Me parece que el tema es muy serio, y que por no hablar lo suficientemente de él y explicarlo con buenos argumentos, la sociedad empieza a contagiarse del virus letal que todo lo acepta sin escandalizarse. Para muestra, el botón que les traigo hoy: Hace unos días hemos conocido que el Tribunal Supremo (en España) ha dado la razón a unos padres valencianos que reclamaban por un error médico que permitió que su hijo, con síndrome de Down, llegara a nacer. Basándose en que el aborto es un derecho, privarle a alguien de la posibilidad de ejercitar ese derecho (abortar) produce un “nacimiento equivocado”. Es decir, que se produce el nacimiento de alguien al que se le debía haber eliminado.
Tras una larga batalla judicial los padres han sido indemnizados con 150.000 euros, y al niño objeto de “nacimiento equivocado” se le ha asignado una pensión vitalicia de 1.500 euros (supongo que se le irá actualizando con el IPC). Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el planteamiento ha sido defendido por Marcelo Palacios que, aunque presume de bioeticista, sostiene planteamientos muy alejados de una ética basada en la persona: “El hecho es que una persona deposita su confianza en un centro, se comete un error y, como corresponde en la vida cotidiana en un Estado de derecho, esa persona puede reclamar para ser resarcida. A partir de ahí, el planteamiento ético queda dentro del acervo moral de cada persona, sin interferir más allá". Es decir, el doctor Palacios justifica un argumento absolutamente contrario a la dignidad de la persona sobre la base de que cada uno puede pensar en el ámbito de la ética como le parezca, porque no existen principios morales universales, válidos para todos. Esta es la justificación filosófica de la sentencia: Cuando la madre se quedó embarazada con 39 años se sometió a una amniocentesis para cribar un posible defecto genético de su hijo (al ser una madre añosa tenía más probabilidades). El laboratorio de genética del departamento de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que tiene un convenio con el Hospital General de Elda, donde iba a dar a luz, realizó la analítica. Pero se equivocaron al dar los resultados. Y le dijeron que su hijo estaba sano. Por cierto, sería curioso saber qué pasó con la otra madre, a la que dieron un falso resultado de trisomía 21: ¿Abortó a un hijo sano? De ser así, imagino también tendría derecho a algún tipo de indemnización, en este caso por “muerte equivocada”.
El caso es que la madre prosiguió con su embarazo, para descubrir con horror que había dado a luz a un niño deficiente. Así que los padres demandaron al hospital, y emprendieron la pelea en los juzgados, hasta llegar a la sentencia del TS que les ha dado la razón.
Cuando la Administración se equivoca, y de su equivocación se sigue un daño, debe reparar. Y así se ha dictado en la sentencia. Porque se trata de un “nacimiento equivocado” que ha causado graves daños morales a los padres. Y altos costes económicos, por la dependencia que tiene ese niño deficiente, los cuales deben ser compensados. Los jueces que han dictado esta sentencia lo han hecho porque consideran, desde una perspectiva estrictamente utilitarista, que la vida de un niño con un defecto cromosómico no tiene valor. Como tal, es preferible “interrumpirla” cuando aún se está a tiempo. Por eso, su nacimiento es un nacimiento equivocado. Lo triste es que no es la primera sentencia de este tipo del TS. Desde el año 2005 ya se han dictado 16 sentencias similares. Y el problema ahora es que pueden empezar a llover las reclamaciones de padres que han sufrido un “nacimiento equivocado” de sus hijos, bien por un error de diagnóstico, como es el caso, o porque, aún habiéndoseles comunicado la enfermedad del hijo, no se hiciera a tiempo de decidir abortarlo. También se abre un interesante capítulo jurídico para establecer criterios a la hora de indemnizar. Y evitar así las posibles discriminaciones provenientes de sentencias de tribunales civiles (si la demanda es a un hospital privado) o un contencioso administrativo (si es a un hospital público). Como consecuencia, la vida humana valdrá más o menos, en función de criterios claramente baremados para evitar injusticias.
Por otro lado, hay que considerar el efecto que estas sentencias pueden tener sobre los niños enfermos, a los que se ha dejado nacer de forma consciente y responsable. La sociedad hoy mira mal a la mujer que, advertida de que su hijo es síndrome de Down, decide seguir adelante con el embarazo. “Pudiendo acabar con el problema a tiempo, no lo hizo. Será porque quiere cargar ella con el problema. O se siente con fuerzas. Que no venga ahora a pedir encima ayudas. Es su culpa y su capricho.” No exagero ni un ápice. Pregunten ustedes (si es que tienen ocasión) a madres de niños Down. Es exactamente así, de esta manera, como son juzgadas por la sociedad en su conjunto.
Continuando con la senda del despropósito de esta sociedad eugenésica, tras aceptar el concepto de “nacimiento equivocado” podemos dar un paso más y llegar al concepto de “vida equivocada”. Este sería el caso del hijo que emprendiera acciones legales por el sufrimiento que le supusiera el haber nacido. Y así, demandara a su madre, o al médico, o al hospital por haberle dejado nacer con un defecto congénito. ¿Por qué no? Ya se han dado casos en Francia, donde un tribunal no solo reconoció el derecho a indemnización a los padres, sino también el del propio niño enfermo.
Yo creo que, si se es consecuente con la visión utilitarista de la persona humana que está detrás de estos planteamientos, hay una solución mucho mejor y bastante más fácil: En lugar de pasar una pensión de 1.500 € al mes al niño, puesto que ese ser no sirve para nada y su nacimiento ha sido un error, es preferible ponerle una inyección y acabar con su vida cuanto antes. Eso sí, que no sufra. Cada día que pasa con el niño vivo cuenta: Es un día más de dolor para los padres, al ver a su hijo inútil, y es un coste económico para la sociedad que se tiene que hacer cargo de él, absolutamente improductivo. Reconozco que la idea puede chocar. Pero no hay razón por la que sea aceptable matar al niño enfermo con cuatro meses de vida, aún dentro del seno materno, y no lo sea hacerlo cuando tiene 10 años. Por el contrario, cuanto más tiempo pase, más justificado estará acabar con su vida, pues el coste para la sociedad es cada vez mayor. Sólo habría que hacer una ley que regulara la solución para estos nacimientos equivocados. Podríamos empezar despenalizando la eliminación de estos niños, para luego terminar proclamándolo como un derecho. Podrá parecer drástico, pero al menos es consecuente. Y eficaz 100% para resolver el problema.
Publicado en Religión en Libertad el 22 de septiembre de 2010