Guardia Urbana de Barcelona contra Ada Colau

Hace unos días hablaba de las órdenes que desde el Ayuntamiento de Colau se habían dado a la Guardia Urbana de Barcelona para que «protegiera» a los okupas contra posibles acciones coercitivas de los legítimos propietarios que quisieran recuperar sus viviendas con amenazas o el uso de la fuerza. Esto, que de por sí me parece kafkiano, cuando lo que habría que hacer es proteger la legítima propiedad privada, tampoco parece haber gustado a los responsables de aplicar la normativa del ayuntamiento.

Lo que piensa la Guardia Urbana de Barcelona sobre las instrucciones recibidas para proteger a los OKUPAS

Guardia Urbana de Barcelona. ¿A favor o en contra de los okupas?

La Guardia Urbana de Barcelona, o al menos uno de sus sindicatos (CSIF), exige a la alcaldesa que revise el contenido de la instrucción porque, según dicen, los cargan de responsabilidades que no corresponden a sus funciones. Afirman no poder decidir sobre la marcha si existen o no coacciones para paralizar el desahucio.

Es cierto que la policía puede, y debe, actuar de oficio si detecta que se está cometiendo un delito, pero también es cierto que las instrucciones provenientes del ayuntamiento exceden con mucho lo que sería deseable. Eso sin contar con el problema moral que puede derivarse de estas actuaciones, cuando es en perjuicio del legítimo propietario contra quien hay que actuar y, en ningún caso, contra el okupa que se ha apoderado ilegalmente de algo que no es suyo, impidiendo el uso y disfrute a quien en verdad le corresponde.

Según el portavoz del CSIF, lo que tendría que hacer el okupa «perjudicado» si se siente coaccionado, es denunciarlo en el juzgado. También dice que ni los jueces son a veces capaces de determinar si han habido o no coacciones… ¿Cómo tiene que hacerlo la policía?

No obstante el CSIF no es el sindicato mayoritario de los miembros de la Guardia Urbana de Barcelona, y SAPOL, que sí lo es, no se muestra tan tajante en contra de la nueva normativa consistorial. Eso sí, acusa a los responsables del ayuntamiento de postureo con este tipo de normativas «sociales».

Ramón Cerdá