El Colegio de Médicos de Málaga valora que el conjunto de medidas acordadas en el Real Decreto Ley 8/ 2010 de 20 de mayo sobre Recortes del Gasto Público tendrá una gran repercusión. Por este motivo es necesario analizarlas más allá de la perspectiva individual de los profesionales afectados para tener una orientación general y ver el grado de afectación del Sistema Sanitario en su conjunto.
La aplicación de estas medidas va a suponer no sólo recortes en los salarios de los médicos y resto de profesionales sanitarios, sino también un notable recorte en el gasto sanitario general, es decir en el dinero que se destina a la sanidad.
El Colegio de Médicos de Málaga se manifiesta contrario a este conjunto de medidas, puesto que se van a reducir los salarios y además se van a congelar las plantillas, lo que provocará que no se cubran las bajas laborales y toda una serie de consecuencias que pueden poner en serio peligro las condiciones de calidad asistencial.
No se puede pretender seguir sustentando exclusivamente sobre la vocación y dedicación de los profesionales sanitarios el mantenimiento de un sistema sobre el que cada vez más se cierne la sombra de la insostenibilidad debido a una gestión inadecuada. El médico se merece y necesita sentirse integrado y considerado en un sistema sanitario que tenga en cuenta su criterio profesional en la toma de decisiones y que le proporcione los medios y condiciones adecuados para el desarrollo de su actividad profesional con los mejores niveles de calidad, todo ello en beneficio último del destinatario de su dedicación, el ciudadano.
Nuestro Sistema Sanitario Público ya venía enfrentándose a una difícil situación de cara a su sostenibilidad, intentando mantener un complicado equilibrio entre la cartera de servicios que se ofrece y la dotación económica que para el gasto sanitario tiene comprometido nuestro Estado, cantidad mucho menor que la que otros estados europeos destinan a este mismo concepto.
Nuestro Sistema Sanitario, pese a contar históricamente con un presupuesto mucho menor que el de los países de la UE, ha mantenido un nivel alto de competitividad, algo que puede dejar de suceder si se reducen las inversiones y el número de profesionales necesarios para garantizar la correcta prestación de este servicio, produciéndose una intensificación del déficit de profesionales de la Sanidad Pública. Más gravosas aún pueden resultar las medidas de recorte acordadas si tenemos en cuenta que en los próximos años el envejecimiento de la población aumentará aún más las demandas de la población y la presión sobre la sanidad pública.