En los estantes de la cocina observé que junto a los libros de recetas se encontraba un ejemplar de “Los Miserables”, la célebre novela de Víctor Hugo. Trama en la que unos jóvenes apasionados trataban de recuperar la libertad de su nación. Desatar al pueblo de las cadenas de la opresión. Sin embargo, pronto serían abandonados por el resto de ciudadanos en su lucha. Quienes prefirieron permanecer en las sombras subsistiendo a pelear por aquello que les había sido arrebatado, una vida libre y plena. Pues parafraseando la canción del famoso musical de “Los Miserables”: “soñé un sueño tiempo atrás, pero la vida terminó matando aquel sueño que soñé.” Y yo ya no sabía que creer.
Tomás, tal como había anunciado, prosiguió relatándonos los defectos de nuestro sistema municipal. Aquel que convierte al pueblo en los miserables de la magnánima obra. Donde presuntamente se inventó la mítica frase: “¿y de lo mío qué?”. Desempolvando el triste lema de la Restauración: “para los enemigos la ley, para los amigos el favor”. Territorios timoneados por todopoderosos regidores que alargan su influencia por cada rincón del área que dirigen. Creando arraigadas redes clientelares de muy difícil extirpación.
Recalificación de terrenos; agilidad en el otorgamiento de los permisos necesarios para ejercer cualquier actividad; licitaciones municipales varias, ya sea en el servicio de basuras, jardinería,…; qué más da. Haciendo hipotéticamente imaginables las leyendas de intercambios de concesión de algún beneficio por apoyo a la financiación del partido que gobierna. O la contribución al mantenimiento personal de algún político al que esté supeditado la toma de decisión del asunto en cuestión. Y todo esto ocurre cuando se otorga demasiada potestad, al aniquilar nuevamente la separación de poderes. Un ejecutivo que campea a sus anchas ante la impotencia del legislativo.
Mientras los residentes callan y miran para otro lado. Si me arreglan la calle, me colocan una farola, o traen a las fiestas populares la orquesta que mejor toca, qué importa lo que suceda en las entrañas de la casa consistorial. Da igual que la vida en la zona sea cada vez más precaria, si me premian con una excursión en la guagua municipal. Como en “Los Miserables” dejan los ideales a un lado y se centran en subsistir, no vaya a ser que los multen por la habitación que hicieron sin permiso o les nieguen el saludo los ediles con cartera. Porque un día pueden requerir algo del ayuntamiento y dilatarse su solicitud durante bastante tiempo.
Un modelo en el que se muestra muy complicado que pueda nacer una flor que traiga luz a la caverna. Porque al más mínimo intento la marchitarán con insidias y aislada la dejarán, para que no vuelva a osar cometer semejante herejía. En tanto los vecinos, como los ciudadanos parisinos del relato, proseguirán con sus grises vidas. Los jerarcas superiores del partido gobernante harán caso omiso de los citados dislates, siempre y cuando sus concejales les consigan un puñado de votos de cara a las elecciones regionales o nacionales y quién sabe qué más.
Tras la cruda descripción de Tomás le pregunté:
- “Y según tú, ¿cuál es la solución para acabar con tan dantesco panorama?”
Contestándome rápidamente:
- “María, no se trata de inventar nada, simplemente analizar lo que otros países han implementado para reducir la corrupción municipal. EEUU vivió lo mismo que aquí está ocurriendo ahora a finales del siglo XIX, decidiendo pasar de la figura del “strong-mayor” que nosotros tenemos a la del “city-manager”.
En el nuevo modelo se escogerían entre 5 o 7 concejales por Ayuntamiento. Y no la horquilla de 5 a 25 de España. Se dividiría el municipio en distintos distritos con idéntico número de electores, hasta un máximo de 7. Resultando ganador exclusivamente un edil por cada zona. Eso sí, deben vivir en la circunscripción por la que se presenten.
No pueden concurrir por partido alguno. Puesto que no existe ideología dispar en cómo, por decir algo, podar los jardines. O se hace o se deja crecer la mala hierba. Así se consigue la despolitización y se elude la intromisión de las organizaciones. Quienes tienden a defender sus intereses propios, pensando en clave electoral a nivel global, y olvidando lo que realmente convendría a ese lugar para prosperar. Una clara estampa de esto es la utilización como arma arrojadiza que se hace en los plenos municipales de políticas nacionales. En tanto los asistentes a la sesión se quedan atónitos, sin saber si al final se recogerán los desperdicios también los domingos o solo de lunes a sábado.
