Escena parlamentaria en el Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados, a mediados del siglo XIX, de Eugenio Lucas Velázquez
El presente trabajo analiza la incidencia que tiene sobre la corrupción la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Tratando de demostrar que no es demasiada. Siendo precisamente los países más transparentes aquellos que no disponen de una perfecta ley formal. Dependiendo más de la cultura política democrática de un país que de una norma ideal. Destacando que la transparencia se relaciona con el acceso a la información, buen gobierno, rendición de cuentas y gobierno abierto. En cuanto al acceso a la información partimos de una desventaja al no otorgarle el rango de derecho fundamental, como sí ocurre a nivel internacional. Además la ley examinada ni siquiera contiene dentro de su articulado sanciones concretas en el caso de no publicar los datos. Repleta de conceptos jurídicos indeterminados. Con el principio de buen gobierno hay que evitar no caer en el ideal del hombre nuevo, pensando que el personal o cargos públicos se mueven por un interés distinto al del resto de los mortales. Para concluir, se afirma que si de erradicar los constantes desvíos del funcionamiento administrativo se trata, se han de acometer algunas reformas del sistema. Porque no ambicionemos políticos semidioses, sino el término usado doctrinalmente como “hombres medios”, quienes en un normal contexto tengan muy complicado delinquir. Para qué poner a alguien en la tesitura de que, frente a todas las supuestas facilidades de favorecerse a sí mismo o a otros, sea su conciencia la que le induzca a declinar esta alternativa.