Comentaba recientemente Emilio Ontiveros en un artículo publicado en El País que en este momento no hay razón alguna que impida a España llevar a cabo una “trasformación creativa” de su economía que catapulte al país a una nueva etapa; una etapa en la que “la correcta regulación y el adecuado funcionamiento de las instituciones” permita dejar atrás algunos de los excesos que han caracterizado históricamente al sistema capitalista y supere los tradicionales problemas estructurales de nuestra economía, contribuyendo a su definitiva modernización y reduciendo “algunas de las vulnerabilidades que la pandemia puso al descubierto”. En su opinión, Estados Unidos y la Unión Europea han asumido de forma consecuente la construcción de un capitalismo más fuerte e inclusivo al que España también puede dirigirse gracias a los fondos europeos del plan de recuperación (El País, 27-06-2021).
Como vemos, la pandemia del COVID-19 ha generado renovadas ilusiones sobre las posibilidades de reformar de una vez por todas el capitalismo hispano. Para reflexionar sobre la viabilidad de esa “ansiada” reforma, conviene que nos detengamos un poco en el punto de partida. ¿Cuál ha sido la naturaleza histórica del capitalismo en España?
En La lucha de clases en Francia Marx se refiere a la economía que se desarrolló en Francia entre 1830 y 1848, cuando aún no se había completado allí el proceso histórico de transición del feudalismo al capitalismo, un proceso que en ese país no concluye precisamente hasta la última de esas fechas. Se trataba —explica Marx— de un auténtico sistema de saqueo de la riqueza nacional de Francia. En el capitalismo que se desarrolla en España a lo largo del siglo XIX se observa un funcionamiento similar. Se trata de un capitalismo volcado hacia la especulación bursátil y los grandes negocios de rápida y segura rentabilidad, muchas veces basados en el expolio indiscriminado de las arcas públicas, para lo que era necesaria la colaboración de unas instituciones estatales que estaban totalmente controladas por la aristocracia financiera y los caciques territoriales. Y en la economía que se desarrolla desde el último cuarto del siglo XX seguimos reconociendo nítidamente este sistema de saqueo, elevado ahora hasta la máxima potencia.
Para que ese capitalismo depredador pudiera desarrollarse y reproducirse seguía haciendo falta un cooperador necesario, y este cooperador no es otro que el Estado. Efectivamente, sin la participación estatal no puede entenderse el moderno capitalismo español. La clase dominante pregona a los cuatro vientos las doctrinas liberales que rechazan la participación del Estado en la economía. Pero lo cierto es que la mayoría de sus integrantes no podrían vivir sin el Estado. De una u otra forma, la cooperación de este agente se hace imprescindible para que ellos puedan hacer buenos y seguros negocios, para que puedan dar sus espectaculares pelotazos. Por eso Naredo decía que España se caracteriza, más que por su neoliberalismo, por su neocaciquismo. Ni libre mercado ni mano invisible. El periodista económico Carlos Sánchez —director adjunto de El Confidencial— comenta en Los nuevos amos de España que
“la dependencia de la gran empresa española respecto al poder político es verdaderamente relevante” (…), “de las treinta y cinco empresas más selectas del principal indicador bursátil español, sólo siete son ajenas a decisiones gubernamentales de importancia, y eso siendo generosos, ya que algunas, como Gamesa, han invertido en parques eólicos que se nutren de fondos públicos. En realidad, sólo Inditex y NH Hoteles son absolutamente ajenas a los poderes del Estado. O dicho en otros términos, son genuinamente privadas”.
Los vínculos entre el Estado y la oligarquía empresarial resultaron fundamentales a la hora de llevar a cabo el proceso de desmantelamiento del capitalismo monopolista de Estado que se había levantado desde los años cuarenta del siglo XX, particularmente desde la creación del Instituto Nacional de Industria (INI). Las privatizaciones de los años ochenta y noventa representaron un nuevo proceso de desamortización de bienes públicos como el que tuvo lugar en el siglo anterior, aunque ahora de forma más concentrada: “Nunca antes cayeron tantos bienes en tan pocas manos en tan corto período de tiempo”. Algunas de las más importantes empresas privadas del moderno capitalismo español proceden de estas privatizaciones. La oligarquía empresarial hispana no fue capaz de crearlas… pero sí de apropiárselas.
