La derecha española no tiene una línea estratégica definida en materia de inmigración. Pero esto no le impide explotar de manera insolente el fenómeno migratorio. Invocar a estas alturas, nada más y nada menos que al derecho de sangre para obtener la nacionalidad, supera todo lo imaginable. Sólo la ignorancia puede abocar a semejante desatino, esto, a mi entender, descalifica a estos inútiles y les inhabilita para dirigir un país que aspira a convertirse en un modelo de modernidad en la UE.
Algo así sólo puede calificarse de xenófobo, esto recuerda a la Alemania nazi y su peculiar historia sobre la nacionalidad asociada a la pertenencia racial. Así lo único que se consigue es que los inmigrantes sólo sean trabajadores de paso sin perspectiva de integrarse en la sociedad. Esta relación con el extranjero levanta una muralla infranqueable de convivencia. En Francia, por ejemplo, se considera al extranjero un semejante en potencia.
Esta indeseable situación podría cambiarse por el derecho de suelo, cambiando radicalmente la situación sobre la nacionalidad. En España para obtener la nacionalidad no basta con haber nacido en territorio español, sino que es necesario que uno de los progenitores tenga la nacionalidad, que ambos sean apátridas o que se desconozca la identidad de ambos. En términos jurídicos, a diferencia de otros países, en España se impone el derecho de sangre sobre el derecho de suelo. Unas 520.000 personas poseen nacionalidad extranjera pese a haber nacido en España.
A veces cumplir con los requisitos para solicitar la nacionalidad por residencia no es suficiente. Hay muchas personas pendientes de obtenerla. En 2015 entró en vigor el registro telemático, una medida pensada para agilizar el proceso, evidentemente no ha obtenido los resultados esperados. El proceso se dilata años. Quizás exista cierta falta de voluntad política Además, para la obtención de la nacionalidad española por residencia es necesario superar dos exámenes. Acreditar un conocimiento básico de la lengua española y conocimiento de la Constitución y de la realidad sociocultural.
A todo esto hay que sumarle también los 200 euros que cuesta el proceso y los 102 euros que, desde 2015, son necesarios para iniciar los trámites, sin olvidar el coste que supone la obtención de documentación en el país de origen.
Ahora es tiempo de elecciones y el voto de las personas extranjeras puede ser una herramienta poderosa de integración, pero su participación política es uno de los ámbitos más débiles dentro de los procesos de integración.
Pero los españoles lo tienen igualmente difícil para votar desde el extranjero. Hace falta una buena dosis de paciencia y estar muy motivado para ello. La ley que obliga a rogar el voto es antes que nada un obstáculo. Solamente vota el 5% del electorado que vive en el exterior, lo que ha hecho que el voto haya caído un 85% en los últimos procesos electorales. Se supone que la reforma de la ley electoral se aprobó con el propósito de evitar el fraude electoral. Pero, quizás oculte intenciones de carácter político. Existen fórmulas mucho mas sencillas. El día de las elecciones generales, los ciudadanos residentes en el extranjero, sin ningún trámite previo, sencillamente podrían acudir a votar a su consulado más próximo. Esto ya se ha hecho, y con éxito, en Finlandia. Tal vez, con algo de voluntad política, los ciudadanos podrían recuperar un derecho fundamental. El de votar.