Lo contado en el último post, Corrupción, multas, ocultación de daños y conductas sospechosas de la Big Pharma, atañe al año 2013, el pasado. Los hechos se repiten en los primeros meses de 2014.
GlaxoSmithKline (GSK) ha empezado una investigación para aclarar si es cierta la acusación de que empleados de la compañía han sobornado a médicos y farmacéuticos que trabajan en los servicios de salud públicos en Irak para que promovieran sus medicinas.
La denuncia, hecha por una persona que conoce bien las operaciones de GSK en Oriente Medio, alega que la empresa pagó los gastos de los médicos para participar en conferencias internacionales y que paga a otros que hacen las funciones de líderes de opinión, importantes cantidades por dar conferencias en las que promueven sus medicamentos.
Esto me recuerda que cuando estaba escribiendo mi libro Laboratorio de médicos, me entrevisté con un directivo de una de las Big Pharma. Me contó cómo traían a España a prestigiosos líderes de opinión que por un buen dinero no tenían inconveniente en que las conferencias se las escribiese el laboratorio.
Los responsables de la sede central de GSK afirman que desconocen lo que hacen sus empleados en otros países. Si esto fuera cierto, la agencias de medicamentos, estadounidense y europea, FDA y EMA, deberían preocuparse por la calidad de los ensayos clínicos multicéntricos, los que se hacen en varios países.
Al mismo tiempo, el gobierno federal clausuró el laboratorio en donde Ranbaxy iba a fabricar el nuevo genérico porque sus condiciones no cumplían la normativa de calidad.
Fue en ese momento cuando Ranbaxy y Teva, en contravención de la ley, acordaron que Ranbaxy cediera a Teva, los seis meses de exclusividad la fabricación de Lipitor, el fármaco para el colesterol líder mundial de ventas.
Para Novartis el 2014 tampoco empezó muy bien. Ya en abril de 2013 el Departamento de Justicia de EE.UU. había acusado a Novartis de sobornar a empresas de ventas de medicamentos y servicios farmacéuticos para que incrementaran las ventas de Mifortic (micofenolato), un medicamento que se usa en trasplantes.
Hay otra demanda alegando que Novartis pagó sobornos a BioScript para incrementar las ventas de Exjade, un medicamento que a menudo se prescribe a los pacientes que necesitan transfusiones de sangre de manera regular.
La demanda del fiscal general contra Novartis, recibida por la juez Colleen McMahon de la corte Federal de Distrito Sur, en Manhattan, establece que el esquema de sobornos se inició en 2007, en momentos en que a los ejecutivos de Novartis les preocupaba que los pacientes que toman Exjade no continuaran su uso debido a los efectos secundarios. Los sobornos fueron calculados para lograr que BioScript pudiera mantener a los pacientes usando el medicamento.
Según el acuerdo alcanzado, la empresa pagará un total de 15 millones de dólares para cubrir los costos de Medicaid y Medicare a nivel nacional por las excesivas prescripciones de Exjade.
Las dos compañías se habían aliado para que Avastin no sustituyera a Lucentis. Esta investigación empezó a partir de febrero de 2013 después de que un grupo de hospitales privados y la Asociación Oftalmológica Italiana presentaran quejas a las autoridades antimonopólicas.
Siguiendo el ejemplo italiano, las autoridad antimonopólica francesa empezó en abril su propia investigación a Novartis y Roche. En la página Web de la autoridad antimonopólica se puede leer que el 8 de abril empezó una operación de búsqueda y confiscación de información sobre los tratamientos de Novartis y Roche.
Ante esta evidencia, llama la atención la recomendación oficial del Ministerio de Salud de España. Según las declaraciones hechas por la presidenta de la Sociedad Española de Retina, Marta Suárez al diario El Mundo, en España
la recomendación oficial indica que se use Lucentis en primer lugar y sólo si éste no funciona o en casos sin otra indicación oficial (como la retinopatía del prematuro), usar el antitumoral Avastin, reconvertido de manera extraoficial en fármaco oftalmológico”.
No se explica que un país, en el que algunos gobiernos autonómicos han decidido imponer un copago a las prescripciones y empezar a cobrar una pequeña parte de los medicamentos a los jubilados, no haya seguido el ejemplo de Francia e Italia. No es comprensible que el Ministerio de Salud no haya calculado el ahorro que supondría el uso de Avastin así como el inicio de una investigación por prácticas monopólicas y mantenga una normativa cuyo único objetivo parece ser beneficiar a la industria farmacéutica innovadora.