Aunque la esterilización puede ser una opción de planificación familiar efectiva para muchas mujeres, cuando se realiza sin el consentimiento previo y plenamente informado de ellas es una grave violación de sus derechos humanos, específicamente de su salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR). El resultado de la 56ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW56) de 2012 sobre SDSR, en la cual las reacciones fundamentalistas bloquearon las Conclusiones Convenidas, y más recientemente el 46º Período de Sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, en el cual fue diluido el lenguaje sobre SDSR, son ejemplos de algunos de los obstáculos que aún existen para asegurar que las mujeres, especialmente las jóvenes, tengan un acceso universal a SDSR. A medida que el movimiento de mujeres se esfuerza por mantener los derechos actuales acordados, es importante prestar una estrecha atención a las políticas y prácticas que los socavan.
La esterilización forzada, un método coercitivo de planificación familiar que involucra extraer o inhabilitar quirúrgicamente los órganos reproductivos sin un consentimiento pleno o informado, es una clara violación de la integridad corporal y la autonomía. Según Radhika Coomaraswamy, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer: “La esterilización forzosa, grave violación de los derechos reproductivos de la mujer, es un método de control médico de la fertilidad de la mujer sin su consentimiento. Esencialmente, la esterilización forzosa que viola la integridad física y la seguridad de la mujer constituye violencia contra la mujer”.[1]
Manipular el cuerpo de una mujer contra su voluntad le roba la capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo el número de hijas e hijos que tendrá, y es una violación de derechos fundamentales—entre ellos el derecho a la salud—que se supone están protegidos por tratados e instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 7), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer—CEDAW (Artículos 10h, 12, 16e y Recomendación general 19), laDeclaración y Plataforma de Acción de Beijing (La mujer y la salud, párrafo 94) y, dentro de los confines de un ataque sistemático o generalizado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en su Artículo 7e identifica específicamente la esterilización forzada entre varios crímenes de lesa humanidad.
Las prácticas discriminatorias son centrales para la esterilización forzada y ésta suele ser prescrita a mujeres jóvenes con VIH y sida, mujeres con estilos de vida no convencionales en cuanto al género, mujeres jóvenes y niñas con discapacidad y mujeres indígenas (entre otras), quienes con frecuencia son forzadas a esterilización y otros procedimientos. En Uzbekistán, el control de la natalidad ha significado que dichas mujeres están en riesgo de ser esterilizadas, mientras que en Namibia se ha evidenciado una clara discriminación contra mujeres con VIH y sida[2] que son forzadas a la esterilización.
Uzbekistán: Control de la natalidad
A pesar de reportajes de prensa y preocupaciones expresadas en el Comité contra la Tortura, de las Naciones Unidas, las autoridades uzbekas continúan negando la realidad de la esterilización forzada en su país. Hasta una reciente investigación de dos meses realizada por la BBC y Radio 4, había habido muy pocas denuncias sobre estos abusos contra los derechos humanos. En un clima político donde no se tolera el disenso,[3] esto también ha significado que las entrevistas con mujeres, médicas/os y funcionarios/as del Ministerio de Salud son escasas y generalmente anónimas.
Los casos[4] que han sido documentados por la BBC sugieren que el procedimiento quirúrgico suele llevarse a cabo durante el trabajo de parto. Varias/os médicas/os admitieron que recientemente ha habido un aumento de cesáreas. Un jefe de cirugía en un hospital cerca de Taskent, la capital de Uzbekistán, cree que el 80 por ciento de las mujeres da a luz por cesárea y agrega: “Esto hace muy simple realizar la esterilización y atar las trompas de Falopio”. Otro médico se refirió específicamente a la Resolución 1098[5], la cual “dice que después de tener dos hijos, en algunas áreas después de tres, una mujer debería ser esterilizada”.
