¿Y por que no capitalizar las ayudas?

Publicado el 22 abril 2010 por Aygdiae
El otro dia un banquero me decia que estaban dando creditos con un tono entre entusiasta y como si esperase una sorpresa de su interlocutor. Era algo asi como "hemos vuelto". Luego autojustificaba a su entidad argumentando que la demanda de creditos ha disminuido drasticamente en los ultimos años. La vieja excusa entre necesidad y demanda. En Africa hay una gran necesidad de alimentos ya que una parte sustancial de la poblacion se muere de hambre. Sin embargo, al no tener dinero no son demanda. Siguiendo la analogia hay muchas empresas con necesidades de liquidez que al considerarse que no son viables o, al menos, no gozar de una calidad crediticia minima no son consideradas demanda. Tambien es verdad que las solicitudes de credito para nuevas inversiones han descendido brutalmente como consecuencia de la caida de las facturaciones y la capacidad de produccion excedentaria, en general.
Ante las situaciones de necesidad y para tratar de promover nuevos proyectos, aliviar la baja calidad de vida de los ciudadanos que lo estan pasando peor... existen las ayudas publicas. Esto es mas que logico y razonable, y probablemente la principal razon de la existencia de un sector publico. Ahora bien, no podemos evitar que dichas ayudas tal y como estan concebidas tengan un cierto parecido al moral hazard.
Voy a tratar de ilustrarlo con un caso extremo. Supongamos una empresa de telecomunicaciones, la mas grande de este pais, que decide emprender un proyecto de investigacion y pide una subvencion. Naturalmente dicha subvencion cubre solo una parte del presupuesto, a pesar de que teoricamente la empresa tendria capacidad economica para soportar ella sola el coste sin ningun problema. Sin embargo, a mi juicio, es positivo que dicha subvencion exista ya que incentiva a un desarrollo en I+D+i, que si fructifica puede generar riqueza y puestos de trabajo. Seria posible que la empresa, por miopia, decidiese no emprender ninguna accion parecida, distribuyese ese dinero en dividendos y se descapitalizase tecnologicamente poniendo en peligro su futuro. Hasta aqui todo evidente. Ahora supongamos que dicha investigacion es un exito rotundo que les genera una enorme cantidad de dinero con los años. ¿Acaso al menos no van a devolver la subvencion?. Y la respuesta es no.
Otro ejemplo pueden ser las cajas de ahorro, que no olvidemos que son fundaciones privadas y no empresas publicas, que ahora van a poder acceder al Frob. ¿Acaso se plantean devolverlas?. Me imagino que como las electricas con los infumables y famosos CTCs de hace unos años.
Supongamos ahora una persona a la que le toca en sorteo una vivienda de VPO y al dia siguiente de pasar por el notario es agraciado con el premio gordo de la loteria. No esta obligado a devolverla.
En general, el sistema de ayudas publicas no tiene memoria. Da igual si la situacion mejora que la ayuda es publica y el posible beneficio posterior es privado. No es que no se compartan los beneficios generados tambien con dinero publico, si no que ni siquiera se devuelve. En la financiacion de start-ups tambien existen las subvenciones. Sin embargo tambien son muy habituales prestamos que solo se reintegran en caso de que se generen beneficios, y otros que son convertibles posteriormente en un porcentaje de acciones de la compañia, es decir, capitalizables.
Por ello la propuesta aqui es por una parte crear un registro publico oficial de todos aquellos beneficiarios de ayudas publicas que cuantifique el total de lo recibido por cada uno de los receptores por parte de todas y cada una de las administraciones, y por otro que tanto empresas como particulares esten obligados a devolverlas en funcion de sus beneficios y mejora patrimonial. No pido una capitalizacion, pero al menos si una devolucion en caso de que sea factible.
Debemos, a mi juicio, conseguir un cambio cultural que nos transforme desde el punto de vista economico en una sociedad enfocada a la actividad privada, a la eficiencia y a la exportacion, y que penalice el clientelismo y los contratos con administraciones publicas.