Una ola de temor se propagó ayer por la comunidad científica al informar el Gobierno saliente de que se va sin sacar la convocatoria de proyectos de Investigación Fundamental no Orientada del Plan Nacional de I+D+i, auténtica columna vertebral del sistema de ciencia español. También queda pendiente el programa de Formación de Personal Investigador, dirigido a jóvenes que hagan la tesis doctoral.
El Ministerio de Ciencia e Innovación, de Cristina Garmendia, en lo que ha debido ser una de sus últimas actuaciones, envió el lunes una carta a los directores de centro comunicándoles que pasarían al futuro Gobierno la responsabilidad de la convocatoria del plan. La medida ha provocado inquietud, dado que de la financiación de estos proyectos depende la labor de miles de investigadores. En concreto, 5.987 científicos presentaron sus propuestas a la convocatoria del año pasado y 3.350 fueron aprobadas y financiadas, con una cantidad total de 384 millones de euros. De esta cifra, 325 millones son subvenciones del Estado Español y el resto son fondos de la UE, según datos del departamento de Garmendia.
Los proyectos del Plan Nacional son trianuales, por lo que al quedar en el aire -de momento- la convocatoria de este año, resulta afectada aproximadamente una tercera parte de los grupos científicos, tanto en universidades como en centros de investigación. La carta, remitida por la directora general de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, Montserrat Torné, explicaba a los directores de centro que, desde el punto de vista administrativo, la convocatoria está lista. Sin embargo, "dada la condición de Gobierno en funciones y después de tratar el tema con la comisión de traspasos del Partido Popular, será el Gobierno entrante quien decida su aprobación y publicación". El propio envío de esta misiva, pone en evidencia que la convocatoria es un procedimiento rutinario esperado por toda la comunidad científica en estas fechas. Varios directores de centro consultados por EL PAÍS convocaron ayer reuniones con los investigadores para evaluar la situación y se hicieron eco del nerviosismo reinante en este colectivo.
La convocatoria y resolución de proyectos del Plan Nacional de I+D+i conlleva un complejo sistema de gestión que exige unos 10 meses de trámites desde que se cierra el plazo de solicitudes hasta que se comunica el dictamen a los seleccionados, por lo que resulta complicado absorber los retrasos. En 1996 se saltó la convocatoria, precisamente en el traspaso de poderes y presupuestos del Gobierno de Felipe González al de José María Aznar.
Los científicos financian su labor investigadora con estos programas competitivos que seleccionan a los mejores. Las instituciones públicas, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pagan los sueldos y proporcionan despacho y laboratorio a los investigadores, así como algunos grandes equipos, pero todo el trabajo del laboratorio, aparatos de análisis, personal de apoyo, etcétera, se paga fundamentalmente con cargo a estos proyectos competitivos, en los que tienen que justificar con facturas la utilización de todo el dinero recibido. Los investigadores también buscan otras fuentes de financiación, que puede ser de la UE, de las comunidades autónomas, programas de área (como biomedicina), de contratos con empresas, etcétera. Pero la gran mayoría depende, sobre todo, del Plan Nacional de I+D+i, que es, como dice un investigador, "la savia del árbol de la ciencia española". Cada científico presenta su proyecto, que debe ser revisado y evaluado entre científicos antes de que el Ministerio, tras un plazo de alegaciones, publique el dictamen. La financiación asignada en la convocatoria que se abre en diciembre llega al centro del investigador unos 11 meses más tarde. La que ahora se ha quedado en suspenso debería asignar los fondos (del presupuesto de 2012) para los proyectos que arranquen en enero de 2013.
**Publicado en "EL PAIS"