Los aspirantes que deseen participar en los comicios deberán inscribirse, avalados por un mínimo número de firmas de residentes del área a la que representen. Al igual que para las Cortes la votación se hará conforme al sistema de rondas múltiples, o sea, en una misma papeleta se ordenarán los candidatos por preferencias. Suprimiéndose la costosa segunda vuelta, pero obteniendo los mismos beneficios que con ella.
Constituida la nueva corporación serán los concejales los que determinen quién de entre ellos se convertirá en alcalde. Cuyas funciones se circunscribirán a tareas de representación, sirviendo su voto en el pleno para desempatar si se diera el caso. De esta manera se obliga a los cargos electos a llegar a acuerdos y evitar las confrontaciones que suelen dividir a los pueblos pequeños entre detractores y defensores de unos u otros. Generando en ciertos momentos auténticas cazas de brujas. Haciendo la convivencia a veces irrespirable. Lográndose el fin último de la política, que no es otro que garantizar la cohesión social.
La labor del pleno es legislativa, confiriéndose la ejecutiva al “city-manager”. Quien es contratado por el Consejo Plenario por un periodo distinto que el de los cargos electos que lo nombran. Con ello se persigue que en su despido, que ha de estar acordado por la mayoría de concejales, solo puedan influir motivaciones inspiradas en resultados. El pleno diseña la hoja de ruta a seguir y el “city-manager” la ejecuta. Tiene que ser una persona con altos conocimientos jurídicos y de gestión. No podrá pertenecer a ningún partido político.
La contratación del personal estará a su cargo, en pro de que solo se tengan en cuenta los méritos de los candidatos. Los ediles resuelven si se tiene que emplear a alguien, previa sugerencia del “city-manager”, y este escoge a la persona idónea para la plaza. Aquí entraríamos en si el personal ha de ser funcionario, ganando el puesto de por vida, pudiéndosele solo apartar por las concretas circunstancias que la ley recoja, lo que se denomina modelo cerrado de Administración. O mixto como el español, conformado por funcionarios de régimen estatutario y personal laboral ligados contractualmente, aunque con preeminencia constitucional del régimen estatutario a la hora de incorporar nuevos empleados públicos. O bien el abierto, en el que la relación con la administración es siempre de carácter contractual. Por ejemplo, Suecia se rige mayormente por ésta última fórmula, siendo sus índices de corrupción de los más pequeños.
Además instaurando el arquetipo norteamericano se elimina la posibilidad de incorporación de cargos de confianza, formalmente denominados personal eventual, lo que hoy comporta una cuantía estratosférica. Asimismo, hacemos desaparecer el contexto propicio para que se cometan hipotéticos delitos por otorgar empleos a cambio de apoyo electoral, erradicando cualquier tipo de red clientelar que se pueda dar.
No ambicionemos políticos semidioses, sino el término usado doctrinalmente como “hombres medios”, quienes en un normal contexto tengan muy complicado delinquir. Para qué poner a alguien en la tesitura de que, frente a todas las supuestas facilidades de favorecerse a sí mismo o a otros, sea su conciencia la que le induzca a declinar esta alternativa. No necesitamos crear prohombres, sino corregir el sistema. Siguiendo la misma línea en la que se expresó el filósofo escocés David Hume: “la naturaleza humana es inmutable, por tanto si queremos cambiar los comportamientos debemos cambiar las circunstancias.” Porque al fin y al cabo el ser humano es un mero mortal con defectos y virtudes. No adquiriendo entidad divina por el hecho de desempeñar un cargo público. Anulando igualmente con ello la opción de que se imputen delitos falsos, supuesto que también puede darse como estrategia para hacer caer al rival. Haciendo sumamente difícil discernir la verdad.
Otra ventaja sería que se disminuiría notablemente la actividad reglamentaria al exigir un alto consenso, tan propensa en nuestro país y de arduo cumplimiento, en el formato municipal de infinidad de ordenanzas. Prohibiéndose cosas tan variopintas como: besarse en la calle, pedir limosna,…; o incluso han decretado cómo colocar una maceta en tu propio balcón; por citar algunas normas locales.
