El Gobierno aprobará el nuevo baremo de reconocimiento, declaración y calificación de los grados de discapacidad antes del mes de agosto. Según ha anunciado este miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha estado trabajando en los últimos meses para modificar el sistema que acredita una discapacidad; una demanda del colectivo que lleva pendiente desde 2012.
La noticia llega medio año después de que Derechos Sociales y comunidades autónomas acordaran (con la abstención de Castilla y León, Galicia y Madrid) iniciar el proceso de tramitación del decreto para actualizar y mejorar el baremo actual. Una demanda que vienen exigiendo numerosas asociaciones que, entre otras cosas, denuncian la larga espera que viven miles de personas con discapacidad para obtener la valoración.
Nuevo baremo
Este nuevo baremo pretende agilizar el procedimiento, permitiendo una gestión más rápida e introduciendo una tramitación de emergencia para situaciones que, por esperanza de vida, precisen de acortar los trámites de expedición del certificado del grado de discapacidad.
La ministra de Derechos Sociales, manifestó con anterioridad su voluntad de velar por "la uniformidad de las evaluaciones" en todo el territorio del país y formar a los equipos multiprofesionales para la aplicación de esta nueva herramienta.
Tiempo de espera de hasta 36 meses
Hace apenas un mes, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) se congregaba en 18 filas frente a los edificios públicos como el de Sanidad o el de Derechos Sociales, con una demanda clara: protestar contra la intolerable espera que afrontan miles de personas que piden que su discapacidad sea reconocida y, derechos sean reconocidos.
Era el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la Confederación criticaba que hubiera personas que tarden hasta 36 meses en conseguir la valoración. Incluso hay, según denunciaron, casos de personas que "han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en momentos de gran necesidad.
El objetivo del Ejecutivo es aprobarlo de forma definitiva en el Consejo de Ministros antes de agosto. Para que entre en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).