Una de las mejores vías para hacer grandes negocios en España ha venido siendo la contratación de obras públicas, en torno a las cuales han crecido enormemente las prácticas corruptas. Para conseguir los imprescindibles contratos con el Estado, que proporcionan ganancias elevadas y seguras los contratistas suelen abonar un tanto por ciento del presupuesto de la obra para contribuir a la financiación de los partidos políticos. En ocasiones los propios políticos encargados de gestionar dichas comisiones suelen detraer un porcentaje para cubrir sus necesidades, cantidades que pueden irse atesorando en cuentas bancarias en Suiza u otros paraísos fiscales y que dan lugar, a veces, a grandes fortunas. Roban, pues, a sus propios partidos, seguramente en la idea de que quien roba a un ladrón…
Uno de los que apareció en los famosos papeles de Bárcenas es el empresario canario Ambrosio Jiménez, uno de los principales empresarios de la construcción en la isla de Tenerife. Con el estilo campechano que suele caracterizar a los constructores canarios, don Ambrosio, al que algunos consideran “un bocazas”, declaraba abiertamente en 2013 que “todos los empresarios damos dinero a los partidos”. Por hacer esas declaraciones, el Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios lo tachó, no de mentiroso, sino de “irresponsable”. Otro empresario de la construcción, esta vez de Gran Canaria, reconocía igualmente haber financiado a los partidos que después le hacían concesiones a su empresa: “He realizado aportaciones a varios partidos, pero guardo todo y cada uno de los recibos”, afirmó Félix Santiago, resaltando, de camino, lo importante que es tener un buen archivo, por si algún desmemoriado se olvida luego de los favores recibidos. “Dudo que si alguien da dinero sea a cambio de nada”, manifestó, asimismo, el Presidente de la Federación Canaria de Ocio [Cristóbal García Vera, “La financiación de los partidos políticos canarios al descubierto”, Canarias-semanal.org, 22-04-2013].
En una intervención en el Parlament de Catalunya en 2005 el socialista Pascual Maragall acusaba a CIU de cobrar comisiones ilegales del 3% de las obras contratadas por la Administración autonómica durante su etapa de gobierno: “Ustedes tienen un problema y este problema se llama tres por ciento”, espetó, en un momento de acaloramiento, el President Maragall a sus oponentes nacionalistas. Finalmente, Maragall retiró sus declaraciones… y todos amigos. No se habló más del tema.
Además de los contratos de obra pública, la concesión de servicios públicos es otra forma lucrativa y segura de hacer mucho dinero en España, por eso se dedican a esta actividad las principales “constructoras” del país. Albert Recio se refiere a estas empresas como “verdaderos tahúres que «compiten» por mercados cautivos con cartas marcadas”. Con motivo de la huelga de los trabajadores de la recogida de basuras de Madrid en noviembre de 2013, plantea el economista catalán:
“En el caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal, a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona…) y alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable que el de las obras” [Albert Recio Andreu, “Capitalismo etéreo: de subcontratas, fondos financieros y autoritarismo tecnocrático”, Mientras Tanto, 30-11-2013].
Las conexiones entre las grandes empresas españolas y el Estado son más que evidentes. Si se tienen unos buenos contactos en las diversas instituciones y se riegan con generosidad, los negocios de la oligarquía suelen florecer rápida y satisfactoriamente. Esto afecta también, por supuesto, al negocio inmobiliario, que ha sido el auténtico motor de la economía española al menos desde los años ochenta. La clave aquí ha estado en la masiva recalificación de terrenos que han llevado a cabo corruptas administraciones municipales a lo largo y ancho del país, lo que ha generado inmensas plusvalías que han servido para sustentar la modernización económica de España. Sin embargo, las raíces del modelo se hunden en la época del desarrollismo franquista, cuando tuvo lugar la primera ola de “urbanismo salvaje” en el litoral, aumentando el parque de viviendas en esos años en un 40%. Como afirma José Manuel Naredo,
“Los políticos que nos han gobernado y gobiernan son tributarios de las grandes constructoras que se han inflado a hacer cosas sin sentido ni dimensión. España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo. Ni libre mercado ni mano invisible. Aquí las estaciones del AVE se ponen lejos de las poblaciones para favorecer crecimientos inmobiliarios que van a beneficiar a personas con nombres y apellidos” [ J. V. Barcia Magaz, “José Manuel Naredo: «España se caracteriza más que por su neoliberalismo por su neocaciquismo”, La Marea, 18-11-2013].
Teniendo los contactos adecuados, el segundo paso era obtener la financiación externa, puesto que las empresas en España suelen caracterizarse por la escasez de sus recursos propios. En este punto no hubo demasiado problema, por las conexiones que se establecieron entre entidades financieras y grandes constructoras: “La banca y el ladrillo navegan en el mismo banco. Los consejos de administración de los bancos están repletos de constructores y viceversa” [Carlos Sánchez, op. cit].
