Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) que tendrá a su cargo la evaluación de medicamentos y procedimientos clínicos o quirúrgicos, con el objetivo de determinar su posible inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Junto con el proyecto de blanqueo laboral, el Gobierno envió al Senado una iniciativa que dispone la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un organismo que tiene como fin la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos con el objetivo de determinar su posible inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO). En los hechos, el proyecto apunta a atender una vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno a lo que interpretan como una nueva “industria del juicio” en materia de salud a partir de la multiplicación de amparos que obligan a esos prestadores médicos a garantizar la cobertura de medicamentos y tratamientos no incluidos en el PMO. El proyecto oficial señala que la Agnet tendrá como función analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria, y establece que será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Al respecto, define que sus dictámenes, que se determinarán por mayoría simple de los 5 miembros de la futura agencia, serán de “carácter vinculante” para todos los organismos del estado nacional, de las jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación. El proyecto apunta a atender una vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno a lo que interpretan como una nueva “industria del juicio” en materia de salud. La Agnet, según la propuesta del Ejecutivo, conformará un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autoarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. “Tiene por objeto la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos, y de cualquier otra naturaleza que sean utilizados para prevenir, crear o rehabilitar la salud a fin de determinar la oportunidad y modo de su incorporación, uso apropiado o exclusión del PMO, la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público o los que en el futuro los reemplacen. Dichos estudios se realizarán de acuerdo con criterios de efectividad, eficiencia, equidad, y teniendo en cuenta su valorización ética, económica y social”, señala la iniciativa. Los números de la realidad parecen justificar el apuro oficial por la creación del organismo y el respaldo que la iniciativa reúne entre los actores del sistema de salud. Según los últimos datos oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia 2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO. Según los últimos datos oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia 2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO. A partir del registro que releva la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en base a los informes suministrados por los efectores del seguro de salud, de esas 2802 presentaciones, 1668 casos correspondieron a reclamos por motivos generales como medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y problemática prestacional (423), en tanto que los restantes 1134 estuvieron motivados por planteos en materia de discapacidad (prestaciones, transporte, seguridad, afiliación, etc.). Respecto al total de demandas, solo fueron rechazados por los jueces 11 amparos, es decir apenas el 0,4% de las presentaciones iniciadas. El resto de los casos culminaron con fallos que determinaron que obras sociales y prepagas debían asegurar la cobertura de los servicios médicos reclamados, que representaron importantes erogaciones para las cuentas de esas prestadoras. Según estiman entre empresas de medicina privada y prestadoras sindicales, los amparos representan cerca del 15% de sus costos totales, una proporción en ascenso por el incremento de las demandas en la Justicia. Solo en los primeros 10 meses de 2017 la cantidad de amparos registró una suba de 30,5% respecto de los 2146 amparos presentados en 2016 y un incremento de 52% si se compara con los 1853 iniciados en 2015. Leído en Tres Líneas Clipping.
Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) que tendrá a su cargo la evaluación de medicamentos y procedimientos clínicos o quirúrgicos, con el objetivo de determinar su posible inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Junto con el proyecto de blanqueo laboral, el Gobierno envió al Senado una iniciativa que dispone la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un organismo que tiene como fin la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos con el objetivo de determinar su posible inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO). En los hechos, el proyecto apunta a atender una vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno a lo que interpretan como una nueva “industria del juicio” en materia de salud a partir de la multiplicación de amparos que obligan a esos prestadores médicos a garantizar la cobertura de medicamentos y tratamientos no incluidos en el PMO. El proyecto oficial señala que la Agnet tendrá como función analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria, y establece que será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Al respecto, define que sus dictámenes, que se determinarán por mayoría simple de los 5 miembros de la futura agencia, serán de “carácter vinculante” para todos los organismos del estado nacional, de las jurisdicciones que adhieran y de los sujetos alcanzados por su actuación. El proyecto apunta a atender una vieja demanda de obras sociales y prepagas, que reclaman un freno a lo que interpretan como una nueva “industria del juicio” en materia de salud. La Agnet, según la propuesta del Ejecutivo, conformará un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autoarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. “Tiene por objeto la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos, y de cualquier otra naturaleza que sean utilizados para prevenir, crear o rehabilitar la salud a fin de determinar la oportunidad y modo de su incorporación, uso apropiado o exclusión del PMO, la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público o los que en el futuro los reemplacen. Dichos estudios se realizarán de acuerdo con criterios de efectividad, eficiencia, equidad, y teniendo en cuenta su valorización ética, económica y social”, señala la iniciativa. Los números de la realidad parecen justificar el apuro oficial por la creación del organismo y el respaldo que la iniciativa reúne entre los actores del sistema de salud. Según los últimos datos oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia 2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO. Según los últimos datos oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia 2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el PMO. A partir del registro que releva la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en base a los informes suministrados por los efectores del seguro de salud, de esas 2802 presentaciones, 1668 casos correspondieron a reclamos por motivos generales como medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y problemática prestacional (423), en tanto que los restantes 1134 estuvieron motivados por planteos en materia de discapacidad (prestaciones, transporte, seguridad, afiliación, etc.). Respecto al total de demandas, solo fueron rechazados por los jueces 11 amparos, es decir apenas el 0,4% de las presentaciones iniciadas. El resto de los casos culminaron con fallos que determinaron que obras sociales y prepagas debían asegurar la cobertura de los servicios médicos reclamados, que representaron importantes erogaciones para las cuentas de esas prestadoras. Según estiman entre empresas de medicina privada y prestadoras sindicales, los amparos representan cerca del 15% de sus costos totales, una proporción en ascenso por el incremento de las demandas en la Justicia. Solo en los primeros 10 meses de 2017 la cantidad de amparos registró una suba de 30,5% respecto de los 2146 amparos presentados en 2016 y un incremento de 52% si se compara con los 1853 iniciados en 2015. Leído en Tres Líneas Clipping.