocas de crecimiento económico el número de accidentes mortales fue menor, pero con la crisis, desde 2013, los datos de víctimas mortales aumentaron.
Por tales situaciones existen responsabilidades que no se asumen y se eluden. Por un lado, la empresa, que no sólo mantiene unas condiciones laborales extremas, con falsos autónomos incluidos, sino que tolera la existencia de repartidores ilegales, sin papeles y sin coberturas de seguro alguna. Conoce la práctica de compartir una cuenta porque es consciente de que las condiciones y la remuneración que ofrece no permiten planificar ningún proyecto de vida digno. Y, por otro lado, el Gobierno y las autoridades competentes, porque no revierten una legislación que penaliza al trabajador, derogando esa Reforma Laboral, ni funcionan los mecanismos legales, como la Inspección del Trabajo, para detectar y corregir las prácticas de abusos laborales y las continuas violaciones del Estatuto de los Trabajadores.