En la introducción del documento, González explica: “La causal salud se refiere a la permisión legal de la interrupción del embarazo basada en el riesgo de salud enfrentado por la mujer. Puede ser para salvar la vida y/o proteger la salud o, para salvar la vida, pero entendiendo que esta última tiene su expresión particular en el campo de la salud”.
Añade: “La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han consagrado como supuesto de permisión legal para la interrupción de un embarazo, el que ésta tenga como propósito evitar un peligro para la salud de las mujeres. En la práctica, es común que la aplicación de este supuesto de permisión se reduzca a las situaciones extremas en que la mujer se encuentra en riesgo de muerte, en lugar de ampliar su aplicación para proteger y procurar la salud y el bienestar de las mujeres en forma integral. De acuerdo con los análisis realizados durante este debate, las aplicaciones restrictivas contravienen la legislación y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, y frecuentemente la propia legislación y jurisprudencia constitucional de algunos países de la región en materia de derecho a la salud”.
Así, el grupo de especialistas trabajó en la fabricación de un consenso sobre la definición de salud promovida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y su interpretación ajustada al marco de los derechos humanos, con el fin de que la causal salud pueda ser utilizada por las mujeres cuando lo necesiten, protegiendo su derecho a la salud de forma integral. La causal salud está incluida en los marcos legales de diferentes países de la región, pero su aplicación práctica ha sido marginal. Este consenso es una apuesta al cumplimiento tales leyes.
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