“Estoy convencido –confiesa Delgado– de que, en marzo, cuando se dieron las clases por cerradas, como consecuencia del confinamiento general: primero, las autoridades educativas (estatal y de las CCAA) apenas tenían idea de las enormes carencias del Sistema (?), y, en segundo lugar, pensaban que en septiembre podrían abrir los centros con cierta normalidad y seguridad, ya que la transmisión del virus se habría reducido. Me consta que, desde hace más de cuatro meses, diversidad de colectivos, desde las asociaciones de madres y padres, sindicatos del profesorado, las mareas, etcétera, le han ido trasladando al Ministerio de Educación y FP y a las diversas Consejería propuestas y posibles soluciones para el inicio del curso. Pero, salvo honrosas excepciones, muchas han caído, por ahora, en ‘saco roto’. Y, si el proceso se hubiera desarrollado de otra forma, no estaríamos en esta situación de confusión e incertidumbres. Me da la impresión que, desde el poder político, no han tenido en cuenta que cada centro (público o privado) es ‘un micro-mundo’, de tal forma que influye el claustro, como el equipo directivo, sociológicamente, el barrio o, si es zona rural o urbana, si son centros de alta densidad o de muy baja densidad escolar, el tamaño y ubicación de los espacios y las aulas, si es un centro común o están experimentando algún modelo de innovación educativa, si es de infantil y primaria o es de secundaria y hasta la climatología influye. Tener esto en cuenta por parte de las instituciones sanitarias y educativas, es crucial para hacer las cosas lo mejor posible. Por ello se necesitan los medios adecuados a cada casuística, flexibilidad en los protocolos, fomentar mucho el diálogo en el seno de la comunidad educativa y, sobre todo, puesto que ha habido –hasta ahora– una cierta inacción política, ir paso a paso, aunque cueste más tiempo y esfuerzo. Desde luego, y por este orden, donde más habría que centrarse y apoyar… es, inicialmente, en los centros de infantil y primaria, después en los ámbitos y barrios de familias de mayor vulnerabilidad, también en aquellos centros de mayor densidad de alumnado y, por último, en los centros que, por sus características arquitectónicas y de espacios inadecuados, generen mayores problemas, para tomar medidas higiénicas y de distanciamiento. Y ahí los servicios de inspección educativa deberían de ser vitales”.
Delgado nos advierte que se avecinan días muy difíciles, con cuarentenas, posible cierre de aulas y centros. Pide, por ello, paciencia y diálogo en el seno de la comunidad educativa y con las autoridades sanitarias y educativas. “Yo, personalmente, a la vista de las actuales circunstancias (a 31 de agosto), retrasaría la apertura presencial durante algunas semanas, allá donde sea necesario como ya están apuntando algunas CCAA y el comienzo de curso lo haría de forma muy escalonada. Comenzando, inicialmente, por los cursos más bajos, en los barrios de los sectores más desfavorecidos, en el ámbito rural y donde haya una baja densidad de alumnado. No pasa nada si se hace así, son circunstancias muy excepcionales. Así se va observando la evolución de las primeras aperturas y de la situación y extensión del virus, municipio a municipio, comarca a comarca. Hay que concienciarse de que va a ser un curso diferente y complejo. Todos los protocolos que, hasta ahora, se han hecho por parte del Ministerio y de las CCAA, tienen cosas válidas, pero también algunas lagunas y, en algunas cuestiones, muy poco realistas. Por ello habrá que implementarlos y adecuarlos a cada momento y circunstancia. Para ello habría que buscar la máxima complicidad posible de las instituciones sanitarias y de educación y de los servicios de inspección, con las organizaciones y sindicatos del profesorado, con los claustros, con las AMPAS y las familias y, en los ámbitos de secundaria y FP, también con las organizaciones estudiantiles. Es pertinente el acuerdo de que haya una persona (o equipo) de “referencia covid-19” en cada centro, siempre en consonancia y en cumplimento de la Ley de prevención de riesgos laborales y en permanente sintonía con las autoridades sanitarias y educativas. Por ello, sería muy necesario contar con personal especialista sanitario (de enfermería) en todos los centros. Cuestión que se venía exigiendo desde hacía años, por otros muchos motivos y que ya existe en algunas CCAA”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene, según Nacho Caballero en ElPlural.com, que “el problema no es el colegio, sino todo lo contrario”. Asegura que los centros educativos van a ser “lugares muy seguros” y que “hemos bajado las