El sector alimentario goza de gran importancia en España tanto en términos sociales como económicos, siendo su misión básica la de proporcionar al ciudadano unos alimentos sanos, seguros y que respondan a unas expectativas de calidad. Es por esto que se requiere de un modelo de calidad alimentaria que incluya un conjunto básico de disposiciones legales y vele por el respeto a la competencia leal entre operadores.
Con la aprobación de la Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, se establecerán nuevos marcos en el ámbito del control de la calidad y defensa contra el fraude alimentario, la competitividad, la transparencia y la claridad del sector alimentario. Además, se pretende proteger los derechos de los operadores de la industria alimentaria frente a la competencia desleal a la que muchas veces se ven sometidos.
Se seguirán normativas de la UE contra estas medidas y, entre las novedades, destaca la incorporación de distintos mecanismos de control en materia alimentaria. En este marco, la ley interpone el establecimiento de un sistema de información para conocer y atajar el fraude alimentario por las autoridades competentes.
Con ello, hay una mayor seguridad jurídica, puesto que las empresas serán tratadas de la misma manera en todo el territorio nacional. Ello favorece a la unidad de mercado en el ámbito del control de la calidad y también en la unión de la defensa contra el fraude alimentario. Como la innovación es algo esencial en todos los sectores, la Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria facilitará esta innovación, además del desarrollo de nuevas empresas responsables en España.
La ley sirve para establecer bases para las empresas, peros sobre todo, lo que se benefician de todo ello son los consumidores, pues la norma garantiza que éstos adquieran productos de mayor calidad.
El Gobierno hace tiempo que suma esfuerzos para modernizar la normativa alimentaria de calidad. Lo que se pretende es tener un marco idóneo para la mejora de la competitividad de la industria alimentaria española. Gracias a estas medidas, se garantiza una mejor confianza en productos alimenticios, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
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