Las víctimas de la talidomida en España han sufrido un nuevo mazazo judicial pues el Tribunal Constitucional no ha admitido su recurso de amparo y continúa con la teoría de que los hechos están prescritos. Fieles al espíritu combativo que han manifestado durante 60 años ya, las personas afectadas por el fármaco de Grünenthal prometen continuar hasta el final.
Los problemas legales comenzaron en 2014, cuando sorpresivamente la Audiencia Provincial de Madrid falló a favor de la farmacéutica alemana Grünenthal y anuló las indemnizaciones que el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid había fijado un año antes para las las víctimas de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE).
“Nos hemos quedado totalmente desamparadas con nuestra Justicia“, indican. Desde la asociación de víctimas en España (AVITE), lanzan un mensaje directo a los políticos para que cuando se forme el próximo gobierno, sea el que sea, con los pactos que sean y del color político que sea, que de una vez cojan las riendas del tema:
Nuestros gobernantes, si quieren, pueden, -el próximo presidente del Gobierno en concreto- y ya basta de buenas palabras y de buenas intenciones, y de tantas promesas y tantos apoyos, pues las victimas de la talidomida se están muriendo cada día que pasa, sin recibir ninguna ayuda como afectados por el fármaco de la farmacéutica alemana Grünenthal“.
Hasta ahora no lo han solucionado, pero nunca es tarde y aunque el tiempo apremia, ahora tienen una oportunidad maravillosa e histórica, para solucionar el problema de una vez.
Ningún gobierno quiso nunca hacer una campaña de comunicación para que afloraran todos los casos ocultos y tuvo que hacerla AVITE sin medios. Ha sido la asociación la que ha tenido que luchar contra viento y marea y demostrar que se vendió talidomida en España, en contra de la tesis y versión oficial.
Tuvimos que demostrar que se empezó a vender talidomida en España varios años antes del inicio de comercialización en todo el mundo e incluso tuvimos que demostrar que continuó vendiéndose talidomida, muchos años después de estar retirada en el mundo“.
Los daños recibidos por estas personas son evidentes pero también están los daños que no se ven a simple vista, los que han ido apareciendo con el paso del tiempo.
Por eso, con criterio, habían recibido una primera sentencia favorable que concedía indemnizaciones -entre 600.000 y dos millones de euros por persona afectada- y hacía referencia a los llamados “daños tardíos”, explicando que debería realizarse una investigación científica “sistemática” de los daños causados en la etapa prenatal “pero descubiertos más tarde”, que se concentre “en la colocación errónea de los vasos, nervios y músculos”.
No existían como afectados hasta el año 2010 en que el gobierno del Rodríguez Zapatero hizo el RD 1006/2010 y reconoció en él, que se vendió talidomida y que había afectados. Entonces fue cuando pudieron, con ese reconocimiento oficial, presentar la demanda judicial contra la farmacéutica Grünenthal (así lo subrayo un juez con voto particular del Tribunal Supremo).
Y al final, nuestra Justicia, nos ha dejado al pie de los caballos, totalmente desamparados, no admitiendo nuestro recurso el Tribunal Constitucional siquiera, para debatirlo y después dictar sentencia positiva o negativa.
Vamos a ir a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos, por supuesto, pero es patético y lamentable, que si ganamos allí, y la sentencia fuese favorable para los talidomídicos españoles, la indemnización tendría que pagarla el Estado Español y la farmacéutica saldría de rositas, a pesar de haber reconocido esta que fue la causante del daño, pidiendo perdón públicamente al mundo en el verano de 2012 y además reconociéndonos a nosotros (en conversaciones previas a interponerles la demanda y que tenemos grabadas y que fueron admitidas a trámite por el juzgado), que hemos sido los afectados peor tratados del mundo.
Ahora se esconden y se escudan en la prescripción para no pagar sus indemnizaciones”.
El lema de la fundación Grünenthal dice: “Vivir sin dolor, vivir mejor”, ¿pero el dolor de quien?, se preguntan las personas afectadas.
A mí este tipo de resoluciones judiciales me dejan frío (o me calientan, no sé). Cabe preguntarse ¿para qué sirve una justicia que no hace Justicia? ¿Para qué sirve la justicia si no sirve a las personas, si son los intereses empresariales los que salen ganando de este atropello? ¿Cómo puede ser que haya sistema judicial sin Justicia para personas que llevan muriendo, en muerte o en vida, 60 años?