ratios y hemos priorizado la educación especial porque tienen algún tipo de discapacidad y sus padres lo están pasando realmente mal”. “Mientras sea presidenta –zanja–, la Educación Especial va a ser mi niña bonita”. Ayuso aventura que los rebrotes estarán controlados en las aulas y, en el caso de que un niño se contagie, se hará la prueba PCR a toda la clase y “quien dé positivo se pondrá en cuarentena. Ese alumno podrá seguir las clases por streaming, con el refuerzo de un tutor, y cuando termine la cuarentena volverá al aula”, avanza la jefa del ejecutivo regional, quien sentencia que “no se puede dejar a una generación entera sin acudir a clase otra vez. No se puede parar el país, pero tampoco la capital del mismo”, asevera. “Desde el mes de mayo, estuve recordándole al Gobierno qué se iba a hacer con Barajas y la vuelta al colegio”, desliza Ayuso, acusando al presidente del Gobierno de “contraprogramarme” cuando se anunciaron las medidas del regreso a las aulas. La presidenta del ejecutivo regional recuerda que Madrid estuvo instalada varias semanas en fase 0 por “decisiones caprichosas” de un comité de expertos que “luego hemos sabido que no existía”. Además, ha hecho alusión al “coladero” de Barajas, cuando en uno de sus informes sólo ha supuesto el 0.2% de los contagios de esta semana en la región. Ayuso rechaza el confinamiento total porque tiene que ser “lo evitable. Estamos en jaque, pero los niños tienen que volver al colegio y estar con los chicos de su edad. Las familias más vulnerables no pueden tener a dos o tres niños en casa estudiando juntos y sin apenas medios”. Y subraya que busca la inspiración en la “escuela del pasado” con una relación más cercana y de autoridad entre “alumno y profesor. Por este motivo no necesito huelgas ni nada”, declara Ayuso.
“La gran mayoría de la prensa –continúa Carlos Gistau– no pierde ocasión para ridiculizar en sus titulares las diferencias en el uso de la mascarilla, la ventilación de las aulas y la toma de temperaturas que existen en las distintas CCAA. Intentan con ello ganar el discurso hacia un aspecto concreto de la cuestión, que no del problema. La pandemia y el cierre de las escuelas de marzo, como ahora el número de contagios y sus zonas (los barrios populares), pone de manifiesto, una vez más, los graves problemas de fondo de la sociedad. Problemas profundos que son previos a la pandemia, como bien nos recordó el anterior relator de la ONU, Philip Alston en su informe sobre la pobreza en España de 2018… A día de hoy, las personas que han presentado la solicitud de Ingreso Mínimo Vital son más de 800.000; las que están en el desempleo rondan el 20%, 7 puntos más que en 2018; y quienes se hallan en ERTE superan el millón. El empobrecimiento general de la población fue resultado de una decisión política que protegió a los más adinerados. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante se incrementaron menos del 2%. La crisis de 2008 se enjugó por parte del gran capital sobre la base de recortes y más recortes en los servicios (derechos básicos) e incremento de la precariedad para la ciudadanía, y de rebajas fiscales para los más opulentos. Dicho de otra manera, se degradó la propia condición de ciudadano/a y de persona, encogiendo la democracia y reduciendo de manera cada vez más evidente el conjunto del entramado legal a un simple instrumento para el pago de la deuda a sus tenedores (cambio artículo 135 de la constitución) y para la profundización de la represión como respuesta (leyes Mordaza). Tras una década, tales recortes y sus efectos continúan sin revertirse. Se trata de una lluvia fina que cala y que se encuentra, por ejemplo, detrás de la brutal brecha digital que separa al alumnado y que se puso de manifiesto en el cierre de los centros bajo el confinamiento. Una expresión del empobrecimiento de la sociedad, de la falta de inversión y la escasez de garantía y compromiso democrático por parte de los gobiernos de turno (autonómicos y estatales) con un derecho democrático como la educación. En los años de pre-pandemia y austeridad se aumentaron las ratios por clase, se tomaron laboratorios y bibliotecas para dar cabida a más alumnos, se recortaron espacios comunes y se redujeron profesores y otros técnicos. Se degradó la enseñanza pública de manera muy especial. Se fragilizó el empleo hasta el extremo de que 53.000 interinos deben ser recontratados año a año; se redujo la parte del PIB que se destina a educación a un 3,75% (previamente a la anterior crisis, se situaba en un ya escaso 4 %). En definitiva: se perdieron nada menos que 9.000 millones por causa de los recortes.
