Desde hace apenas unas semanas, las calles de este país se ven recorridas casi a diario por manifestaciones espontáneas de protesta contra el Gobierno neoliberal español y sus medidas de ataque a las clases trabajadoras y populares. Desde los inicios de la Transición no se había vivido algo así: el pueblo tomando la calle, reuniendo cada vez un mayor número de personas mientras aumenta la contundencia de las reivindicaciones que gritan.
En el despliegue antipopular de Rajoy y compañía su mayor error ha sido arremeter contra los funcionarios, probablemente uno de los últimos colectivos bien organizados sindicalmente en este país. Un colectivo además, presente en múltiples ámbitos de la vida social, a través de su protagonismo en la prestación de servicios públicos de los cuales todos somos usuarios: la enseñanza, la sanidad, el transporte, la asistencia social, la seguridad... En ese sentido llama la atención por ejemplo como a las manifestaciones han comenzado a sumarse asimismo de modo espontáneo policías libres de servicio, y la amenaza explicitada en un comunicado dado a conocer ayer por una asociación gremialista de militares de incorporarse como colectivo a las protestas.
Al Gobierno del PP solo le queda el recurso a la violencia, y ya lo ha comenzado a emplear. Hace unos días un diario tan poco sospechoso de extremismo como El País aludía a las "provocaciones" de los antidisturbios ante los manifestantes que participaban en la marcha minera frente el Ministerio de Industria; en paralelo, comienzan a actuar los consabidos "antisistema", que sirven en bandeja de plata la excusa para atacar a las masas de manifestantes pacíficos, en las que destaca la presencia de ancianos y de familias enteras llevando niños pequeños. Y mientras esto sucede en las calles, el marido de la delegada del Gobierno en Madrid, la individua que dirige el dispositivo represor, se halla "en paradero desconocido" huyendo de la Justicia por un asunto al parecer nada presunto que le califica como empresario estafador (otro más). Hay coherencia absoluta por tanto entre quienes dirigen la represión (económica y policial) y los intereses que defienden: están intentando salvar sus propios culos, como dirían en una película norteamericana.
En realidad, están acabados. El Gobierno Rajoy está acabado. Es solo cuestión de tiempo que le sustituyan por otro que intente taponar la vía de agua, haciendo marcha atrás en algunas de las medidas tomadas recientemente. Pero la calle empieza a querer más, mucho más que el simple retorno a la situación anterior a la cadena de recortes. La calle empieza a exigir un cambio de paradigma, acaso incluso un cambio de régimen. Las cosas van a seguir encabronándose sin remedio, al menos a corto y medio plazo.
Mientras tanto, habrá que andar ojo avizor y vigilar ciertas maniobras. Cuidado con movimientos que arrastran personas a manifestarse contra las sedes de partidos y sindicatos de izquierda al grito de "todos son iguales", porque esas acciones no son casuales y están meticulosamente preparadas. Cuidado con las plataformas creadas para relanzar viejos instrumentos de división de la izquierda políticamente amortizados hace mucho tiempo, pero que siguen intentando emponzoñar todo lo que puedan (y cuidado obviamente con los intereses que los financian y promocionan). Cuidado en fin, con la desinformación y la desintoxicación a través de Internet y otros medios, que algunos están aprendiendo a usar como complemento de las campañas masivas que inducen a través de los medios de comunicación de masas convencionales.
Todo esto huele a principios del siglo XX. O incluso si me apuran, a agonía del postfranquismo.
En la fotografía que ilustra el post, manifestación de empleados públicos en Madrid llevada a cabo hace unas horas.