Mubarak, a la horca

El Ministerio Público de Egipto solicitó este jueves la pena de muerte por ahorcamiento para el ex presidente Hosni Mubarak y su ex ministro del Interior Habib Al-Adli, acusados de ordenar la muerte de manifestantes hace casi un año.
La petición de la pena capital incluye también a seis de los ayudantes de Al-Adli, que comparten banquillo con Mubarak en este juicio conocido en Egipto como «el proceso del siglo».
El Ministerio Público confirmó la «responsabilidad directa» de Mubarak y de Al-Adli en la muerte de 850 manifestantes durante las revueltas populares causantes de la renuncia del ex mandatario el 11 de febrero pasado, cuando cedió el poder a una Junta Militar.
Al concluir el tercero y último día reservado a la presentación de alegatos fiscales y de la defensa del octogenario rais, el fiscal principal del juicio, Mustafa Suleiman, apuntó que la Constitución y las leyes egipcias hacen a Mubarak responsable, en tanto presidente durante las protestas callejeras, porque tenía los mayores poderes y recibía informes, de ahí que consideró imposible que desconociera los asesinatos.
Al respecto, otro de los abogados de la acusación, Asaad Hekal, explicó que la Fiscalía reveló los testimonios de dos ex ministros del Interior que aseguraron que la decisión de disparar contra los manifestantes no se puede tomar sin tener el permiso del presidente del país.
Hekal agregó que, según el Ministerio Público, el 27 de enero, dos días después del inicio de las revueltas, se celebró una reunión en el Ministerio del Interior en la que se tomó la decisión de utilizar la fuerza contra los manifestantes, lo que condena a Al-Adli y a sus asesores.
Al-Adli era el máximo responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que protagonizaron la represión durante esos días. Además fue el máximo responsable del Amn al Dawla, la agencia secreta que usaba el régimen para detener y torturar.
Durante la vista, Suleiman, denunció que Mubarak no hizo uso de sus prerrogativas ni forzó la dimisión de Al-Adli porque tenía interés en reprimir las protestas. También señaló que los agentes que cometieron crímenes contra los manifestantes tenían instrucciones de los jefes de la Policía, y no podían tomar decisiones individuales sin comunicarse con sus superiores.
La sesión de este jueves era la última en la que la Fiscalía iba a presentar sus acusaciones, y la próxima vista se celebrará los próximos 9 y 10 de enero, cuando se espera escuchar los testimonios de las familias de las víctimas durante las revueltas.
Mubarak, quien estuvo en el poder por casi 30 años, y el ex ministro del Interior, enfrentan además otros cargos por corrupción, junto a los hijos del ex presidente Alaa y Gamal, este último visto como su heredero político, y Huseim Salem, un magnate amigo de la familia, declarado prófugo.
Gamal y Alaa habían sido investigados por conseguir comisiones y beneficios económicos con la venta de gas a Israel, entre otros negocios oscuros y malversación de fondos.
En estos negocios también se salpicaba el empresario Husseim Salem, a quien presuntamente Alaa y Gamal cedieron miles de metros cuadrados de terrenos estatales para proyectos hoteleros en el enclave turístico de Sharm el-Sheik. Mubarak y sus hijosse favorecieron con un palacio y cuatro mansiones en esa ciudad.
Vínculos como los que sostuvo con Salem, a quien conoció desdeque ambos estaban en el ejército, le permitieron a Mubarak amasar su gran fortuna. Solo en Suiza, según el canciller de ese país, Mubarak posee 415 millones de francos suizos (unos 320 millones de euros), que ya han sido congelados.
En el cobro de comisiones por la exportación de gas natural también se encuentra envuelto el ex ministro de Petróleo de Egipto, Sameh Fahmi, quien, según sospecha la Fiscalía, autorizó la venta del combustible a Israel y a otros seis países europeos a precios artificialmente bajos, por un monto que causó pérdidas por valor de 3 000 millones de libras egipcias (más de 500 millones de dólares) en solo cinco años.
Al-Adli ya estaba purgando una condena de 12 años de cárcel por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito. Titular de Mubarak desde 1997, El-Adli fue declarado culpable, en su primer juicio, por haber utilizado a los funcionarios de su ministerio para vender un terreno privado, por el que obtuvo 4,85 millones de libras egipcias (unos 650 000 euros), de blanqueo de dinero y de enriquecimiento ilícito.
Mubarak, de 83 años y con afecciones cardíacas, llegó a la sala judicial cargado en camilla después de ser trasladado en helicóptero a los alrededores de la Academia de Policías cairota, donde se celebró el juicio.
*Fotos AP