Weber y los partidos políticos españoles

Hay muchos indicadores en el panorama político español que inducen a pensar que este impasse sociopolítico que vivimos se trata más de una reformulación de las formas y los discursos que de los horizontes políticos. En la democracia de los medios y las redes sociales, la traslación de los marcos discursivos parece haberse superpuesto a las políticas como foco electoral central, fraguándose una batalla de estrategias de comunicación y simbolismos en la que los partidos han buscado la arrogación exclusiva de la representación del pueblo. Ésta ha sido una parte muy importante, por ejemplo, del asalto de las nuevas izquierdas al bipartidismo.

En el caso de nuestro país, es interesante que haya surgido la cuestión de la organización de los partidos políticos como un tema central de esta nueva etapa, marcada por el surgimiento, a raíz de la crisis financiera e institucional, de nuevas fuerzas políticas que han hecho de la organización interna una bandera esencial de la regeneración: la integridad y modernidad organizativas presentadas como credenciales indiscutibles para el nuevo siglo. Hay varios factores que explican esta focalización: las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la obsesión por la transparencia a todos los niveles, la eterna necesidad de corregir los defectos del modelo burocrático… y también, en nuestro contexto concreto, la catarsis ciudadana producida por la impactante proliferación de tramas de corrupción política.

Pero esto no hace más que poner de relieve una problemática que sufren desde hace décadas un gran número de partidos de masas europeos, atrapados en una dinámica de funcionarización progresiva que ha anclado su subsistencia a la estructura institucional y los ha vaciado de masa militante e ideológica. Unos partidos históricos que han sido caracterizados a ojos de la opinión pública como organizaciones opacas, alejadas de la ciudadanía y movidas por intereses privados, que se alejan de la función que deberían cumplir como entidades políticas para convertirse en meras maquinarias institucionales.

Éste ha sido uno de los paradigmas más importantes del marco discursivo de las nuevas fuerzas políticas, tanto de izquierdas como de derechas. Pero la cuestión es más compleja de lo que muchas veces el debate público quiere hacer creer; la organización interna requiere un estudio muy detenido, y el problema de abanderar la regeneración apelando más al ideal sensacionalista que a la eficiencia es que la realidad desmiente al panfletista. Así le ocurrió al Partido Pirata al llegar a las instituciones en Alemania (incapaz de compaginar su modelo de estricta democracia interna con la dinámica parlamentaria), y así les ocurrió a nuevos partidos en nuestro país, que para continuar creciendo han ido adaptándose a los rasgos esenciales de las formas tradicionales, pues no son más que un eficiente reflejo de la estructura estatal, y ningún idealismo puede suplir las mínimas necesidades de responsabilidad, estructura y jerarquía territorial que éste presenta.

La raíz de la cuestión es de carácter weberiano: a lo largo de estos años ha primado una ética de la responsabilidad, centrándose los partidos en ponderar su acción y evolución de manera excesivamente consecuencialista. Así es como se ha derivado en este proceso de institucionalización de los partidos y de lo que representan sus siglas, alejándolos del sentir social y, en definitiva, de su vocación instrumental para con las verdaderas necesidades de la ciudadanía. En respuesta a esta situación de deficiencia y corrupción crónicas, surgieron diferentes tipos de paradigmas organizativos que pueden ser agrupados en dos tendencias.

La primera tendencia, que ha caracterizado a numerosos partidos de izquierdas, ha sido de naturaleza reactiva: ante el excesivo consecuencialismo en que ha derivado la evolución de los partidos históricos en nuestro país (llevando a focalizar la estructura en el output institucional), se ha apostado por extremar la posición opuesta, primando claramente una ética de la convicción, centrándose en adecuar la acción y evolución a principios morales sin atender a consecuencias (llevando a focalizar la estructura en el input social).

Estas teorías se nutren principalmente de paradigmas que no son nuevos, sino que derivan de culturas asamblearias que existen desde hace más de un siglo en el tejido social local, pero que han sido rescatadas como alternativas para las organizaciones de escala superior. Este salto se ha dado principalmente gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para casar la eficiencia con esos idealismos organizativos, que suelen implicar una aspiración de igualdad absoluta y, por ende, de democracia directa en el funcionamiento interno. La imposibilidad de adaptar la complejidad y lentitud de tales modelos a estructuras territoriales extensas ha sido el principal escollo histórico de las quimeras del asamblearismo a gran escala; pero si algo hacen las tecnologías de la comunicación es reducir distancias, y por ello han tenido tanto impacto en la teoría de la organización territorial. En su implementación extrema, convertido el principio de la igualdad en convicción central, se deriva en unas estructuras que hacen de los cargos meras portavocías del conjunto de la militancia.

