Si situamos los derechos ciudadanos en materia de servicios públicos en un sistema de coordenadas estos parecen seguir una curva descendente, lineal a veces, espasmódica otras, sin poder precisar desde cuando ocurre así.
Hasta el comienzo de la actual crisis económicofinanciera este hecho se pudo ver amortiguado o frenado por la falta de necesidad de contención o restricción. Ahora, todo aminoramiento del gasto a costa de derechos consolidados parece justificada y justificable ante los ojos de gran parte de la problación. Esta se muestra aquiescente e incluso condescendiente con los recortes. Pero se olvida que sin esos derechos su vulnerabilidad aumenta y corre riesgo de ver afectada sustancialmente su forma de vida. Así, la pérdida de una educación de calidad y accesible en igualdad de condiciones tendrá consecuencias personales y societales futuras. Y, en nuestro ámbito, la falta de una sanidad universal condicionaría el desarrollo vital ante eventuales enfermedades de mayor o menor gravedad.
Nos resulta difícil imaginar un Estado en el que el acceso a la asistencia sanitaria dependa de la capacidad económica. Hemos escuchado argumentos a favor de esta situación pero nuestra cultura la rechaza explícitamente en sus normas reguladoras. Sin embargo, esos pilares ideológicos parecen agrietarse y las creencias, dada su cualidad de mutables, parecen evolucionar hacia la aceptación de un acceso diferenciado a los cuidados de salud en base al nivel adquisitivo. Muchos ciudadanos empiezan a ver natural la suscripción de seguros privados paralelos al público. Y dentro de los sistemas públicos se oyen rumores de formas de financiación adicionales a las tributarias, como el pago directo por la asistencia o copago. Independientemente de la bondad o idoneidad de esta propuesta lo que atisbamos en el trasfondo es una amenaza larvada a la equidad. Esta amenaza la situamos en la misma dirección de posiciones insolidarias alejadas de nuestra cultura y sistema de valores. Cultura que surgió de movimientos sociales impulsados por las generaciones pasadas y asimiladas por posturas ideológicas de muy distinto signo político.
Deberíamos estar tranquilos ante cualquier tentación de financiamiento directo por el usuario de la sanidad, pues ninguna opción política parece apoyarla. Sin embargo, la situación descrita de asunción incontestada de muchas de las medidas de reducción del gasto público podrían dejar cabida a nuevas propuestas que hagan depender la recepción del servicio del pago individual. Ante esto, en nuestra opinión, urge demandar una mejor gestión de los recursos y una política de adecuación de la demanda que haría innecesaria cualquier medida suplementaria de financiación de una sanidad pública de calidad.