Se cree que la esterilización forzada en Uzbekistán es parte de un programa de control demográfico. Con una población de casi 30 millones de habitantes, es el país más grande en Asia Central. Y la teoría no es improbable, en vista de otros intentos del Gobierno uzbeko por regular los nacimientos, incluyendo cuotas que médicas y médicos deben cumplir para frenar la elevada tasa de fertilidad.[6] Una ginecóloga en Taskent dijo a la BBC: “A cada doctor se le dice a cuántas mujeres se espera que les practique contracepción, cuántas serán esterilizadas. Hay una cuota. Mi cuota son cuatro mujeres al mes”.[7]
Una tendencia preocupante es que el lenguaje referido a la planificación familiar y los derechos reproductivos está siendo manipulado en contra de los propios principios que representan. La salud y los derechos sexuales y reproductivos implican la elección sexual y reproductiva, libre de violencia y coerción. El programa Mejoramiento de los Servicios de Salud Materna e Infantilde Uzbekistán, un esfuerzo conjunto de UNICEF y la Unión Europea, tiene el objetivo de “mejorar la calidad de la atención a madres, niñas y niños y promover prácticas de búsqueda de asistencia médica entre familias y comunidades”, pero aparentemente la realidad ha tenido el efecto contrario. A fin de alcanzar las metas en materia de salud reproductiva, el Gobierno parece haber impulsado un enfoque de solución rápida que viola los cuerpos y la autonomía de las mujeres como una manera de “proteger” la salud materna. “Es una formula simple—menos mujeres dan a luz, menos de ellas mueren”, dijo un cirujano en el reportaje de la BBC. De modo que en lugar de apoyar salud y derechos sexuales y reproductivos reales como una opción más sostenible y basada en los derechos mediante el acceso a servicios e información, incluido el acceso a diversas opciones de planificación familiar, el Gobierno de Uzbekistán está adoptando un enfoque equivocado.
Namibia: Altas tasas de VIH y sida
En Namibia, un país con una significativa prevalencia de casos de VIH y sida, el dictamen del Tribunal Supremo que sentenció al Estado por la esterilización forzada de tres mujeres embarazadas que están infectadas por el VIH es sólo un pequeño paso hacia la justicia. Una apelación del Gobierno fue interpuesta septiembre del año pasado y el alegato de que estas esterilizaciones forzadas habrían sido realizadas debido al estado de VIH de las mujeres—un claro ejemplo de discriminación en función del VIH—fue desestimado por falta de pruebas concluyentes.
En cada uno de estos tres casos, los médicos les informaron a las mujeres—cuando ellas optaron por dar a luz mediante cesárea para evitar transmitirles el VIH a sus bebés—que la esterilización era un requisito para la cirugía, con lo cual coaccionaron su consentimiento. Aunque el Tribunal Supremo no pudo vincular los abusos a la discriminación basada en el estado de VIH, entre 2008 y 2012 el Centro de Asistencia Legal, una entidad legal de interés público con sede en Windhoek, documentó 15 casos de mujeres con VIH que fueron sometidas a esterilización forzada. También la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW) documentó 40 casos en su informe de 2009 denominado La esterilización forzada y coaccionada de mujeres con VIH en Namibia [disponible en inglés].
Reconocer judicialmente que las mujeres están siendo esterilizadas sin su consentimiento es un paso importante hacia la justicia, pero no aborda la brecha legislativa de conocimientos en materia de SDSR—un motivo de decepción además de la renuencia del Tribunal Supremo a reconocer la discriminación relacionada en función del VIH y de un gobierno que no está dispuesto a aceptar su responsabilidad.
El informe de la ICW concluye: “el Gobierno de Namibia es cómplice en la práctica carente de ética de esterilizar a mujeres positivas [con VIH]”—un punto que ha sido argumentado porJennifer Gatsi-Mallet , Directora Ejecutiva de la Red por la Salud de las Mujeres en Namibia (NWHN), en un reportaje de Think Africa Press de 2012, en el cual explica que durante una reunión de la NWHN con hospitales de Onandjokwe en la región norte, dos médicos y el oficial de programas para el VIH revelaron que habían estado esterilizando (sin consentimiento) de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud. Al preguntarles a estos profesionales qué había influido en tales directrices, ellos respondieron que las mismas se basaban en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para “asegurar que las mujeres infectadas [por el VIH] no queden embarazadas e infecten a sus bebés”. Es interesante señalar que, según el reportaje de Think Africa Press, sólo una publicación de la OMS sobre el VIH y el sida se refiere significativamente a la esterilización, indicando (en la sección 2.2.2.6, pág. 23): “Dado que la esterilización es un procedimiento cuyo propósito es ser permanente, debe darse una atención especial a velar por que cada mujer haga una elección voluntaria informada del método... El personal de cuidados de salud debería asegurar que las mujeres no sean presionadas o coaccionadas a someterse al procedimiento”. Sin embargo, el Ministerio de Salud niega haber emitido directrices para esterilizar a mujeres con VIH o tener conocimiento de que en el país se estaban realizando esterilizaciones forzadas.