Con el “city-manager” se gana en eficiencia y eficacia. Se rebaja el gasto. Se mejoran los servicios, al tomar la administración un cariz más profesional. Y se ahonda en la transparencia. Considerando al ciudadano un cliente. Buscando su plena satisfacción. Y no como en España que nos quedamos contentos con que se cumpla la norma, sin preguntarnos si se consiguió el objetivo inicialmente buscado.
Por último, urge fusionar los ayuntamientos. No puede ser que tengamos 8.114 y 5.700 no lleguen a 2.000 habitantes, de nula viabilidad con los recursos económicos de los que disponen. Prácticamente hay las mismas entidades locales con las actuales conexiones que cuando las carreteras eran de tierra y los medios de transporte: el caballo, el burro o la carreta. Sin tener en cuenta que hoy Internet facilita la conexión con la Administración. En teoría se tendría que poder hacer cualquier trámite por esta vía. Gran Bretaña, por ejemplo, pasó de 1.500 consistorios a 400 con 60 millones de habitantes, nosotros solo tenemos 47 millones de residentes. Alemania con 82 millones, casi el doble que nosotros, disminuyó su número de 25.000 a 8.400. Quedando sin sentido las diputaciones, un intermediario suprimible entre el gobierno regional y el local. Y también al unirse los consistorios sobran las mancomunidades.
A nivel autonómico sería plausible un modelo federal, con un sistema electoral igual al nacional que hemos anteriormente detallado. Cada Comunidad se erige responsable de en qué quiere invertir el dinero que tiene, con absoluta independencia. Empero asumiendo las consecuencias de su toma de decisiones. Proporcionando al Estado la cuota imprescindible para los gastos comunes. De tal modo que el ciudadano pueda percibir nítidamente si los representantes que eligió han gestionado bien o no. Ya no existirían las excusas de reparto injusto, o si yo entrego más al Estado de lo que cosecho.
Conclusivamente, la administración se nutre de las aportaciones del contribuyente. Retirando este dinero del mercado, que en circulación generaría consumo y por tanto un incremento de la riqueza del pueblo. Tributos que se ingresan a cambio de recibir determinados servicios. Lo que no puede ser es que paguemos y los eliminen para destinar nuestro dinero simplemente a sostener una infraestructura que no se traduce en un valor añadido.
Mas tales reformas solo podrán ser acometidas por un partido de nueva creación. Debido a que otro que ya tenga vínculos creados con una amplia red clientelar estaría atado por los lazos estrechados. El líder de una de estas organizaciones si tal cosa propusiera sería rápidamente derrocado, actuando el grupo que lo aupó en legítima defensa para garantizar su subsistencia. O bien, como previamente indicamos para la alteración del sistema de elección a las Cortes, hacer campaña para pedir la abstención y que se abra un periodo de libertad constituyente, siempre que suponga más del 60% del censo general.
En suma, extirparíamos la grasa al enfermo, dejando sólo músculo y vigor. Un Estado saneado. El efecto sería el trasvase de una cantidad de empleados del ámbito público al privado. Un nuevo reajuste del mercado, como ya ha acorrido a lo largo de la historia con los astilleros o recientemente con la construcción. Si bien se lograría reducir la carga impositiva y que otra vez el crédito fluya, al ya no precisar el Estado emitir tanta deuda para sufragar sus gastos. Financiación que obtiene en una considerable proporción a través de los bancos. Entidades que hacen un gran negocio al coger el dinero del Banco Central Europeo al 1%, para después comprar al Estado su deuda soberana con una rentabilidad de aproximadamente un 5%. Embolsándose con esa simple transacción un beneficio neto de cerca del 4%. Y a esto, los que quieren mantener al pueblo manipulado y sometido, lo llaman liberalismo salvaje, y no una descomunal intervención gubernamental en la que son los de siempre los que ganan. Sin embargo, en el Antiguo Régimen, tales privilegios otorgados por el monarca, eran calificados como mercantilismo. Luchando durante la Ilustración los liberales denodadamente por desterrarlos en pro de destruir la sociedad estamental. Una vez más se adultera la realidad a través del lenguaje. Si se adoptara la estructura propuesta, los recursos del Estado se invertirían nada más que en producir valor para el ciudadano vía servicios prestados.”