¿Cuáles son las implicaciones de estos paradigmas en lo que se refiere a la organización territorial? A raíz de lo explicado, este tipo de modelos tienden hacia una estructura territorial concebida como una gran cadena de transmisión que ancla las responsabilidades de los distintos niveles orgánicos a las bases. En términos relativos, cada unidad territorial es más poderosa cuanto menor sea su nivel, pues generalmente puede disponer de amplias herramientas para fiscalizar y regular la actividad de los niveles superiores, aun gozando de gran autonomía en su ámbito territorial. Se tiende así a la fragmentación interna y al desgaste de los cargos políticos. Se trata de modelos que, en su convicción idealista, generan partidos desestructurados, caracterizados por la ausencia de solidez y eficacia, pues quienes los llevan a cabo generalmente confunden los conceptos de jerarquía y responsabilidad: a saber, la tecnología puede servir para acortar las jerarquías —haciéndolas más compenetradas, flexibles y transparentes—, pero no para eliminarlas, pues las jerarquías no se idean para sustentar privilegios, sino ante todo para sustentar responsabilidades. En el momento en que se apela al principio asambleario para justificar los actos políticos, las responsabilidades del representante no se suprimen, pero se vuelven líquidas; e incluso pueden verse subvertidas, si se pretende empoderar a la militancia, pero se lleva a cabo este proceso solamente hasta o hacia donde conviene. En resumen, el moderno asamblearismo es capaz de acercar, pero no de sustituir, la representatividad, que sigue siendo una convención troncal por mucho que avance la tecnología.

La excesiva preeminencia de la convicción organizativa generalmente lleva siempre a las mismas deficiencias: la organización interna del partido es tan permeable y atractiva socialmente que genera gran cantidad de input —gente motivada, iniciativas, debates constructivos, buenos auspicios electorales, etc.— pero poco output —procedimientos excesivamente complejos, actitudes de confrontación, poca motivación por materializar propuestas, gestión política deficiente, etc.—. Este choque se materializa claramente —y como bien demuestra la escena política catalana— cuando partidos asamblearios o cercanos al asamblearismo acceden a las instituciones: el carácter resolutivo y profesionalizador de nuestras instituciones de democracia representativa no casa con el carácter idealista y demagógico de los partidos de democracia directa.

En conclusión, la implementación organizativa de la ética de la convicción no es pragmática sino ideológica: apela a la igualdad más absoluta por encima de otros fines, y la aplica dogmáticamente. Pero, como demuestra Weber, la alteración de variables puede hacer que estas convicciones entren en contradicción cuando se implementan en la realidad: habiendo comprobado que el asamblearismo funciona correctamente sólo a ciertas escalas, los partidos que extienden este paradigma a escalas mayores deben afrontar contradicciones internas, y acaban sufriendo el choque de convicciones. Para sobrevivir en tales casos o bien se transforma el paradigma (véase Podemos), o bien se respeta el paradigma —hasta que genera tanta frustración que rompe el flujo de inputs y quiebra la organización— (véase el Partido Pirata alemán), o bien se recurre al caciquismo para desvirtuar el paradigma en favor de quien tenga cargos políticos (véase la CUP).

Esto explica por qué el asamblearismo radical de nuestro entorno es capaz de anteponer su convicción organizativa al propio interés de su proyecto político; más aún si permite ganar votos al influir el factor bolivariano (por así llamarlo): de la misma forma que los pueblos indígenas sustituyeron en el poder a los colonos tiránicos, en España la gente decente busca sustituir en el poder a la casta; en términos organizativos, buscan por tanto diferenciarse de las formas organizativas tradicionales adoptando el modelo asambleario que caracteriza a gran parte del tejido social, para así denotar igualdad entre el partido y el resto de la ciudadanía. Pero un partido no es una organización cualquiera, porque tiene aspiraciones institucionales que exigen responsabilidad y profesionalidad.