Entre 1992 y 2007, el crédito concedido por las entidades financieras españolas al sector inmobiliario se multiplicó por doce, pasando de 88.500 millones a 1,07 billones de euros. Construcción y vivienda acaparaban más del 61% de la financiación a los sectores residentes [“La actividad inmobiliaria acapara el 60% del crédito y la industria, el 8%”, CincoDias.com, 9-08-2010]. Casi la mitad del crédito concedido a las empresas en 2007 se invirtió en la financiación de promotores y de constructores. El resto de la industria −sin contar a las verdaderas empresas de construcción− y los demás sectores de la economía productiva sufrirán muchas más dificultades para obtener financiación, lo que ha representado siempre una seña de identidad del capitalismo hispano, tal como señalaba Antonio Ramos Oliveira refiriéndose al capitalismo español del siglo XIX:
“España no tiene un capitalismo como el inglés, el yanqui, el francés o el alemán, sino otra cosa que se le parece, un seudocapitalismo, que en algunos de sus rasgos fudamentales, como el financiero, es anticapitalista. ¿A qué causas atribuir que el capitalismo español sea anticapitalista, que la Banca, por ejemplo, no favorezca como debiera a la industria y al comercio? No puede haber otra razón sino la de que en el capitalismo español se ocultan poderosos elementos anticapitalistas (Ramos Oliveira, Historia de España, 1952).
Para poder hacer frente al desmesurado aumento de los créditos concedidos al sector inmobiliario y ante el crecimiento insuficiente de los depósitos, bancos y cajas −principalmente estas últimas− recurrirán a financiarse en el mercado interbancario, sobre todo en el alemán, que tenía exceso de liquidez. Entre 2003 y 2007 −en ese año se cerró el grifo− el capital adquirido por las entidades financieras españolas en el interbancario de Frankfurt pasó de 78.000 a 428.000 millones de euros, o sea, que aumentó un 548% [Ricardo Vergés Escuín, “El ladrillo no es desarrollo”, 2008].
Las cajas de ahorros jugaron un papel importante en todo este proceso. Como plantea Naredo,
“la refundación oligárquica del poder operada «sin traumas» durante la transición democrática hizo que el renovado caciquismo imperante emprendiera el asalto a las cajas con el fin de arrimar esos rescoldos de financiación pública preferente a sus operaciones y megaproyectos. Se tejió así una red de intereses en la que ayuntamientos y cajas, que deberían velar por los intereses de la ciudadanía, acabaron sucumbiendo a la cultura del pelotazo. Las cajas han venido siendo la mano financiera utilizada por ese neocaciquismo local y regional para sacar adelante sus grandes operaciones inmobiliarias y los megaproyectos de dudosa rentabilidad que le servían de pretexto” [José Manuel Naredo, “Cajas, poder y megaproyectos”, Público.es, 18-11-2009].
Convertidas en una especie de Robin Hood a la inversa, las cajas de ahorros se dedicaron a recoger el dinero de las clases populares para transferirlo, de una u otra forma, a los ricos, a los señores del ladrillo, a las administraciones caciquiles, etc. Alimentando “la dimensión especulativa y caciquil de la economía española que nos ha llevado a la penosa situación actual” (Naredo), jugaron un papel fundamental en el desarrollo de espectaculares pelotazos urbanísticos como el de Palazuelos de Eresma (Segovia) o el de Las Teresitas (Tenerife). Este último caso proporciona un inmejorable ejemplo de la estrecha relación que se establece entre el poder económico, el poder político y las cajas de ahorros. Recordemos la crónica que publicaba en una ocasión El País:
“El empresario Ignacio Manuel González Martín compró en 1998 Las Teresitas, un frente playero de 298.000 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife, por 33,1 millones de euros a través de una sociedad creada por su testaferro. Lo pagó íntegramente con el crédito de 33,7 millones que se autoconcedió a su empresa desde su banco, Cajacanarias, cuyo consejo de administración integraba González Martín junto a, entre otros, el alcalde local, Miguel Zerolo (Coalición Canaria). En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le recompró por 52,7 millones un tercio del suelo que había comprado. Ganó 19,6 millones de euros sobre el precio que pagó por el total del frente playero tres años antes. El Ayuntamiento ignoró los informes de sus técnicos —daban al suelo comprado un precio tres veces inferior— y, además, regaló a González Martín una plusvalía de otros 90,3 millones por la recalificación del suelo restante para uso residencial. En total, el empresario ganó casi 110 millones sin invertir un euro propio. «Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable». Así lo refleja un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda” [“Es un ‘pelotazo’ de libro”, El País, 12-05-2008].
