Puesto porJCP on Aug 15, 2012 in Autores
En los últimos días ha sido la comidilla de todas las tertulias la última ocurrencia del alcalde-diputado autonómico Juan Manuel Sánchez-Gordillo, que demuestra lo bajo que ha llegado a caer la casta política. Al frente de un grupo de sindicalistas que hacía manifiesta ostentación de su pertenencia a la otra casta privilegiada (la sindical) se adentraban en el seno de una superficie comercial para apoderarse de cuanto más mejor, llegando a llenar varios carritos de la compra que pretendían obtener sin pagar; cuando el personal del centro intentó frenar tal actuar, los sindicalistas azuzados por el político procedieron a la agresión pura y dura. El alcalde-diputado no sólo no se arrepintió de lo sucedido, sino que amenazó de forma expresa, clara y rotunda con acciones similares. Con ser ya lo anterior suficientemente indicativo de la catadura moral del personaje, lo preocupante es la reacción de la casta, que demuestra hasta qué punto la política se ha convertido en un juego de pícaros. En cualquier país civilizado los propios miembros de la clase política, en el más generoso de los supuestos hubieran mandado al zascandil y deslenguado personaje a su casa, e incluso en algún país muy admirado por la formación política a la que pertenece el alcalde-diputado el suceso le hubiese deparado la aplicación estricta del castigo previsto en la ley islámica (que no ha mucho tiempo fue aplicada con todo su rigor a quien únicamente había sustraído unos dulces). En España no; la casta debe autoprotegerse, de manera que la coalición a la que el señor Sánchez Gordillo pertenece le ha apoyado de forma más o menos expresa, mientras que el resto de las formaciones se han limitado a la mera condena verbal con más o menos agresividad en función del grado de afinidad política con esta versión tragicómica del barquero de Cantillana, quien, como no podía ser menos, ha echado mano de todos los adjetivos terminados en “ista” para condenar a todos aquellos que han solicitado su procesamiento; curiosamente, entre los adjetivos he echado en falta el de “estalinista”. No le faltó incluso la chulería de arrojar a la cara de la opinión pública su condición de aforado.
Pues bien, éste es uno de los privilegios más de la clase política que debiera fenecer cuanto antes. El propio Sánchez Gordillo ha hecho referencia comparativa a otros “chorizos” para justificar su actuar; pero dejando de lado el hecho de que no cabe esgrimir el principio de igualdad en la ilegalidad (algo que el docto alcalde-diputado debiera conocer perfectamente dadas sus rotundas manifestaciones descalificando culturalmente al titular de la cartera de Interior) cabría preguntarle a este siniestro personaje dónde se encuentra el privilegio de iure. Vaya o no a la cárcel (esa es otra cuestión) el duque de Palma ha tenido que declarar en un Juzgado de Instrucción común y corriente, e incluso quienes pedían el interrogatorio e imputación de su cónyuge lo hicieron en ese mismo juzgado, de manera que si una infanta miembro de la familia real española hubiese sido llamada a declarar lo habría hecho en un juzgado de instrucción; por el contrario, el señor Sánchez Gordillo en su condición de aforado ha de tener el “privilegio” de ser enjuiciado por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, lo mismo que don Francisco Camps, por cierto; por no hablar del inefable exministro don José Blanco, a quien su condición de diputado al Congreso le blinda procesalmente al excluirlo de declarar en un Juzgado de Instrucción al igual que el común de los mortales, sino que su enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. ¿Dónde está, pues, el privilegio?
El hombre más poderoso del planeta, el Presidente de los Estados Unidos, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, puede ser demandado en el más humilde juzgado federal de los Estados Unidos si se sospecha ha cometido un delito; en el Reino Unido, los miembros del Parlamento no gozan de privilegio o prerrogativa alguna en causas penales. La casta política española, infinitamente más mediocre y ruin que sus homólogas británica y americana está, sin embargo, infinitamente más protegida. Las más recientes encuestas revelan que por vez primera los ciudadanos perciben a los políticos como un problema, un hecho altamente significativo. La paradoja es que la solución pasa precisamente por el problema. Y cuando tienen lugar hechos como el protagonizado por el alcalde-diputado, de vulnerar abiertamente la legalidad amparándose en su condición de político de carrera, se demuestra a las claras que la política no es para muchos un servicio público, sino un escudo protector que esgrimir frente a infracciones de la ley. De vergüenza.
A diestra y a siniestra, a socialistas, populares, comunistas y demás políticos que pueblan nuestra geografía deberían retirárseles las inmunidades que actualmente ostentan, de tal forma que en caso de conflicto debieran ser enjuiciados por los mismos juzgados y tribunales que el resto de los ciudadanos.