Por otro lado, la segunda tendencia organizativa modernizadora, que ha caracterizado a partidos de ideologías muy dispares, ha sido de naturaleza proactiva: para evitar el peligroso consecuencialismo hacia el que evolucionan los partidos excesivamente funcionarizados, pero reconociendo a la vez la inconveniencia de virar hacia una postura radicalmente opuesta, busca un equilibrio entre la responsabilidad y la convicción, entre los inputs y los outputs. En España no hemos conseguido evitar este peligro, pero podemos corregirlo cambiando la estructura de nuestros partidos, comprendiendo la necesidad de potenciar los inputs que nos faltan (esa reconexión con tantos ámbitos de la sociedad que se nos han alejado), pero entendiendo que debe mantenerse un equilibrio que garantice una correcta canalización que los conecte a outputs efectivos.

Weber explica que la ética de la responsabilidad es efectivamente más adecuada a los fines de las democracias liberales de derecho como la nuestra, pues, mientras que la ética de la convicción aloja contradicciones latentes al implementarse en la realidad política, el otro principio es más sensible a los enfoques empíricos. Así explica por qué los partidos que priman una ética de la responsabilidad, aunque sea de manera excesiva y disfuncional, sobreviven de manera sostenible, a diferencia de aquellos que priman una ética de la convicción. Pero ya conocemos los riesgos de caer en un excesivo consecuencialismo; es por ello que Weber, en última instancia, recomienda un saludable equilibrio, que flexibilice las convicciones para hacerlas sensibles al ámbito práctico. 

Implementaciones ideales de este modelo las podemos encontrar en los países escandinavos (diagnosticadores tempranos de las deficiencias de los partidos de masas socialdemócratas): parten de la consideración de que los políticos deben actuar como líderes, pero avalados por la democracia interna y sujetos a sólidos códigos de ética y transparencia. En vez de rechazar el principio de la representación, se busca elevar la responsabilidad moral y material del cargo político para garantizar el acceso de los más válidos y, aún más importante, que su validez pueda ser probada. La organización interna de los partidos se moldea preferentemente para ser una estructura porosa, que atraiga y sea capaz de canalizar los esfuerzos de gran cantidad de perfiles ciudadanos (activistas, profesionales, expertos, etc.) con las garantías de una cultura organizativa avalada por códigos éticos —la elevación moral de la responsabilidad del cargo, que es una cuestión sociocultural— y códigos de transparencia, que se retroalimentan: la transparencia contribuye a elevar la responsabilidad del cargo, y una elevada responsabilidad lleva no solamente a permitir la información a la ciudadanía, sino también la rendición de cuentas (lo cual no es más que el ejercicio bidireccional de la responsabilidad). Es evidente que no se puede transformar artificialmente la noción sociocultural de responsabilidad de un colectivo, pero sí trabajar hacia ella con medidas como decididas en este sentido.

¿Cuáles son las implicaciones de estos paradigmas en lo que se refiere a la organización territorial? Es importante remarcar aquí la cuestión a la que decíamos requerir respuesta al principio: hablábamos de las deficiencias y la corrupción en los partidos políticos. Antes hemos identificado una tendencia excesivamente marcada por la desconfianza hacia el poder, que buscaba remodelar la organización de los partidos para evitar a toda costa la corrupción, pero en su afán idealista presentaba dos contrapartidas: era tan extremista en sus convicciones que solucionaba un tipo de deficiencias (el excesivo monolitismo, la falta de inputs, la rigidez estructural) creando otras (excesiva fragmentación, falta de outputs, liquidez estructural), y además abría la puerta a otro tipo de corrupción pragmática (el caciquismo). En cambio, la tendencia de inspiración escandinava responde a ambas problemáticas con planteamientos mucho más sólidos y perdurables: contesta a las deficiencias con planteamientos pragmáticos que aceptan la necesidad de que la estructura organizacional establezca niveles territoriales de representatividad, pero haciéndolos accesibles y fluidos, mejorando el equilibrio input-output con medidas como la bicefalia estructural; y contesta a la corrupción con los exigentes códigos éticos y de transparencia, que conjuntamente permiten la rendición de cuentas.

En definitiva, como dice el mismo Weber, se trata de «reajustar pragmáticamente las convicciones para interpretar éticamente las responsabilidades». Esto, en términos organizativos, se traduce en moldear una estructura que respete el equilibrio entre los dos términos con que hemos definido antes lo que debería ser un partido: el equilibrio entre entidad —representar unos valores, implicarse socialmente, canalizar inquietudes— y política —materializar unos valores, implicarse institucionalmente, gestionar inquietudes—. Y tal vez el futuro de nuestros partidos pase por ese equilibrio weberiano: entre el monolitismo y el idealismo, hay un modelo de partido que ofrece soluciones que parecen más democráticas y sostenibles.