La mentalidad de las oligarquías provinciales del sector inmobiliario, los nuevos amos de las provincias y regiones de España, queda perfectamente retratada en estas declaraciones de Antonio Plasencia, Presidente de FEPECO (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife):
“Mire, el ladrillo es el que da vida en un país. Cuando usted llega a un país y pasa por arriba de la ciudad y la ve llena de grúas, dice: esta ciudad está progresando. Cuando usted pasa por Santa Cruz de Tenerife y creo que hay dos grúas… esto no camina”.
Pero la especulación no se desarrolla solamente en torno al ladrillo y al suelo urbano, sino que también alcanza al propio suelo rústico, que ya no interesaba únicamente por sus posibilidades productivas, sino también por ser una fuente de importantes rentas derivadas de las políticas de ayudas a la agricultura puestas en marcha desde la Unión Europea. Entre un 75% y 80% de los 5.160 millones de euros que recibe España por estas ayudas se lo quedan el 20% de los beneficiarios, entre los que destacan los Mora Figueroa (3,5 millones anuales), la Casa de Alba (1 millón de euros anuales), Mario Conde (458.000 euros), los Benjumea (375.000 euros), los Botín (300.000 euros), y otros personajes de la actual aristocracia financiera-terrateniente:
“Son tales los abusos actuales que todavía hay «gestores de aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas», como denuncia el Tribunal de Cuentas Europeo, que perciben ayudas directas por una actividad agrícola o ganadera a todas luces inexistente. Ejemplos sangrantes como propietarios de campos de golf que cobran ayudas por los pies de olivo que hay en la instalación o por la plantación (césped). Hay hasta zonas de España donde existe un mercado, el del tráfico de derechos a subvención PAC por arrendatarios de fincas que se han ido dedicando a alquilarlas para cobrar la subvención sin que realicen actividad alguna en ellas, denuncia un pequeño agricultor del sur de Extremadura. En esta comunidad autónoma hay latifundios yermos desde hace años y miles de fincas que todos los años reciben subvenciones desde Bruselas, una situación que se repite desde la década de los ochenta. Buena parte de los 424 millones que recibió esta región en 2012 en ayudas directas han ido a parar a estos últimos” [“Agricultura quiere retirar a los terratenientes las ayudas PAC en favor de los profesionales del campo”, Vozpopuli, 25-06-2013].
Uno de los mayores escándalos que ha habido en España en torno a las subvenciones de la PAC, y que refleja bien el tipo de capitalismo que se ha desarrollado en el país, fue el “caso del lino”. Por este asunto la Unión Europea sancionó a España con 134 millones de euros en 2005 ante el “fraude generalizado” en las ayudas comunitarias concedidas al sector entre 1996 y 2000. El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea constató que la superficie cultivada de lino en España pasó entre 1996 a 1998 de 46.613 a 92.202 hectáreas, pese a la inexistencia de salidas comerciales y con el único objeto de la obtención de las ayudas europeas, lo que ponía de manifiesto la existencia de “prácticas abusivas”. El abuso se convirtió en escándalo cuando se comenzaron a registrar oportunos incendios del lino almacenado, lo que libraba a los perceptores de las ayudas de la obligación de justificar el destino que se había dado a la producción.
Con un capitalismo sustentado en este tipo de grandes empresarios es normal que la inversión en I+D en España sea una de las más bajas de Europa. De hecho el propio Antonio Plasencia se reía en unas declaraciones hechas en una emisora de radio local de la inversión en I+D, declaraciones que lamentablemente han sido retiradas del canal de youtube donde se podían escuchar. Y es normal que se rían. ¿Para qué podría servir el I+D a señores del ladrillo como Antonio Plasencia (Tenerife), Rafael Gómez, alias “Sandokán” (Córdoba), Antonio Miguel Méndez Pozo, alias “el jefe” (Burgos), Francisco Hernando, alias El Pocero (Toledo), etc.
