La memoria de la Fiscalía de Asturias, que se ha publicado hace unos días, deja muy claro y sin ningún género de dudas, que los cambios legislativos que ha realizado el ejecutivo asturiano en su política contra los incendios, no solo no han servido para reducir su número, sino que han resultado nefastos, ya que han aumentado tanto en cantidad como en superficie, y además se ha producido "un gran descenso del número de diligencias de investigación incoadas por este tipo de delitos".
Por enésima vez y basándose en las denuncias y sentencias, concluye que la mayoría de los incendios forestales en Asturias tienen por objeto la generación de pastos. Por esta razón considera que la eliminación de la figura de los acotamientos al pastoreo en los terrenos quemados, aprobada por la Junta (con el apoyo de PP, PSOE, IU, Foro y Ciudadanos) ha sido un grave error, ya que "contribuía de manera eficaz a la disminución de incendios provocados".
No hay que olvidar que un informe jurídico interno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente había considerado inconstitucional esa derogación y que aún así, ese cambio se llevó a cabo.
Pero por si esto fuera poco, la Fiscalía, en su memoria anual, critica con dureza el cambio de adscripción de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS), que desde 2017 ya no son una unidad independiente sino que han sido incluidas en el SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias). De esta forma, y según la Fiscalía, la nueva labor de la BRIPAS se centra en la investigación de la causa, pero no en la averiguación de la autoría, con lo cual la mayoría de las denuncias acaban en sobreseimiento por falta de pruebas.
En este último caso, cabe destacar que la labor desarrollada por estas brigadas había sido elogiada por el Fiscal de Medio Ambiente de Asturias, y era un referente para los Agentes Forestales y Medioambientales del resto del Estado, habiendo conseguido 86 sentencias condenatorias desde su existencia, y marcando un récord en 2014 al sentar en el banquillo a 14 incendiaros, con sentencias condenatorias para todos ellos.
Ante estas críticas, hay que preguntarse si el nuevo ejecutivo asturiano asumirá su error y volverá a dejar las cosas como estaban antes de esas modificaciones. Y por otra parte, habría que exigirle, tanto al gobierno asturiano como a los partidos de la oposición que apoyaron esos cambios legislativos, que nos expliquen de una vez por todas cuales fueron sus motivaciones para cambiar unas leyes, que además de eficaces eran elogiadas por la Fiscalía, por otras que ya se había avisado que tendrían unas consecuencias nefastas.
Ya están tardando.