Al igual que en Uzbekistán, el lenguaje sobre SDSR (en este caso, de la OMS) está siendo cooptado para privilegiar una estrategia gubernamental de “salud” que carece de un enfoque sostenible y basado en los derechos. Un lenguaje cuya intención es proporcionar a las mujeres elección, información y acceso a servicios de SDSR está siendo manipulado para impulsar violaciones patrocinadas por el Estado contra los cuerpos y los derechos fundamentales de las mujeres. En vez de dar respuesta a la propagación del VIH con soluciones reales, incluyendo el acceso a información y educación sobre SDSR, así como a diversos métodos de planificación familiar, la “solución rápida” regulada por el Estado socava los principios básicos de los derechos humanos, despojando a las mujeres de sus derechos corporales, su derecho a la salud, su autonomía y seguridad.
Acceso a información y soluciones a largo plazo
Aunque las supuestas razones de la esterilización forzada en ambos países son diferentes, el resultado para las mujeres es el mismo: graves abusos contra sus cuerpos y sus derechos. En lugar de afrontar los asuntos reales subyacentes en la sobrepoblación y las crecientes tasas de VIH y sida, la esterilización forzada se convierte en una medida superficial de control por parte del Gobierno, todo el tiempo violando a las mujeres y los acuerdos internacionales que buscan protegerlas.
En Uzbekistán es limitada la conciencia sobre las opciones de planificación familiar. En un reportaje reciente del Instituto de Informes sobre la Guerra y la Paz (IWPR), un trabajador de salud materna e infantil explicó que “éstos son temas tabú... así que, en vez de educar al público, el Gobierno está yendo por el sencillo camino de reducir por la fuerza la tasa de natalidad”.
En Namibia, desigualdades de género muy arraigadas han significado desequilibrios en las relaciones de poder en las cuales los hombres dictaminan el uso de métodos anticonceptivos, lo cual deja a las mujeres “especialmente en riesgo de contraer el VIH porque, como regla, sus posiciones sociales y económicas relativamente débiles les dificultan evitar las relaciones sexuales con un compañero que tiene el VIH u otras ITS [infecciones de transmisión sexual] o exigir el uso de condones”.
En ambos casos, una solución real que protege a las mujeres y sus derechos fundamentales por encima de todo es apoyar a las organizaciones de derechos de las mujeres que están trabajando en pro de aumentar la conciencia sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos y de que se comprenda la realidad de los desequilibrios en las relaciones de poder, así como trabajar con mujeres y hombres para superar retos globales como la sobrepoblación y la propagación del VIH.
* La autora agradece a Marisa Viana por su contribución a este artículo.
Notas: Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy: Políticas y prácticas que repercuten sobre los derechos reproductivos de la mujer y contribuyen a la violencia contra la mujer, la causan o la constituyen (E/CN.4/1999/68/Add.4), 21 de enero de 1999, párrafo 51. Ver: GNP+, ICW, Young Positives, EngenderHealth, IPPF, ONUSIDA, Fomento de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos de las personas que viven con el VIH: Paquete de orientación. Ámsterdam: GNP+, 2009. Según el informe Against Her Will: Forced and Coerced Sterilization of Women Worldwide [Contra su voluntad: Esterilización forzada y coaccionada de mujeres a nivel mundial], publicado por Fundaciones para una Sociedad Abierta, pocas mujeres que han sido esterilizadas forzadamente están anuentes a pronunciarse por temor a represalias. El país que esteriliza a sus mujeres en secreto, Natalia Antelava, BBC, 12 de abril de 2012. Al momento de escribir este artículo no había documentación disponible sobre la “Resolución 1098”. Nota de la traductora: Ver: Uzbekistan: “Three Children Is Enough for You”[Uzbekistán: “Tres hijos son suficientes para usted”], Lydia Guterman, Fundaciones para una Sociedad Abierta, 13 de abril de 2012; y Esterilización forzosa de mujeres en Uzbekistán, Radio La Voz de Rusia, 14 abril 2012. Medidas del Decreto No. PP-1096, del Presidente Islam Karimov, sobre medidas adicionales para proteger la salud materna e infantil y la formación de una generación saludable. Ibíd., nota 4.
Por Ani Colekessian* Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 7 de junio de 2013. Título original: Violating Women’s Rights: Forced Sterilization, Population Control and HIV/AIDS. Traducción: Laura E. Asturias Photo Credit: End Forced Sterilization