Protección de datos, Hacienda y otras gaitas

He de empezar diciendo ( recordando más bien, porque creo que ya lo he dicho en más de una ocasión en este foro), que todo eso de la protección de datos y la legislación parafernálica que se ha montado a su alrededor, me parece bastante inútil y prescindible. Vamos, que si por mí fuera, me lo cargaba de un plumazo. Pero bueno, no depende de mí y ahí está (y lo que queda), se supone que para respetarlo. Ahora bien, lo que más me molesta no son las gaitas de la protección de datos, sino el hecho de que nuestras amantísimas administraciones públicas son las primeras que se las pasan por el forro porque no se sienten aludidas por ello. Y si alguna ley de mayor rango se lo puede impedir, pues la cambian a su capricho y ya está, como hicieron los de Hacienda para publicar la lista de morosos, pese a que esos datos no se podían comunicar públicamente de ningún modo. Claro que también, a veces, se niegan a aportar según qué datos a los tribunales acogiéndose a esa misma ley de protección de datos que no respetan, especialmente cuando la intención es embargar y recaudar (no siempre justificadamente). En fin, este tipo de cosas son habituales, no solo con Hacienda, sino también con otras administraciones no menos chulescas. Pero hemos de recordar (O MÁS BIEN DEBERÍAN RECORDAR ELLOS) que vivimos en un sitio que, aunque se llame España, resulta que también es Europa, y hay una serie de normas que se tienen que respetar porque se supone que obligan a todos los europeos, aunque sean funcionarios del reducto español de Hacienda. Pero bueno, digo Hacienda porque tengo cierta fijación mental justificada con esta gente, pero igualmente podría decir Dirección General de Tráfico, Tesorería de la Seguridad Social, ayuntamientos de todos los tamaños y colores, diputaciones, etcétera.

¿Por qué Hacienda no respeta la protección de datos?

Entre otras cosas porque la propia normativa ya se creó de ese modo, creando una bula para toda esta gente que siempre nos acaba mirando por encima del hombro porque se creen más dignos que el resto de los humanos, y no digo que no haya nadie más indigno que ellos, pero vaya, que tampoco es eso.

Pero, ¿qué pasará si en Europa se ponen las pilas y les cantan las cuarenta a todos estos estirados?

Pues parece que estamos más cerca de ello de lo que se podría pensar porque ya hay alguna sentencia que apunta maneras y obligaría a todas las administraciones a comunicar a los ciudadanos la cesión de sus datos a otras administraciones. Por ejemplo, cuando la DGT "pasa al cobro" las multas de Tráfico para que los de Hacienda, que tienen más mano (y experiencia en todo tipo de hurtos y robos), nos las cobren. O cuando los ayuntamientos ceden los datos a las diputaciones o a la Seguridad Social. Solo apuntan dos excepciones: casos de seguridad nacional o persecución de un delito penal, lo que no quiere decir que excluya de la obligación total a los juzgados; o sea, que si un juzgado laboral requiere nuestros datos a la Seguridad Social, alguien nos lo tendrá que comunicar.

Se puede montar un pollo de mil demonios porque las administraciones no están preparadas para la enorme carga de trabajo y cambio de protocolos que todo esto supondría, pero lo van a tener que hacer... ¿O no? Esperemos a ver qué pasa.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 1 de octubre de 2015 dice: "[...] una Administración pública de un Estado miembro que transmita datos personales a otra Administración pública, ha de informar a los interesados de esa transmisión y tratamiento de datos". En aplicación del artículo 6 de la directiva 95/46. No hacerlo de ese modo podría ser causa de anulación.

¿Qué están tramando ya en las administraciones?

Lo que seguramente acabará ocurriendo, y ya hay algún que otro representante listillo de la administración que lo está dejando caer, es que la sentencia se podría "cumplir" de manera tangencial, exigiendo al ciudadano que firme una autorización "genérica" una sola vez... ¡Para que todo siga igual que hasta ahora! Y es que ciertas cabezas pensantes de la administración no pueden negar que les importa una mierda la legislación y el ciudadano. Ya le están buscando la vuelta a la sentencia para, además, generarnos a nosotros otra obligación, que cuando te descuides, llevará algún plazo que, si incumplimos, podamos ser sancionados.

Veremos en qué termina todo esto. De momento me conformo con el tirón de orejas, pero me temo que no va a llover mucho por aquí.

Pero la cosa no termina en este punto, porque hay otra sentencia de la que ya hable en diciembre pasado en este blog, que también parece afectar a las administraciones.

Esta otra sentencia es del 6 de octubre y prohíbe transferir datos de carácter personal y datos de especial protección a países que no sean puerto seguro. Solo se entiende como tal, la zona de la Unión Europea, quedando fuera la gran mayoría de los servidores que todos sabemos que están en Estados Unidos.

Curiosamente, la Agencia de Protección de Datos ya estuvo enviando cartitas de esas que tanto le gustan, a muchas empresas indicando: "[...] constan ficheros a nombre de esa entidad [...] en los que en el apartado de Transferencias Internacionales figuran declaradas transferencias de datos a una entidad estadounidense adherida a los principios de puerto seguro [...]".

Me pregunto yo... ¿También le enviarían una de esas impertinentes cartas a Hacienda?

Ramón Cerdá