Elena Ortega, Madre de Alfon, a las puertas del Congreso. Tras ella, diputados de la izquierda parlamentaria.- Ballesteros ( EFE)
A Alfon se le imputan tres delitos. En el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, el joven tiene abierto un procedimiento por tenencia de explosivos; otro, por atentado contra la autoridad que se le imputó durante la protesta del 15-M y, el 21 de noviembre, se le abrió otro nuevo en el Juzgado de instrucción número 21, en el que también está imputada Daira, su novia. Pero las reacciones a la noticia no se hicieron esperar. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, interrumpió una rueda de prensa al enterarse de su libertad para felicitar a la familia y dijo que “lo de Alfon ha sido un aviso a navegantes. Una medida de escarmiento para avisar a la gente de que el Gobierno puede llegar muy lejos”. Añadió que “en la hoja de ruta del PP está que la resistencia de los ciudadanos a la austeridad se va a reprimir al máximo”. IU-Madrid celebró la liberación del joven y, en una nota de prensa, exigió “responsabilidades por esta arbitraria detención, más propia de otros tiempos que de la etapa democrática”.
Fue ingresado en la prisión de Soto del Real, donde siguió bajo el régimen de aislamiento FIES 5, el mismo que se aplica a internos vinculados a la delincuencia internacional o a condenados por terrorismo islamista y que limita las comunicaciones escritas y habladas con el exterior. Según explicó su abogado, Erlantz Ibarrondo, “es un régimen carcelario que implica tortura psicológica”. El delito que se le imputó fue “alarma social”, un precepto que no está incluido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) y que su abogado califica como “aberración jurídica”.
Miles de manifestantes acudieron a la Puerta del Sol para pedir la puesta en libertad del único preso de la jornada de huelga general del 14-N que permanecía en prisión preventiva. En Barcelona, la concentración se produjo en el carrer Mallorca, frente a la sede de la subdelegación del Gobierno español. Las concentraciones, celebradas en las principales plazas de numerosas capitales de provincia españolas, así como embajadas españoles en toda Europa, fueron convocadas por la Plataforma por la libertad de Alfon, que aglutinó a diversos colectivos sociales, políticos, vecinales, y agrupaciones vinculadas al 15-M. “Libertad a los presos políticos”, “Democracia dónde, terroristas quién?” fueron los cánticos más coreados en Madrid, especialmente dirigidos contra la delegada de Gobierno. Elena Ortega, la madre de Alfon, se dirigió a los manifestantes para agradecer la asistencia y pedir que no se olvide a su hijo. “Se está tratando de criminalizar a los jóvenes educados en unos valores e integrantes de la clase trabajadora que luchan por sus derechos –recriminó–. Mi hijo es una persona con conciencia y resistencia, y está sufriendo de ansiedad por no saber qué va a suceder con él. Me siento indefensa, pero con mucho apoyo social porque cualquiera que vea lo que está pasando sabe que es injusto”.
La izquierda parlamentaria exigió su libertad a las puertas del Congreso de los Diputados. Izquierda Plural, ERC, Amaiur y Comprimís, acompañaron a Elena y remitieron una carta al Ministerio del Interior, lamentando las “medidas penitenciarias excepcionales” y reclamando la libertad de Alfonso Fernández. El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, y el coordinador general de IU-CM, Eddy Sánchez, se reunieron con la madre del joven y mostraron su apoyo a la familia. “La prisión es una medida absolutamente arbitraria que busca ser ejemplarizante para la contestación social y que están provocando las políticas de empobrecimiento generalizado del PP", dijo Gordo, añadiendo que esta detención es “un síntoma evidente de un modelo que intenta apuntalarse desde la represión”. En su intervención, acusó al PP de “intentar amedrentar a los ciudadanos” y dijo al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que, “en vez de andar reivindicando recortes en el derecho de huelga, debería mediar” junto a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, “para que Alfon sea puesto en libertad de forma inmediata. Porque, por mucho que intenten reprimir, la contestación va a seguir creciendo”.
Por su parte, Erlantz Ibarrondo niega que, en la instrucción, haya absolutamente nada que acredite que pertenece a los Bucaneros, la peña de fútbol –los hinchas del Rayo Vallecano–. “Me consta que no hay un registro público de socios. La pregunta que se hace la familia es: ¿cómo es posible que se le asocie con la peña cuando no hay ninguna lista en la que figure su nombre? Tampoco creo que pertenecer a este grupo sea ilegal”. Para el abogado, la primera aberración jurídica ha sido meterlo en la cárcel, argumentando un delito que crea alarma social, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé ese motivo. La segunda es que se le haya incluido en el régimen FIES 5, cuando no cumple ninguno de los requisitos establecidos en la instrucción 11/2012.