Y es precisamente ahora cuando se habla de reducir ratios para garantizar mejor la seguridad y de desdoblar aulas, de contratar profesores y personal de apoyo, de incrementar los medios tecnológicos. “Pero tales afirmaciones –concluye Carlos Gistau– no representan mucho más que discurso. De hecho, el documento del Consejo del 27 agosto apenas trata el tema; además, no es de obligado cumplimiento. O sea, da vueltas sobre un problema provocado por la austeridad neoliberal, pero se niega siquiera a señalarlo, como si por el hecho de no nombrarlo se pudiera escapar de él y sus terribles consecuencias. Por puro sentido común, la comunidad educativa reclama una apertura del curso presencial y segura. La reclama en defensa de la igualdad social y de la propia enseñanza; exige más personal, lo que supone mucho más que la obligada recontratación anual de los 53.000 interinos; se solicita revertir lo recortado para poder empezar a hablar en serio y se exige que se destine una parte directa de los fondos que vendrán de la UE a educación. Y las autonomías han dejado para última hora el regreso a las aulas. Una vuelta dominada por esa austeridad no revertida y por una cicatería de medios que continúa siendo el elemento determinante en su diseño, junto a la voluntad evidente de sacudirse toda responsabilidad política. Con algo de esta lógica, rompe positivamente el acuerdo alcanzado en la Comunitat Valenciana. Allí el conjunto de la comunidad educativa y el gobierno autonómico surgido del Pacto del Botànic firmaron un acuerdo por el que dicho gobierno destinará 200 millones de euros a adecuar espacios para impartir enseñanza y a la contratación de 4.600 profesionales. Veremos en qué queda, pero, en todo caso, se trata de una línea diametralmente opuesta a la de la Comunidad de Madrid, donde se espera una huelga en la enseñanza que seguirá a la organizada por las escuelas de idiomas a principios del verano. Los paros están convocados por todas las centrales sindicales en todos los tramos educativos, menos el universitario. Las jornadas elegidas inicialmente fueron el 4, 8, 9 y 10 de septiembre. Pero posteriormente han sido aplazadas al 22 y 23 de septiembre”.
“En tiempo de descuento –escribe Juan Carlos Escudier en Público– se ha logrado consensuar un paquete de medidas sanitarias para que no se diga que los chavales no nos preocupan… Pero, ¿qué fue de los 15 alumnos por clase, esa ratio que la propia ministra estimó ineludible hace algún tiempo? ¿Qué fue de las contrataciones de docentes y de la ampliación de espacios o de la construcción de nuevos centros? ¿Y qué pasa si hay que cerrar un colegio entero? No nos precipitemos porque ya lo iremos viendo cuando el carajal sea evidente y no la mera presunción que se tiene en estos momentos sobre el caos que se avecina. El caso es que, mientras se habla de un nuevo modelo productivo para que la profesión del futuro deje de ser la de camarero, a pocos de nuestros próceres se le ha ocurrido plantear un nuevo sistema educativo aprovechando lo del Pisuerga a su paso por Valladolid. ¿Cuántas décadas se lleva hablando, no ya de los 15, sino de los 20 alumnos por clase? ¿Cuántos colegios e institutos públicos se construyen anualmente? ¿Qué se ha hecho por revertir los recortes en Educación de la anterior crisis? ¿Alguien se acuerda ahora de Finlandia además de por sus saunas? ¿Seguiremos combatiendo la despoblación de la España vaciada cerrando las escuelas de los núcleos rurales? ¿Es presentable que la mitad de las escasas contrataciones en Educación sean de obra y servicio? ¿No son una puñetera vergüenza las actuales bolsas de interinos? Basta con repasar los informes anuales del Consejo Escolar del Estado para comprobar el estado del sistema educativo y, de paso, confirmar la utilidad del propio Consejo. Tendremos la respuesta de por qué cada uno de estos documentos parecen calcados de los de años anteriores ya que son escasas las recomendaciones que las autoridades en la materia no se pasan por el forro. ¿Alguien sabe qué fue del plazo de diez años establecido en la LOE –hablamos de 2006– para que el gasto público en educación se equiparara a la media europea? ¿Ha protestado alguien, además de profesores y alumnos, convidados de piedra en vez de piedras angulares, porque la inversión educativa sea ahora la menor de la serie histórica y que, a consecuencia de ello, en relación al PIB, hasta Malta nos gane por goleada? En consecuencia, no pidamos peras al olmo, que bastante tiene con explicar qué habría que hacer sin mover siquiera una pestaña para llevarlo a la práctica”.
