Por Gabriel Díaz, responsable de publicaciones de Global Humanitaria.
“La pobreza tiene nombre de mujer. Las mujeres (del campo) que son agredidas viajan hasta la comisaría más cercana, horas, gastan el poco dinero que tienen, caminan y cuando llegan, muchos funcionarios les dicen que vayan más tarde. La mujer que vive en el campo no tiene otro remedio que volver a la casa y seguir con la misma situación, compartiendo el mismo techo con su agresor”.
Así lo ha comprobado Belia Quiñones, quien lleva 20 años trabajando como abogada, defendiendo los derechos de las mujeres del campo, las más vulnerables de Perú. Buena parte de ese tiempo lo ha dedicado a luchar contra la violencia doméstica, a cambiar esquemas machistas y a fortalecer la ley. “Pero las resistencias son grandes”, indica la abogada. “Tenemos que sensibilizar a la población a todos los operadores que intervienen cuando se da un caso de violencia contra una mujer. Medicina legal, jueces, fiscales y funcionarios policiales están rotando permanentemente de un puesto a otro”.
Ése es un problema y también lo es la ley peruana que sólo procesa por vía penal aquellos casos en los que aparece agresión física o tentativa de homicidio. Y si la sentencia es menor a cuatro años no se hace efectiva, basta con que el agresor se presente en el juzgado, firme un control mensual y observe ciertas reglas de conducta.
Esto es una gran prueba del grado de indefensión en que se encuentran mujeres que sufren amenazas, agresiones psicológicas o maltrato que no deja rastros físicos, dice Quiñones. Y si la agresión es visible, no existen garantías de que la ley se vaya a cumplir. “El machismo está muy arraigado. El 85 por ciento de los casos de violencia familiar afecta a mujeres”.
“Por ejemplo cuando hay reuniones comunitarias solo los hombres se sientan en las sillas, mientras las mujeres se sientan en el suelo. Las mujeres no hablan. Los hombres llegan a caballo, las mujeres a pie. Pero son ellas las que tienen que llevar la comida”, agrega.
El cambio pasa básicamente por la educación, con profesionales que trabajen en las escuelas el tema de género, pero el panorama no es favorable. La abogada peruana asegura que para atener los casos de violencia que ocurren en 13 provincias hay un solo psicólogo que trabaja para el distrito judicial de Puno Región. “Queremos que en Perú el desarrollo económico vaya de la mano de igualdad de oportunidades y de justicia, el desarrollo social es mucho más importante que el material”, concluye.
En la imagen, Belia Q. junto a un grupo de mujeres de Puno.
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