Antes de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, en EE.UU. todavía se mantenía el debate ideológico entre quienes rechazaban la videovigilancia por invadir la intimidad de los ciudadanos, y quienes la defendían porque evitaba o ayudaba a perseguir delitos.
Ahora nadie niega la bondad de esos ojos auxiliares de la policía que han permitido identificar a los supuestos autores de los atentados del lunes en el Maratón de Boston, que causaron tres muertos y decenas de mutilados y heridos.
En España existía similar debate y contendientes, con la izquierda acusando a sus defensores de liberticidas.
Aunque el PSOE la tachó de neofascista, el gobierno de Aznar consiguió aprobar en 1997 una ley que permitía vigilar lugares de delincuencia y actos vandálicos habituales.
Resultó ser demasiado blanda: Zapatero amplió dos veces la variedad de espacios y los supuestos de conservación de imágenes.
Las empresas u organismos autorizados pueden grabarnos en cualquier lugar y conservar las imágenes 30 días, cuando teóricamente deberán ser borradas.
Porque si hay sospechas de algún acto delictivo relacionado con ellas pueden conservarse como prueba.
Ahora, ya no hay discusión sobre el derecho a la intimidad del ciudadano en lugares públicos y, prácticamente, todos los privados cuyos propietarios lo deseen.
El debate sobre el vigilantismo ha dejado de ser de izquierdas o derechas: ambas ideas emplean los medios técnicos o humamos que exige mantener el sistema político.
En tiempos de vandalismo y delincuencia masivos, y de terrorismo, la videovigilancia ayuda a que nuestra vida en democracia sea menos peligrosa.
Las cámaras y teléfonos con cámara son el ojo divino en las cúpulas de las catedrales, que todo lo ve, todo lo juzga y castiga al pecador.
Así que, cuidado, porque si delinquimos seguramente nos mandarán a un desagradable infierno.
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SALAS