Escudier nos recuerda el caso de la formación profesional, de la que nuestra dirigencia no se cansa en afirmar que es vital para ese nuevo modelo productivo del que antes se ha hecho referencia. “Así, nos hemos cansado de escuchar que sin una buena FP no habrá inserción laboral y que es urgente coordinar esta enseñanza con empresas y vincular sus grados superiores con los centros tecnológicos de las universidades. ¿Cuál es la realidad? Pues que casi dos tercios de las nuevas matriculaciones en Formación Profesional han de formalizarse en centros privados porque los públicos son incapaces de atender la demanda. Por eso de hacer de la necesidad virtud era este un buen momento para diseñar –y ejecutar de una vez– un plan de inversiones en educación no sólo para enfrentar la pandemia sino para asentar las bases de un nuevo sistema. Más allá de las vaguedades inherentes a su oficio ¿han escuchado a algún responsable político cuantificar las necesidades en infraestructuras, personal, formación o tecnología a las que habría que hacer frente? Lo hizo en mayo CCOO. Cifraba en 7.400 millones la inversión necesaria, una cantidad que no parece exorbitante. De ellos, algo más de 5.000 millones corresponderían a profesorado con 165.000 nuevos docentes. ¿Descabellado? Italia ha contratado a 100.000 profesores de manera permanente y prevé hacer lo mismo con otros 50.000 a lo largo del curso. Aquí no llegaremos a los 25.000 porque para eso Díaz Ayuso va a instalar en las aulas unas webcams que son la bomba. En unos días veremos el resultado de la sesuda planificación española para la vuelta al cole. Nada se ha pensado y nada se ha previsto, salvo aquello que por efecto de la gravedad caía debido a su peso. ¿Qué puede salir mal?”
Fotomontajes, imágenes y fotos sorprendentes:Primero, llama tarde y mal al profesorado con pruebas serológicas privatizadas y pasándose por el forro la LOPD. Después, tiene que suspenderlas por saturación y descontrol. Y, de remate, se pone en modo asustaniños....(Skakeo FanZine).
El caos de Ayuso con los profesores, portada del 'The New York Times'. El diario estadounidense se suma a los medios internacionales que fijan su mirada en la esperpéntica gestión de la Comunidad de Madrid.
Cinco años después del atentado terrorista contra la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo', el pasado miércoles comenzó el juicio contra los presuntos cómplices de los atacantes, que fueron abatidos por la Policía. La revista vuelve ahora a publicar las viñetas y caricaturas de Mahoma por las que, en el 2006, comenzaron a recibir amenazas yihadistas y que terminaron en un atentado, en enero de 2015, dejando 12 muertos y once heridos. “Todo esto por esto” es el título que acompaña a las viñetas de Mahoma en la portada de la revista, ante el inicio del proceso judicial por el atentado terrorista. “Charlie Hebdo”, decidió recordar las imágenes por las que comenzaron a recibir amenazas que se tornaron en ataque en el fatídico 7 de enero de hace cinco años, cuando los hermanos Kouachi entraron en la redacción del semanario y acabaron con la vida de 12 personas en un tiroteo. Los terroristas huyeron, pero fueron abatidos por la Policía a las afueras de París, por lo que el juicio tratará de dilucidar el papel de los supuestos cómplices del ataque.
“¡Qué vergüenza! –me comenta, indignado Pep Roig, acostumbrado a sus habituales dibujos de humor– El país les importa un rábano. Se cumple aquello de ‘que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros’. Ya les va bien, teniendo tantos juicios pendientes por corrupción, que, en el Poder Judicial, en el Supremo, en el Constitucional, y en el Tribunal de Cuentas, persista la mayoría el PP estableciera. Europa ya ha mandado varios avisos. Hace dos años que la renovación debería haberse producido, y se siguen nombrando jueces para el supremo, que son perpetuos hasta la jubilación de los magistrados elegidos. Mientras los partidos tengan poder decisorio, le independencia judicial está muy en duda”.
Los Franco tendrán que devolver al dominio público el pazo de Meirás. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de una sentencia explicita que el inmueble localizado en Sada fue un regalo a Franco como jefe del Estado, y no al dictador a título personal. Y condena a la familia del dictador a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
“Martín Villa fue una figura clave en la política que hizo posible la democracia española”, dice Josep Borrell, siendo ministro de Exteriores, en mayo del 2019. Son elogios presentados a la jueza argentina que pretende la acusación de Martín Villa por crímenes de lesa humanidad.
Las redes sociales se llenan de sátira después de que Amazon haya elegido Génova 13 para anunciar una serie sobre superhéroes corruptos.
El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Enrique, Manel F., Pat, Eneko, Vergara, Manel F, Atxe...
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