Lo que comenzó, al menos en apariencia, como una protesta a propósito de los despropósitos de la "Ley Sinde", ha dado -como era de prever- en un asunto político muy identificado al partido "Izquierda Unida" español.
Pero un asunto de desobediencia y desconfianza sociales, que se convierte en algo estrictamente marginal, al margen de la sociedad. En la medida en que no considera o no acepta los cauces habituales para cambiar las leyes. Quizá sea necesario que tal cosa suceda en algunos casos concretos puntuales, pero es muy peligroso que se acepte o tolere por sistema, porque eso resulta nefasto para la estabilidad de la vida social.
Uno de los radicales básicos de la vida en sociedad consiste en la tendencia natural a acatar la norma establecida (que no es -desde luego- lo mismo que obedecer, sin más, al que manda). Para eso está el juego político que permite cambiar las normas y leyes que obligan a todos los ciudadanos. Precisamente para que todos seamos iguales ante la ley, y no unos más iguales que otros.
Los clásicos romanos denominaban esta tendencia social como “obedientia”. En tiempos más recientes, Lévi-Strauss habla de la “necesidad de orden” como fundamento de la sociedad, y el mismo señor Hobbes la califica como “afán de seguridad”. La convicción de que esta tendencia natural está presente en todos los individuos, genera la confianza en el orden social.
Lo peligroso que sucede con el #15M o la #spanishrevolution es que se trata de personas o al menos de proclamas marginales, precisamente porque unas cuantas de estas proclamas se plantean (por ignorancia o por táctica) al margen del vigente orden social y legal.
En este sentido, no está de más leer lo que escribe Casimiro García-Abadillo en Objeción a la #spanishrevolution:
(...) El movimiento #15M es político. Sus propuestas son esencialmente de izquierdas. De ahí que Cayo Lara diga que coinciden en un 90% con el programa de IU.
Eso no es ni bueno ni malo, pero es así. Negar que el #15M es un movimiento político de izquierda es negar la evidencia.
He leído sus propuestas. Resumo algunas de sus reivindicaciones: reducción de jornada hasta acabar con el desempleo estructural; restablecimiento del subsidio de 426 euros a los parados de larga duración; expropiación de viviendas construidas en stock; contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera; restablecimiento de los trenes a los que está sustituyendo el AVE; aplicación efectiva de la ley de Dependencia, etcétera. Todas ellas suponen un aumento del gasto público inasumible en un momento en el que lo que hay que hacer es justo lo contrario: reducir el déficit y la deuda.
Recuperar el impuesto sobre el patrimonio, crear un impuesto para grandes fortunas o la tasa Tobin (inaplicable sin consenso internacional) no compensaría ni una mínima parte, por el lado de los ingresos, el aumento del gasto que se reclama.
Todo se puede discutir. No es que sean propuestas alocadas. Sencillamente, es que van, en mi opinión, en sentido contrario de lo que hay que hacer ahora. Pero, en todo caso, hay una opción política, IU, que las recoge casi todas y que ha logrado 1,4 millones de votos en las municipales.
No admito que se diga categóricamente que el Congreso, los diputados, no representan al pueblo, porque no es verdad. Más de 20 millones de personas están allí representadas.
Lo que más me preocupa es que se justifique, desde el #15M, y que se aliente por algunos políticos y medios, la vulneración de la legalidad bajo la excusa de que «algunas leyes no son justas».
Impedir los desahucios, como se ha hecho la semana pasada, con la connivencia pasada por agua de Cayo Lara, es una insensatez. Se puede estar en contra de que una familia se quede en la calle por no poder pagar una hipoteca, pero entonces habrá que modificar la ley. Imagínense el efecto que va a tener sobre el mercado del alquiler la generalización de esa práctica.
Si admitimos el incumplimiento de la ley, ¿dónde ponemos la barrera? ¿Cuáles de las cosas que se consideran injustas servirán de coartada para justificar que se incumpla la ley? Una democracia, la democracia real, es el imperio de la ley, a la que todos deben estar sometidos.
En la alegalidad que propugna con sus acciones el #15M es precisamente donde se mueven como pez en el agua los movimientos antisistema más radicales. El ejemplo más claro lo tenemos en los sucesos de Barcelona, donde los manifestantes agredieron a los diputados e impidieron su acceso al Parlament.
No hay medias tintas. O se está en el sistema, en la democracia, aunque sea para cambiarla; o se está fuera del sistema.
Esto no quieren entenderlo algunos miembros de la#spanishrevolution, ni tampoco ciertos políticos que lo que buscan es sacarle rédito de ese movimiento.
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