En una interesante síntesis, el historiador económico Jordi Maluquer de Motes señala algunos de los principales rasgos estructurales del capitalismo español, que son los que caracterizan, precisamente, a una economía atrasada sustentada en la especulación inmobiliaria y otros sectores de alta rentabilidad y baja productividad. Tras referirse a la precaria dotación de capital humano, a un retraso tecnológico de larga duración, a la escasez de recursos del sistema español de innovación y a la gran dependencia de la tecnología extranjera, Maluquer concluye que
“el esfuerzo innovador nunca llegó a ser una prioridad social y política porque el sistema no lo necesitaba. La evidencia disponible sugiere que la causa mayor de la atonía tecnológica reside en el hecho de que las empresas y el sistema económico han podido crecer sin necesidad de incurrir en los riesgos que implica siempre la acción de I+D” [Jordi Maluquer de Motes Bernet, “Organización industrial y crecimiento económico en la España Contemporánea: Tecnología y estructura productiva”, 2001].
Indudablemente, un capitalismo que para crecer no necesitaba demasiada inversión en I+D ni tampoco una población con una elevada formación, había de ser un capitalismo atrasado, marcado por la baja productividad. Un estudio de la Fundación BBVA publicado en 2006 señalaba que la productividad del trabajo en España era un 20% inferior a la media de la UE en 2005:
Ello no significa que los españoles trabajaran menos. De hecho, la media europea de horas anuales trabajadas es de 1.549, un 16% menos que en España. El problema, según el autor, es que España no ha sabido ubicarse en la nueva economía de la globalización. Los datos muestran que los países con alta productividad son los que más han invertido en maquinaria y equipos relacionados con la industria de las tecnologías de la información (TIC) y en capital humano y tecnológico. Sin embargo, España, en 2004, gastó un 1,07% de su PIB en investigación y desarrollo. Tan solo Grecia tiene un porcentaje inferior” [“España está 20 puntos por debajo de la productividad europea”, Cinco Días, 20-07-2006].
Este es, en resumidas cuentas, el tipo de capitalismo que se desarrolló en España a partir de la base semifeudal y bajo el dominio del imperialismo extranjero. En la segunda mitad del siglo XX, bajo la dirección de ese capital extranjero, la oligarquía dominante experimenta una transformación en la que las actividades propiamente agrarias tienden a pasar a un segundo plano —en algunos lugares se abandonan casi totalmente— y son progresivamente sustituidas por actividades de intermediación comercial, construcción, especulación urbanística y turismo.
Este proceso no implica una transformación radical de la antigua naturaleza histórica semifeudal de esta oligarquía, renovada ahora con la sangre fresca que le aportan los nuevos ricos que se generan en cada rincón del territorio nacional al calor de la especulación urbanística. Por el contrario, su atrasada naturaleza se sigue evidenciando, bajo nuevas formas, en las actividades en las que se concentran: el espíritu rentista, la lógica del “pelotazo”, la aversión al riesgo, la escasa innovación, el desprecio a los recursos humanos, las prácticas caciquiles, la corrupción generalizada, etc.
Hoy en día, con la crisis del modelo basado en el binomio turismo/construcción, la misma oligarquía de siempre intenta aprovechar los fondos europeos para la reconstrucción post COVID y dar nuevos pelotazos en torno al negocio de la transformación digital, de la economía circular y de la economía verde-azul que, al menos en España, servirán básicamente para financiar espectaculares pelotazos de diverso signo que se añadirán a los viejos pelotazos de siempre sin que cambie lo más mínimo la esencia del sistema. Esa va a ser la “transformación creativa” de la que hablábamos al comienzo de esta entrada. Sueñan los que aspiran a una “transición energética [que] no se convierta en un nuevo pelotazo de la construcción y garantice una transición justa y acorde con los objetivos medioambientales y planes de desarrollo de la vida en las zonas despobladas” [Idoia Villanueva Ruiz, Podemos, junio de 2021]. Sueñan los que aspiran a que estos fondos sirvan para la industrialización de las regiones, para la creación de empleo estable y que sean “la verdadera herramienta que combata la despoblación” (Juan Ramón Crespo, Izquierda Unida Castilla-La Mancha, mayo de 2021]. Se engañan los que creen a Kristalina Georgieva (Directora General del FMI) cuando plantea que “la pandemia nos hizo más sobrios y más capaces de valorar en su justa medida lo que de verdad importa” y que podemos tener “un futuro verde, justo e inclusivo” (Foro Davos, enero de 2021). No hay ninguna forma de cambiar realmente la naturaleza del sistema socioeconómico español sin reemplazar a la oligarquía parasitaria y corrupta que lo dirige. Como dijeron -según parece- Talleyrand y el torero Rafael Guerra, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”. Joaquín Costa lo tenía claro: “Para que viva el pueblo es preciso que desaparezca la oligarquía imperante”. Y para que desaparezca, las clases revolucionarias tendrán que encontrar el camino para hacerla desaparecer. Lo demás son pamplinas.